El pasado 7 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en conferencia de prensa la creación de la empresa Gas Bienestar, subsidiaria de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). El objetivo, aseguró, es para lograr “precios justos” en la venta de cilindros de gas licuado de petróleo (LP). La declaración causó incertidumbre dentro del sector, debido a que el gobierno actual no había mostrado intenciones de participar en el mercado de venta y distribución de dicho combustible.
En entrevista, la ingeniera Beatriz Marcelino Estrada, directora general de la consultora especializada Grupo Ciita, informó que uno de los motivos por los que existe una competencia desleal dentro del sector del gas LP, es la creación de “grupos de choque”; es decir, revendedores que fijan un precio al combustible, mayor al que establecen las plantas de distribución, y bloquean el paso a vendedores regulados que ofertan el hidrocarburo a un menor costo.
En este sentido, además de que se les prohíbe llevar a cabo su trabajo, se han registrado actos de violencia en contra de los operadores de unidades de transporte, tales como golpes, robo de mercancía y desmantelamiento de la propia unidad.
De igual forma, el robo de gas LP, o “huachigas”, también representa un obstáculo para el compromiso presidencial de mantener el precio de dicho combustible, así como de las gasolinas. Sin embargo, a pesar de que la iniciativa privada (IP) ha denunciado estos delitos en numerosas ocasiones, las autoridades no han dado una respuesta concreta para combatirlos.
Precios justos
Luego del anuncio de la creación de Gas Bienestar, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió un comunicado, en donde aseguró que el precio del gas LP no depende únicamente de la autoridad, “sino de una serie de acciones integrales que, en conjunto, se orienten a la generación de condiciones de mercado que presionen los precios a la baja”.
De acuerdo con la ingeniera Beatriz, una empresa regulada debe basar su precio en el índice Mont Belvieu, referencia internacional para determinar los precios del gas LP, calculada en dólares. Además, a nivel nacional, se contempla la logística de transportación, costos operativos, costo regulatorio, capacitación del personal, renta y mantenimiento de instalaciones. Con estos datos, a través de un modelo matemático, es posible determinar el costo por kilogramo del producto.
“Con el Mont Belvieu, (el precio) ha aumentado. De enero de 2020 a la fecha, 70 por ciento, o sea $5.75 con el factor internacional. De enero de 2021 a la fecha, ha aumentado un 40 por ciento”, detalló la directora de Grupo Ciita.
Al cuestionarla sobre la posibilidad de establecer “precios justos” mediante una subsidiaria, la ingeniera Beatriz aseguró que dicha acción podría llevarse a cabo. No obstante, recalcó que subsidiar un producto como el gas LP podría traer diversos problemas en la calidad del producto y el servicio que se brinda.
Aunado a lo anterior, cuestionó la ganancia que podría obtener el gobierno a través del esquema de subsidio. “Si quiere tener ganancias, tendría que sacrificar (la calidad de) el gas, teniendo aún así, gastos operativos, mantenimiento, de capacitación, de infraestructura, de regulación… sí estaría añadiendo otro gasto a Pemex, que ya está en números rojos”.
Como respuesta, los comerciantes que actualmente participan en el mercado del gas LP, tendrían que considerar la idea de reducir sus utilidades; pues la entrada de la subsidiaria Gas Bienestar implica un participante más en la competencia de precios.
Es importante destacar que, de acuerdo con la información proporcionada por Beatriz Marcelino, “la utilidad no es en pesos, es de centavos por litro. Y todo lo que se gana es para todos los gastos implicados”.
Por otra parte, expresó que, de ser posible realizar la compra del gas LP a un precio menor que el de Pemex, o con el mayor nivel de descuento, de 26 por ciento, la IP de la industria gasera podría apoyar la iniciativa de Gas Bienestar, una acción que beneficiaría directamente a la estatal.
Regulación… ¿en tres meses?
De acuerdo con las declaraciones del presidente López Obrador, la subsidiaria Gas Bienestar entraría en operaciones dentro de tres meses, en octubre de 2021. Frente a este supuesto, surgieron diversas dudas y preocupaciones que van desde la seguridad industrial, hasta la veracidad de las regulaciones necesarias para operar un expendio de gas.
Desde su experiencia, la directora de Grupo Ciita compartió con este medio el procedimiento que debe llevar a cabo un regulado, para obtener un permiso para operar una planta de distribución, estación de carburación o expendio de gas. El primer trámite que deben realizar, es la Evaluación de Impacto Social (EVIS); “si hoy (9 de julio) tú solicitas una cita para ingresar, no para que te den el resolutivo, para ingresar tu EVIS, te la dan en dos meses, en septiembre”.
El siguiente paso es el prerregistro en la Oficialía de Partes Electrónica (OPE) de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). “Solo para que te den tu usuario y contraseña, son otros dos meses (noviembre 2021)”. Posteriormente, como un requisito para obtener un permiso de expendio de gas o de planta de distribución, la CRE exige presentar, además de los pasos anteriores, un proyecto ejecutivo, dictámenes, un estudio de Impacto Ambiental (que debe ser atendido por la ASEA), entre otros trámites. “Para que tú saques tu permiso, bueno, yo ya llevo año y medio con unas plantas y no me lo han otorgado”, lamentó.
Es importante hacer hincapié en que, de forma normal, la duración del trámite es de 90 días hábiles. Sin embargo, la CRE actualmente se encuentra en suspensión de términos desde el 28 de enero, por lo que las solicitudes ingresadas desde esa fecha, no serán atendidas hasta que el órgano regulador cambie su situación.
La solicitud del estudio de Impacto Ambiental que el regulado debe presentar ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), tiene una duración promedio de 90 días hábiles, si no tiene ninguna prevención; en dado caso, el trámite podría extenderse hasta 180 días hábiles.
Finalmente, es necesario presentar un estudio de impacto urbano de la zona en la que serán construidas las instalaciones para comercializar el gas LP. Este proceso, de acuerdo con la ingeniera Marcelino Estrada, podría durar hasta un año y medio, y se realiza previo al inicio del trámite ante la CRE.
En conclusión, la solicitud de un permiso para operar una planta de distribución, estación de carburación o expendio de gas, podría tardar de ocho meses a un año y medio, siempre y cuando no enfrente ningún obstáculo durante el proceso. Por tal motivo, los regulados del sector cuestionan el anuncio presidencial, sobre iniciar la venta de cilindros de gas LP “a más tardar en tres meses”.
Seguridad Industrial
Otro tema que causa preocupación entre expertos gaseros, es la seguridad industrial dentro de las plantas de distribución. La importancia de cuidar la operación en dichas instalaciones, con un hidrocarburo 80 por ciento más riesgoso que cualquier otro, debido a su volatilidad, debería ser una prioridad.
Los accidentes que han ocurrido en el último año en materia de refinación, así como la explosión del pasado viernes 2 de julio en un ducto submarino de gas, en el Golfo de México, representan focos rojos en la capacidad que tiene Pemex para evitar o reducir accidentes de gran magnitud, que pongan en riesgo la seguridad de los trabajadores y de las zonas aledañas a las instalaciones.
En este sentido, la directora de Grupo Ciita pide a las autoridades que designen personal especializado y capacitado en manejo de la seguridad del gas LP, así como en conocimiento de la NOM-001-SESH-2014 sobre “Plantas de distribución de Gas L.P. Diseño, construcción y condiciones seguras en su operación”.
(In)Capacidad de Pemex
Actualmente, la petrolera estatal produce apenas un 16 por ciento del gas licuado de petróleo e importa 40 por ciento de lo que se consume en el país. El 40 por ciento restante, es importado por empresas privadas.
Por otra parte, Pemex tiene capacidad de distribución y aproximadamente dos días de almacenamiento de gas LP, mas no cuenta con recursos para su transporte. “Las mismas empresas privadas con sus transportadoras van a las terminales de Pemex […] nos sorprende que no tienen la experiencia, ni la capacidad administrativa, operativa, menos las instalaciones correctas para poder suministrarlo”, declaró Beatriz Marcelino.
De igual forma, mantener un espacio suficiente de almacenamiento y contar con la capacidad de transporte, añade costos extra a la operación de la subsidiaria Gas Bienestar, una preocupación más ante la situación financiera de Pemex. Aunado a esto, la preocupación sobre la facultad que tiene la estatal para producir más gas LP, ya que, en algún punto, podría ser “una carga más para el gobierno”, indicó la directora de Grupo Ciita.
Impacto positivo
La decisión de crear Gas Bienestar como un participante más del mercado de gas LP, podría ayudar a combatir a los grupos de choque y a revendedores que han incursionado de manera ilegal, en detrimento de la competencia leal, con consecuencias directas al usuario final.
En vista de que las autoridades no han implementado acciones firmes contra estos delitos, la opción de un producto a menor precio podría funcionar como una estrategia. Sin embargo, es necesario ver el panorama completo para decidir si es o no conveniente hacerlo de esta forma, con implicaciones de riesgo financiero y operativo.
