La semana pasada, el presidente López Obrador recibió, para escuchar y dialogar, a empresarios de Canadá vinculados a compañías de electricidad que se encuentran establecidas en nuestro país. Esto debido a algunas inconformidades presentadas por ellos en relación con la política eléctrica de México.
El mandatario mexicano expresó que las inconformidades de cuatro empresas canadienses en materia de energía se deben a una controversia por permisos de autoabasto eléctrico y a un asunto relacionado con una planta generadora de electricidad. Agregó que una compañía de ese país no tuvo cuidado al asociarse con otras firmas de México por medio de la figura de autoabasto eléctrico. Se trata, aseveró, del fondo de inversiones a largo plazo llamado Caisse de Dépôt et Placement du Québec, el cual, conjuntamente con un grupo de inversionistas mexicanos, adquirió el 80 por ciento de una cartera de ocho proyectos eólicos y solares a la empresa italiana de electricidad Enel.
Cabe recordar que la figura del autoabasto eléctrico proviene de la reforma neoliberal a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica que se realizó en 1992 para permitir la autogeneración eléctrica a particulares. Además, eludió, en ese momento, la disposición constitucional que otorgaba la exclusividad a la nación en la generación de electricidad que tuviera por objeto la prestación del servicio público. Lo anterior significó que el autoabasto fuera excluido del concepto de servicio público; sin embargo, esa autogeneración eléctrica ha derivado en fraude a la ley, ya que, por ejemplo, un generador de electricidad extranjero simula tener socios de un dólar, los cuales son en realidad sus clientes.
De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esto produce la creación de monopolios privados que no se encuentran regulados ni fiscalizados, y que además operan al margen del esquema de mercado, en el que no compiten con otras empresas eléctricas ni pagan lo debido por el uso de la red nacional de transmisión (RNT), la cual es propiedad y responsabilidad de la misma CFE. Ello, en contraste con el pago que realizan millones de mexicanas y mexicanos que deben cubrir estrictamente su consumo.
Con el esquema antes descrito y de acuerdo con información también de CFE, se han captado a los grandes consumidores industriales del país. En la actualidad, hay 110 sociedades fraudulentas que venden electricidad a más de 70 mil aparentes socios (cementeras, mineras, empresas de telecomunicaciones, farmacias, cerveceras, supermercados), todo lo cual transgrede la ley.
Lo que se busca con las recientes reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, las cuales fueron validadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril pasado, es, además de no aumentar el precio de la electricidad por encima de la inflación, poner orden en el mercado eléctrico para que exista una verdadera competencia en generación eléctrica. También, asegurar que el Estado cumpla con su responsabilidad de llevar a cabo la planeación y el control del sistema eléctrico nacional (SEN), así como el servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica, con base en el artículo 27 constitucional.
Así, por ejemplo, las reformas establecen que, en el otorgamiento de permisos de generación eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía debe considerar los criterios de planeación de la Secretaría de Energía, a fin de cuidar el balance entre la oferta y la demanda de electricidad que transita por medio de la RNT, y que el SEN no colapse por sobreoferta de electricidad debido a un indiscriminado otorgamiento de permisos basado en criterios estrictamente económicos.
El presidente López Obrador informó lo siguiente después de la reunión: “Atendimos a cuatro empresas canadienses. Y resolvimos los cuatro problemas sin ningún obstáculo”.
La disposición al diálogo permitió el entendimiento y la conciliación entre el Gobierno de México y compañías de Canadá para resolver, de manera colaborativa, los diferendos en materia eléctrica.
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