Por: Elena González, PetroQuiMex.
Especialista en derecho petrolero internacional asegura que de modificarse los artículos 27 y 28 constitucionales, se eliminaría la cláusula de exclusión del TLCAN que reserva la explotación de sus recursos naturales al Estado mexicano y advierte que con el esquema oficial planteado se pone a México en riesgo de enfrentar a trasnacionales en tribunales internacionales
De aprobarse los cambios que propone el Gobierno Federal a los artículos 27 y 28 de la Constitución, como parte de su iniciativa de reforma energética, se eliminaría automáticamente la cláusula de exclusividad del Estado mexicano para explotar sus recursos estratégicos, el petróleo, entre ellos, establecida en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), asegura la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rosío Vargas Suárez.
Vargas Suárez, quien fue coordinadora del área México-Estados Unidos del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM, considera que la propuesta de reforma presentada por el presidente Enrique Peña Nieto forma parte del proyecto geopolítico del gobierno estadunidense de integración con México y Canadá para garantizar su seguridad energética.
La coautora del libro La renta petrolera y la construcción de regímenes no propietales: el caso de pemex, publicado en 2011, considera que lo que se busca al reformar la Constitución es la privatización de todas las actividades de la industria petrolera y eléctrica y advierte que, de aprobarse, se expondría a México a enfrentarse con transnacionales en tribunales internacionales.
“La Constitución es el proyecto nacional y derivado de todos los cambios y las implicaciones que tendría, sobre todo en el 27 y 28, que en realidad es para dejar toda la industria, a todas las trasnacionales, porque no van a ser fundamentalmente los capitales nacionales, excepto los del señor Slim, yo creo que hay pocos, pero sobre todo la modificación de los derechos de propiedad que vendría con esto.
“Una cuestión territorial muy delicada, y sobre todo, ante la venida de grandes corporaciones. ¡No sabes los que metes al país! Metes un actor que pone y quita presidentes. A nosotros no nos ha tocado ver ese tipo de actores porque salieron desde el 38, pero hay otras experiencias internacionales, donde los países, los gobiernos, no pueden controlar a las trasnacionales.
“Ya no hay un política energética nacional, si hoy la hay con tantas carencias, una vez que metas a ese tipo de actores, olvídate de que le puedas hacer sugerencias, ya no tienes control”.
El proyecto gubernamental de reforma energética plantea la participación de privados a través de contratos de “utilidad compartida” y deja la prohibición para otorgar concesiones, con lo que –dice– el Estado mantiene la propiedad del petróleo.
La académica comenta que especialistas en derecho petrolero señalan que un contrato ya tiene elementos de concesiones. “Hay elementos que permiten pensar que uno puede ir migrando gradualmente hacia ese régimen de concesiones”, agrega.
Explica que al modificar el 27 Constitucional se resuelve la incertidumbre de los inversionistas por la contradicción jurídica que surgió en la reforma energética de 2008, entre la ley reglamentaria de dicho artículo y la Ley de Petróleos Mexicanos.
Mediante la ley secundaria prácticamente se otorgaron contratos para todas las actividades de la industria petrolera de México. Pero, el 27 no había registrado este cambio.
“Entonces ahora la propuesta viene ya claramente encaminada a modificar el 27, que habla de que en la nacionalización lo que no se permitió eran los contratos y las concesiones, entonces, aquí, una vez que se modifique la Constitución, bajo el argumento de contrato, ya es muy fácil, de alguna manera, introducir las concesiones.
“Y en realidad, lo que quieren, sobre todo las grandes trasnacionales es ya venir con derechos de propiedad. Derechos de propiedad, quiere decir el petróleo mismo, el recurso. Por eso no fue exitosa la reforma de 2008 para las grandes trasnacionales, porque no se conforman con contratos”.
De hecho, dice, ya hay un tránsito en los contratos incentivados hacia ese régimen de concesiones, pues la exploración y la explotación, que fueron definidas en la nacionalización de 1938 como actividades estratégicas y prerrogativas de la nación, con esos contratos se abren a inversionistas privados.
Por otro lado, agrega, en la propuesta de reforma financiera, se incluye el término de regalías para pemex, que “es propio de una concesión”. Además, “es un hecho que se está dando un espacio territorial para las actividades de exploración, explotación. En el caso de aguas profundas van a ser grandes espacios”.
La experiencia internacional ha demostrado –sostiene la investigadora de la UNAM– que las empresas extraen o tienen la posibilidad de sacar más ganancias de las que el Estado les puede cobrar a través de impuesto, de inflar costos, pues cuentan con información para ello.
“Puede ser algún tipo de arreglo de producción compartida, como seguramente va a ser en aguas profundas, pero al tener toda esta información, las trasnacionales de alguna manera pueden tener todos los elementos para decidir con cuánto se quedan y con cuánto no y ahí es donde, en realidad, hay una trasferencia de renta, en donde el tránsito a una concesión no es muy diferente, porque ellos están usufructuando ese petróleo”.
Funcionarios del Gobierno Federal han asegurado que el pago que se les daría a las empresas, en caso de que se apruebe la reforma, nunca será con petróleo; sin embargo, la especialista destaca que en la definición de contratos de “utilidad compartida”, se dice que se va a pagar en efectivo o su equivalente. “El único pago equivalente al efectivo es petróleo, no hay otro”.
La especialista destaca que en el Acuerdo Transfronterizo de Hidrocarburos en el Golfo de México, suscrito el año pasado por el gobierno de México y Estados Unidos (el cual ya fue aprobado por el Senado mexicano y publicado en el Diario Oficial de la Federación) ya se incorpora el término “license”, que en inglés significa “concesión”.
El congreso estadunidense aún no aprueba el acuerdo “debido a que las compañías norteamericanas no quieren pasar la información de los arreglos que tengan con el gobierno mexicano a su propio gobierno. Porque eso, de alguna manera, les va a permitir ser fiscalizados y pagar impuestos. Pero en realidad, ellos tienen mucha prisa por entrar al Golfo, sobre todo a la parte de Perdido”.
La difusión de una entrevista que realizó la agencia estadunidense de noticias Bloomberg con el subsecretario de Energía, Enrique Ochoa Reza, donde supuestamente comentó que Peña Nieto contempla la posibilidad de eliminar las restricciones a empresas para registrar el valor de los contratos que obtuvieran con pemex ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, generó la inquietud de que se comprometieran las reservas petroleras.
Cuestionado al respecto por medios de comunicación mexicanos, el funcionario negó que se esté negociando que las compañías puedan registrar en sus estados financieros parte de las reservas del petróleo en México, y precisó que lo que las empresas podrían registrar, en caso de obtener un contrato de utilidad compartida, es el interés económico como una nota en la hoja de balance de los estados financieros, es decir, la expectativa de lo que van a ganar en México.
Algunos especialistas han señalado sobre el tema que la Securities and Exchange Commission (SEC) establece que las reservas que no sean propiedad de la empresa no pueden anotarse en el balance, pero sí deben informarse al mercado a través de notas en los estados financieros o bien en documentos complementarios.
Sin embargo, la profesora en el Posgrado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM señala que sí es posible registrar las reservas petroleras de una nación ante la SEC, y cita el caso de Bolivia, cuyas reservas –asegura– fueron registradas por la empresa Enron.
“Hay muchas modalidades, pero en realidad es poco la idea de que sirven de respaldo para cualquier proceso de financiamiento. Pueden ser virtuales, pero es un hecho que son (las reservas) un respaldo para las actividades de estas empresas. Esto apenas se ventiló y habría que ver en las leyes secundarias y los mecanismos específicos que se van a utilizar.
“Pero, más allá de la precisión, es un tanto la voluntad del gobierno mexicano la de ofrecer de alguna manera las reservas mexicanas, esa es la parte delicada. Porque las pueden ofrecer, las pueden registrar como un activo virtual, pero las está ofreciendo a la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, que es la entidad que certifica que las reservas de un país son probadas, existen y sirven, de alguna forma para contratar deuda, o para las actividades financieras de un país”.
Respecto a los señalamientos que han hecho las autoridades sobre las necesidades de inversión que requiere el sector y el desabasto de gasolinas, gas natural y petroquímicos, Vargas Suárez considera que no es un asunto de falta de capital, sino de intereses de grandes negocios, lo que impide el desarrollo de la industria energética nacional y se generan dependencias estructurales.
“En este proceso de integración a México se asignan ciertas tareas. Es decir, estructuralmente, Estados Unidos, como potencia, igual que China y la India, lo que están tomando es aquellas actividades de valor agregado que les deja mayor rentabilidad.
“Entonces, a México, al igual que a Canadá, lo están dejando como productor de una materia prima; es decir, se quiere que México produzca más petróleo porque garantiza la seguridad energética de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo es el que va a proveer el insumo que no es suficiente con lo que tiene Estados Unidos, que básicamente tiene Shell gas, que es más gas que petróleo.
Advierte que es lamentable que, bajo la óptica neoliberal, se esté oxidando a la petroquímica y se haya dejado de lado cuando es una actividad estratégica para un país.
“Es una decisión del neoliberalismo y del proceso de integración con Estados Unidos, ahí ha sido la manera de matar al Estado en su participación. Es un concepto muy estrecho de seguridad energética pensar que la tienen cubierta simplemente con una producción petrolera, porque ni siquiera produces gasolina y mucho menos los petroquímicos que prácticamente están en cada cosa de la vida cotidiana de un individuo”.
En cuanto a los reportes de pemex que señalan que ha tenido pérdidas en la industria petroquímica, comenta que aun en el caso de que a México le costara en términos comparativos un poco más, en realidad se está beneficiando al país, pues se está cubriendo una actividad estratégica.
“Es 60 veces más rentable producir un petroquímico, que simplemente sacar un barril de petróleo, porque se le añade un valor. Sí, es una manera muy rápida de obtener ingresos para el Estado mexicano, porque esto es un producto de la naturaleza, es decir, el petróleo es un producto que no cuesta más que extraerlo, por eso es enormemente rentable, pero si se observa todo el proceso industrial de añadir valor, con todo el impacto multiplicador se tendría, por ejemplo para generar empleos, una cadena de producción de muchas actividades industriales, alrededor de un petroquímico”.
Contrario a lo que plantea la propuesta oficial, la académica considera que de aprobarse la reforma, pemex no saldría fortalecido y se convertiría sólo en una “empresita” otorgadora de contratos.
“Mandas a una empresa a darse con los grandes, cuando no le has dado las herramientas, la capacidad y todos los elementos para una defensa. Bajo términos jurídicos, se le quita este estatus de “imperium” que manejan los juristas. Es decir, una paraestatal tiene una serie de ventajas, de prerrogativas, porque es empresa del Estado, sobre todo en el caso de pemex con la nacionalización. Es la empresa que quedó a cargo de las actividades estratégicas, entonces, al quitársele ese estatus, se le deja como una empresita, no como toda la industria petrolera de México”.
Afirma que actualmente México, en la Constitución, tiene una concepción del petróleo de un beneficio social, contraria a la anglo del common law, de que estos recursos pueden ser de beneficio privado. “Ahí tenemos una diferencia abismal, enorme. Ahora, el Estado norteamericano tiene toda una concepción de seguridad nacional, con el que, de alguna manera, maneja sus actividades estratégicas, aquí no. Ellos resuelven su problema, aunque sean liberales, aunque sea privado, porque pueden acceder al petróleo de todo el mundo; México, no. Además, por otro lado, el petróleo en el caso de México no es un recurso más. Es la actividad medular de la nación por la importancia fiscal que tiene el recurso, no es una cosa menor”.
Finalmente, considera que todas las reformas estructurales tienen que ver con el petróleo, porque al tener menos ingresos se afectará una serie de propuestas de política de beneficio social.
