Ni la presidenta Sheinbaum ni la secretaria González tienen motivo alguno, creo, para pensar que el equipo previo de la CFE arrastró los pies para desarrollar nueva capacidad de generación eléctrica. Desde muy temprano en el sexenio de López Obrador, la CFE supo que su participación en la generación eléctrica se estaba diluyendo. El 54-46 se volvió el norte absoluto del sector eléctrico justo por eso. Así que no debería ser difícil para ellas asumir que el equipo liderado por Bartlett pasó el resto del sexenio —además de impulsando y litigando cambios regulatorios, legislativos y hasta constitucionales— tratando de llevar su capacidad constructiva, de desarrollo de nueva capacidad instalada, al límite.
Hoy sabemos, según el Sexto Informe de Gobierno, que eso implicó “una inversión de 9,170 millones de dólares que representa una adición de capacidad de generación de electricidad de 9,184.56 Megawatts (MW)”. De ahí, 7,682.4 millones se destinaron a la construcción de 15 centrales eléctricas nuevas, por un total de 8,630 MW. El resto, bastante más caro por MW de capacidad incremental, viene de modernización de 16 hidroeléctricas.
Asumiendo que eso estuviera concluido, la conclusión es que —ya a tope— la CFE le ha podido dar a México 1,530 MW de nueva capacidad por año. Impresionante, para ser una sola empresa. Pero terriblemente insuficiente para un país con un margen de reserva ya tan presionado en épocas críticas de demanda eléctrica y tanta urgencia por descarbonizarse.
El punto de partida para entender el tamaño del reto es la brecha de 21% que tiene que cubrirse para pasar del 24% de participación de generación limpia al 45% que la presidenta Sheinbaum ha puesto. Aún si se abordara de manera simplista, como si sólo se tratara de agregar linealmente 21% de capacidad limpia al total, implicaría agregar 20,000 MW en un sexenio. Requerirá unos 20,000 millones de dólares. Esto es más del doble, en ambos rubros, de lo que la CFE de Bartlett pudo dar. Y aun eso sería insuficiente. Considerando factores de planta, necesidades de expansión de la capacidad total y otros elementos, las necesidades de nueva generación van a ser en realidad de unos 40,000 MW. O la CFE cuadruplica sus capacidades o va a necesitar mucha más ayuda de la que reconoce.
Nada de esto implica que, a nivel de estructura del sector, las metas sean imposibles. A principios del sexenio, gracias a la inercia de la apertura del mercado y las subastas de largo plazo, México estaba agregando entre 4,000 y 6,000 MW de capacidad al año —casi toda energía limpia de privados. Sumándole a algo así los 13,000 millones de dólares que la presidenta prometió en abril (con regla de dedo: unos 2,000 MW de nueva capacidad de CFE al año), la brecha no sonaría tan irremontable. México nunca ha tenido una presidenta que haga la participación de energías limpias su auténtico norte energético. ¿Quizás su foco personal podría arrastrar otro buen tanto de inversiones?
Claro que políticamente, hoy no estamos ahí. Con una problemática definición de ‘prevalencia’ para la CFE en la reforma constitucional que se podría votar esta semana, un foco permanente en garantizarle a CFE el 54% del mercado y muchos precedentes adversariales de la administración pasada, todavía no se despeja ni cómo se van a poder atraer los primeros dólares de inversión eléctrica privada, complementaria a las capacidades del gobierno en nuevos proyectos. 28,000 MW o millones de dólares, hoy por hoy, suena a otro mundo.
Por: Pablo Zárate
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