Pese a que la oposición en la Cámara de Diputados frenó la reforma eléctrica de López Obrador, empresarios aseguran que viven en una ‘total incertidumbre’.
Si una empresa va a instalar en México 3 mil paneles solares y su cliente le exige un contrato de recompra de esa inversión valuada en más de un millón de dólares en caso de que las leyes cambien, algo que no marcha bien. Y que la empresa acepte porque ha perdido otros proyectos y necesita trabajo, lo confirma.
Esta ha sido la realidad para el empresario Manuel Vegara durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien el año pasado modificó la legislación para priorizar a la compañía estatal de electricidad en detrimento de las privadas -que tienen una mayor apuesta por la energía renovable-, y que intentó consolidar esos cambios en la Constitución, pero los partidos de oposición en el Congreso se lo impidieron.
El sector eléctrico celebró esa victoria, pero sigue sumido en la incertidumbre, ya que conviven leyes aparentemente contradictorias que están poniendo en riesgo las inversiones.
La empresa de Vegara, la mexicana Pireos Power, instala paneles solares desde 2018. Aunque no fue directamente afectada por los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, porque hace instalaciones relativamente pequeñas, sí sufrió sus consecuencias.
En 2021 perdió proyectos por 3 millones de dólares de dos grandes clientes que decidieron dejar su apuesta por la energía solar para otro momento y ha pasado de tener 90 trabajadores a sólo 35.
“Ganamos varias licitaciones con un centro comercial que tenía varias sucursales, con una cadena de zapaterías y en los últimos dos o tres años esos proyectos no se han llevado a cabo”, explicó Vegara. “Hemos tenido que sobrevivir con pequeñas instalaciones en casitas o con los clientes que eran más valientes y pese a la incertidumbre se han animado a invertir”.
Al menos no ha tenido que recomprar los paneles que colocó en los techos de un centro logístico, una pequeña isla de energía limpia al norte de la contaminada ciudad de México.
El escenario para las grandes compañías del sector es similar. En mayo de 2019, la energética española Iberdrola emitió un comunicado que decía: “México genera confianza: Iberdrola invertirá hasta 5 mil millones de dólares durante la presente administración federal”. Nada de eso ocurrió y no hubo explicaciones públicas.
Cuando los partidos opositores bloquearon el domingo la reforma constitucional propuesta por el oficialismo en la Cámara de Diputados, “la sensación inicial fue de alivio”, reconoció Vegara. “Pero sabemos que el presidente no va a dejar así la cosa y no se zanja la incertidumbre, aunque la tormenta gorda ya pasó”.
Las grandes energéticas callan, inmersas en decenas de recursos legales y con temor por el dinero que tienen en juego. Ni Iberdrola, la más atacada por el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, ni la Cámara de Comercio Americana, que agrupa a algunas de las principales energéticas de Estados Unidos, accedieron a hacer comentarios a The Associated Press.
El Consejo Coordinador Empresarial de México reiteró esta semana su petición por un “marco legal claro, transparente y confiable”.
“México tiene ahora dos sistemas que son contradictorios operando simultáneamente”, explicó Miriam Grunstein, académica asociada del Centro México del James Baker Institute de la Universidad Rice.
Por un lado, la Constitución que es más abierta al mercado desde las reformas de 2013 cuando se liberalizó el sector. Por otro, la Ley de la Industria Eléctrica modificada en 2021 para establecer privilegios a la generación gubernamental de electricidad -que es mucho más contaminante- en detrimento de las empresas privadas, con lo que se cerraron espacios a la libre competencia y se dejó inoperante al organismo que era el árbitro del mercado. Además, la norma permite revisar y anular contratos con efecto retroactivo.
El gobierno aseguró que esas modificaciones pretendían corregir abusos del pasado o ventajas excesivas que tenían las compañías extranjeras como, por ejemplo, ser eximidas de ciertos pagos. Para las empresas fue un cambio en las reglas de juego en mitad de la partida y denunciaron que sus derechos se habían vulnerado.
El resultado fueron cientos de recursos que, en la mayoría de los casos, han amparado a las compañías, aunque la batalla legal continúa.
“Les estás dando blanco a unos y negro a otros y la diferencia está entre quienes están amparados y quienes no”, detalló Grunstein. “Es un sistema que privilegia a las empresas que más resistencia tienen”.
No obstante, dijo, muchas están cansadas y están sopesando un arbitraje internacional.
Para complicar más el panorama, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado sobre el tema en varias ocasiones este mes, pero no de forma clara. Pese a que la mayoría de sus integrantes consideraron que la ley eléctrica es contraria a la carta magna, no la declararon inconstitucional.
Por eso Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dijo que solo cabía esperar más litigios.
Ante este escenario y con un Congreso dividido, las soluciones no parecen sencillas y mientras algunos en el sector proponen que debería abrirse una negociación directa con las empresas, otros lo ven inviable.
El reclamo del sector privado es claro: quieren certezas para saber cómo, cuándo y en qué invertir, algo que sólo se conseguirá volviendo a reformar la ley y si hay una presión efectiva de los mercados internacionales.
“Estados Unidos está cada vez más irritado” porque se pueden estar violando acuerdos de libre comercio, afirmó Grunstein quien cree que el país vecino todavía no parece dispuesto a tomar acciones más contundentes.
“Se trata de una lucha entre dos modelos y dos visiones de país”, señaló Vegara, el director de la empresa de paneles solares. Por un lado, el neoliberal, en el que pudo haber abusos; por otro el estatista, que frena la inversión y pone en riesgo el medio ambiente.
Y en medio los ciudadanos que no saben si tendrán que pagar más por la luz.
Según el empresario, sólo en el medio puede estar el punto óptimo: lograr un modelo que garantice la libre competencia y potencie la energía limpia para que México cumpla con sus compromisos climáticos y a la vez asegure que los mexicanos -sobre todo los más necesitados- tengan un buen servicio eléctrico a precios razonables.
Pero por ahora, agregó, el diálogo entre las dos visiones de país parece imposible.
