Un deterioro sostenido en perfil crediticio de CFE podría cambiar la evaluación de Fitch del vínculo con la calificación soberana, dijo la calificadora.
Durante los próximos 15 años, el sector eléctrico en México requerirá recursos por 10,000 millones de dólares cada año, los cuales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no podrá enfrentar por sí misma, mientras que la incertidumbre jurídica por lo cambios a la ley por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador disminuirá la inversión privada, consideró Fitch.
De acuerdo con la calificadora, si bien los proyectos privados de energía están protegidos contra las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) hasta que se resuelva la última medida cautelar, los tribunales inferiores tendrán discrecionalidad individual para resolver las medidas cautelares.
Para la agencia, esto puede dar lugar a opiniones divergentes con respecto a la exigibilidad de las enmiendas y la inseguridad jurídica disminuirá la inversión futura en el sector eléctrico.
En este sentido, Fitch dijo que espera que los nuevos proyectos eléctricos sigan enfrentando dificultades al momento de intentar obtener los permisos y es probable que aumente la volatilidad de los precios al contado debido a una inversión insuficiente en la expansión de la transmisión, lo que aumentará la vulnerabilidad a la congestión.
La calificadora estimó que las necesidades de inversión en el sector eléctrico de México son de aproximadamente 10,000 millones por año durante los próximos 15 años, con la expansión de la capacidad de energía necesaria para satisfacer la demanda.
Sin embargo, la CFE por sí sola no puede respaldar la inversión total de México, ya que los altos requisitos de inversión sin el apoyo del gobierno podrían debilitar las métricas crediticias de CFE y presionar su Perfil de Crédito Independiente (SCP).
“Esto ampliaría la brecha entre la calificación de la compañía y la calificación soberana de México. Un deterioro sostenido en el SCP de CFE podría cambiar la evaluación de Fitch del vínculo con la calificación soberana para reflejar retrasos en el apoyo proactivo del gobierno”, explicó.
Además, tras el revés a la reforma constitucional al sector eléctrico ocurrida el domingo pasado, la firma cree que se diluye parte del riesgo regulatorio ya que las generadoras privadas podrán presentar recursos legales locales contra las reformas a la ley de la industria eléctrica, con un marco constitucional estable, aunque persiste la incertidumbre legal.
