En estos primeros tres años se observó un freno institucional aplicado a toda clase de inversión en materia energética, coincidieron expertos.
En los primeros tres años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el sector eléctrico es el más afectado por todas las nuevas políticas que están empujando desde la administración federal, coincidieron analistas consultados por MILENIO.
«El sector energético es el más golpeado, en general está siendo vapuleado, lo cual es terrible y las consecuencias son tremendas, porque no nada más afectan la inversión extranjera directa, sino al ingreso de la base poblacional», comentó el director de Ursus Energy, Santiago Arroyo.
Por su parte, el especialista del sector energético, Arturo Carranza, añadió que hay una determinación más clara dentro del sector eléctrico para cambiar las reglas del juego, respecto a las que existen en la industria petrolera.
«El rescate del sector energético de este gobierno, encuentra la expresión más clara del fortalecimiento de las empresas pública desde la CFE, por el perfil de los directivos que la manejan, a diferencia de lo que ocurre con Pemex, donde independientemente de que existe un convencimiento de la política energética, todavía existe un ánimo de tomar decisiones a partir de criterios que no son necesariamente políticos, sino más bien empresariales y técnicos», aseveró.
Santiago Arroyo de Ursus Energy apuntó que en estos primeros tres años se observó un freno institucional aplicado a toda clase de inversión en materia energética, por lo que, dijo, hay un esfuerzo sistemático institucional para detener el avance de la inversión privada en el sector energético.
«En los últimos tres años las empresas productivas del Estado no avanzaron en lo absoluto en ningún nivel de producción, de generación y de procesamiento, no crecieron, por el contrario, continúan perdiendo espacios», contó.
Afirmó que existe un mensaje contradictorio, ya que el gobierno federal es muy combativo, restrictivo y sancionador, al contrario de los órganos reguladores que poco a poco han tenido apertura.
«A pesar de que el Ejecutivo es enfático en su guerra legal en contra de la iniciativa privada, los órganos reguladores continúan trabajando. El que mejor ha mostrado una actividad de regulación ha sido la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), luego la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y por último la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”, remarcó Arroyo.
Añadió que para los próximos años además de los mensajes contradictorios, prevé una parálisis y un Pemex y CFE frenado por la incapacidad del gobierno de México, y una iniciativa privada que, si bien no retiró sus inversiones, esperará hasta 2024 para definir sí continuarán con sus inversiones.
Arturo Carranza manifestó que existe una constante por tratar de cambiar las reglas del juego para revertir la reforma energética de 2013, y para los siguientes 3 años es poco probable que el gobierno cambié de ánimos.
«Creo que mantendrá su política energética y el fortalecimiento de Pemex y CFE. Las empresas señalan que a medida que existan definiciones respecto a la reforma eléctrica en ese mismo sentido tendrán mayor certeza con respecto a las reglas que se habrán de seguir en los siguientes tres años», finalizó.
Afirmó que, respecto a la incertidumbre del sector eléctrico que, al concluir la iniciativa de Reforma Constitucional en materia energética, en uno u otro sentido significa el establecimiento de reglas claras sobre las cuales las inversiones privadas valoraran si participan o no.
