La decisión del gobierno mexicano de otorgar a Pemex y no a la estadounidense Talos la operación de un yacimiento conjunto y el cambio en las reglas de despacho eléctrico son solo algunos de los eventos que socavan la confianza de los inversionistas, destaca el documento.
Inversionistas privados se han desanimado por políticas energéticas implementadas en México, indicó un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyo titular, Antony Blinken, visitará México este lunes.
«Los actores extranjeros se desanimaron cuando el gobierno de México adjudicó a Pemex la explotación de un importante descubrimiento de petróleo en aguas poco profundas realizado por un consorcio dirigido por una empresa estadounidense (Talos Energy)”, dice el Departamento de Estado en su reporte 2022 Investment Climate Statements: Mexico.
El consorcio privado había invertido más de 200 millones de dólares en la realización del descubrimiento y busca una compensación a través de un arbitraje internacional.
Por otro lado, los cambios legales y reglamentarios adoptados por el gobierno mexicano intentan modificar las normas que rigen el orden de despacho de la electricidad para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Decenas de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales han solicitado con éxito amparos contra las medidas, que argumentan que discriminan a los participantes privados en el sector eléctrico”, añade el informe.
También la CFE obligó a varias empresas extranjeras y nacionales a renegociar los contratos de suministro de gas celebrados anteriormente, lo que suscitó “una gran preocupación” entre los inversores sobre la inviolabilidad de los contratos.
Las reformas de la última década en los sectores de la energía, la generación de electricidad, las telecomunicaciones y la venta de combustible al por menor han liberalizado el acceso de los inversores extranjeros.
Aunque las reformas no han llevado a la privatización de empresas estatales como Pemex o la CFE, han permitido la participación de empresas privadas.
Aun así, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado importantes cambios normativos y políticos que favorecen a Pemex y a la CFE frente a los participantes privados.
Los cambios han llevado a las empresas privadas a presentar demandas en los tribunales mexicanos y a buscar compensación a través del arbitraje internacional.
El informe describe que los recientes esfuerzos para revertir las reformas energéticas de 2013, incluyendo los cambios de marzo de 2021 a la ley de electricidad (que la corte suprema determinó que no viola la constitución el 7 de abril, pero que aún está sujeta a amparos en tribunales inferiores), los cambios de mayo de 2021 a la ley de hidrocarburos (que también fueron amparados por los tribunales mexicanos), y la propuesta de enmienda constitucional de septiembre de 2021 que prioriza la generación de la empresa eléctrica estatal CFE, “aumentan aún más la incertidumbre”.
Enseguida el Departamento de Estado afirma que “estos factores elevan el coste de hacer negocios en México”.
En su cuarto informe anual, el gobierno de México destacó que se ha recuperado la rectoría del Estado en la planeación y el desarrollo nacional con el objetivo de lograr “la autosuficiencia y soberanía energética”, fortaleciendo a dos empresas propiedad del Estado, Pemex y CFE.
Entre 2015 y 2018, México subastó más de 100 bloques terrestres, someros y en aguas profundas, con un importante interés por parte de empresas petroleras internacionales. Desde entonces, la administración ha pospuesto más subastas, pero se comprometió a respetar los contratos existentes adjudicados bajo la administración anterior.
El 20 de julio pasado, Estados Unidos anunció el inicio del proceso para levantar un panel de solución de controversias contra México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por ciertas políticas energéticas, entre las cuales están presuntas preferencias ilegales a favor de Pemex y la CFE.
roberto.morales@eleconomista.mx
