El fin de semana, la Cofece emitió una declaratoria de falta de condiciones de competencia, luego de identificar barreras para el acceso a la cadena de valor que están relacionadas con la dificultad para obtener permisos o con el acceso a la infraestructura de almacenamiento.
Luego de que en el turbulento 2020 consiguieron suministrar un nivel histórico de casi 20% del queroseno para aviones que se distribuyó en el país, los privados prácticamente desaparecieron del mapa del negocio en el 2022, en coincidencia con la existencia de barreras a la competencia, que recién fueron tipificadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Tras la apertura en el 2014-2016 de toda la cadena de valor del mercado de combustibles al capital privado, fue a finales del 2018 cuando comenzó a registrarse actividad regular de importación de la también llamada turbosina por parte de permisionarios privados, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Energética, de la Secretaría de Energía (Sener).
En el 2019 internaron al país 3,345 barriles diarios en promedio, lo que les permitió conseguir una participación de 4% de la oferta nacional —definida como la suma de la producción nacional (de Petróleos Mexicanos, Pemex) y las importaciones realizadas tanto por Pemex, como por privados.
Ese año, firmas como la española Repsol anunciaron su incursión en el negocio —históricamente dominado por la estatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)— con actividades de distribución en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún y contratos de venta con aerolíneas como Iberia y British Airways.
Luego, en medio de la crisis de la aviación por la pandemia de Covid-19, el volumen de combustible aéreo importado por privados casi se triplicó para llegar a 9,132 barriles diarios, lo que representó 19% de la oferta nacional de ese año, de unos 48,500 barriles diarios.
En el 2021, ya con la recuperación del mercado aéreo tomando fuerza, la importación privada de queroseno aéreo se redujo 19.7% a 7,332 barriles diarios.
Las actividades regulares de internación al país de ese combustible por parte de privados cesaron en diciembre de ese año y en el 2022, de forma aislada importaron 960 barriles diarios durante el mes de junio.
Este repliegue de la actividad de los privados es paralelo a la observada en otros mercados como el de gasolina y diésel y coincide con las quejas de empresas privadas por la implementación de políticas del gobierno y órganos reguladores con un sesgo a favor de las empresas energéticas estatales.
Sin competencia efectiva
El viernes pasado la Cofece hizo pública una declaratoria de existencia de barreras a la competencia en los mercados relevantes de la cadena de valor de turbosina, en territorio mexicano.
El órgano antimonopolios las clasificó en cinco tipos. En primer lugar, identificó obstáculos en el mercado de comercialización primaria, pues afirmó que existen disposiciones del régimen de permisos previos de importación que limitan la entrada y permanencia de agentes económicos.
En segundo término, en el mercado almacenamiento externo, dijo, existe escasez y falta de acceso a la infraestructura, lo que inhibe la capacidad de competir de participantes actuales y potenciales en los mercados relevantes de comercialización.
Luego, en el mismo segmento de almacenamiento externo, afirmó que la mayoría de la capacidad en el país se encuentra contratada con Pemex Transformación Industrial y no existen límites máximos a su reserva de capacidad, lo que limita la entrada de competidores.
En cuarto lugar, ubicó deficiencias en los mercados de comercialización secundaria y suministro, donde ASA se encuentra verticalmente integrado en diversos segmentos de estos mercados relevantes, y no ha completado su separación funcional, operativa y contable, lo que restringe la competencia en la comercialización secundaria y en el suministro.
Finalmente, en el mercado relevante de almacenamiento interno y expendio, resaltó que algunos títulos de concesión para la operación y administración de aeropuertos contienen cláusulas de exclusividad en favor de ASA y, aunque estas disposiciones dejaron de tener vigencia con la entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos (del 2014), indirectamente se podría estar limitando la competencia a entrantes en el expendio.
Producto de su análisis, la Cofece emitió recomendaciones a la Comisión Reguladora de Energía; la Secretaría de Economía; la Secretaría de Energía; la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública; y también ordenó medidas a ASA para restaurar las condiciones de competencia efectiva.
En julio pasado el gobierno mexicano fue llamado a cuentas por sus pares de Estados Unidos y Canadá, para explicar la consistencia de diversas políticas en el ámbito energético con sus compromisos en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) de garantizar un trato equitativo a los inversionistas de esos
países.
octavio.amador@eleconomista.mx
