• El sector energético vive desde hace meses a la expectativa de ciertas decisiones gubernamentales.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador abrió este miércoles la puerta a una reforma en la Constitución en materia energética, que busque fortalecer las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En su conferencia matutina, López Obrador explicó que no se buscará por el momento revertir la reforma energética que Enrique Peña Nieto promovió en 2013 y permitió la entrada a empresas privadas, ni cancelar los contratos existentes, que son más de cien.
«Vamos a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación al marco legal del sector energético hasta que podamos demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a la CFE» y así «hacer valer el interés nacional, sin modificación a la ley», dijo el mandatario.
López Obrador también remarcó que el propósito de la anterior reforma era «destruir» a estas dos compañías estatales. Puntualizó que, con el actual marco jurídico, se puede rescatar a estas dos empresas -muy endeudadas- y revisar contratos de energía con «subsidios» y sobrecostos.
«Pero es probable que no se modifique la Constitución. Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar a Pemex y la CFE, no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución», indicó. Sin embargo, aclaró que ello sería después de 2021, cuando se cumplan tres años de gobierno.
«No lo haríamos ahora, hasta el tercer año, que es mi compromiso. Yo dije, vamos a trabajar con el marco jurídico actual tres años, y si hace falta hacer la reforma constitucional la emprendemos en la segunda mitad del Gobierno», subrayó.
El año próximo, recordó, hay elecciones intermedias y en 2022 una consulta sobre la revocación del presidente.
Es importante recordar que en mayo entró en vigor un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que limitaba la generación de energías renovables y prohibía la emisión en pruebas de las centrales limpias que estuvieran por arrancar, una decisión que acumula varios amparos en su contra.
Dos semanas después, la Secretaría de Energía (Sener) estableció un cambio en el criterio de despacho, arrinconando el criterio económico por uno nuevo de «confiabilidad» que creó confusión.
La nueva política, publicada el 15 de mayo, afecta a inversiones por valor de 30,000 millones de dólares en 18 estados, con un impacto total del 14% del PIB, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Finalmente, el 15 de julio, el Gobierno anunció que cancelaba cuatro licitaciones públicas para la construcción de plantas de producción de energía.
