Al cumplirse un mes del inicio del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador corre el riesgo de incumplir sus compromisos energéticos y ambientales, advirtieron especialistas.
La nueva política energética de México, que limita la generación privada de renovables para priorizar a las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), contradice el acuerdo comercial, indica Andrea Arias, consultora del sector energético.
“Vamos en sentido contrario a la esencia del mismo T-MEC, que va hacia un libre mercado y una menor intervención del Estado, así como a la protección de inversiones de los tres países, sobre todo en el tema de energía y medioambiente”, afirma la internacionalista.
El T-MEC, que el 1 de julio reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, es una de las principales herramientas que el Gobierno de México presume para superar la crisis derivada del coronavirus, que causó una caída histórica de 18.9 por ciento del PIB en el segundo trimestre.
Pero el tratado incluye nuevos capítulos de medio ambiente y mejora regulatoria, más protección a las inversiones y un Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA), que México podría violar con sus políticas, comenta la consultora.
En particular, la experta señala el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la política de la Secretaría de Energía, que privilegian a la CFE y al combustóleo de Pemex, con el argumento de que los generadores privados de renovables arriesgan la estabilidad del sistema eléctrico por ser “intermitentes”.
“Estos mensajes equivocados y esta práctica distinta a lo que establecemos y firmamos afuera, en los acuerdos y en el T-MEC, a lo único que nos va a llevar, de no cumplir con nuestras metas de energías limpias y no reducir nuestras emisiones de gases, obviamente es a recibir sanciones”, opina Arias.
Inversiones en riesgo
Ante el retroceso energético, empresas internacionales se han acercado al World Resources Institute (WRI México) para denunciar que sus inversiones están en riesgo.
La Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) y otras empresas textiles han mostrado su preocupación, comenta Inder Rivera, gerente de energías limpias de WRI México.
“Muchas de estas empresas tienen metas de energías renovables o reducción de emisiones en iniciativas internacionales como compromisos de adquisición de energía limpia, entonces ven que los cambios regulatorios propuestos afectan a esos intereses de lograr una descarbonización”, describe.
Estas compañías, que se han unido al Acelerador de Inversiones en Energía Limpia, emplean a 72 mil personas y representan más del 5 por ciento del consumo eléctrico de México, lo que equivale a 15.5 millones de hogares.
El problema es que no hay alternativa para comprar energía barata y eficiente en el sector público, argumenta Rivera, por lo que los cambios regulatorios afectan la competitividad de México.
“El T-MEC justamente tiene ciertas reglas que impulsan al medio ambiente y también tiene candados que blindan el comercio, yo creo que una cifra importante es la cantidad de dinero que se genera en exportaciones, representa casi un 40 por ciento para estas empresas internacionales”, describió el experto.
