Los principales desafíos para el éxito del programa energético son el riesgo de subejercicios, una constante en los últimos dos sexenios, y la fuente de financiamiento para esta ambiciosa inversión.
El plan energético anunciado por el gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta una inversión histórica de 23,400 millones de dólares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de garantizar el suministro de electricidad en todo el país y fomentar el desarrollo nacional. La propuesta, que sigue la línea del modelo establecido por Andrés Manuel López Obrador, contempla que CFE mantenga una participación del 54% en la generación eléctrica, dejando el 46% restante en manos de empresas privadas.
Sin embargo, expertos señalan que la ambiciosa meta de inversión aún podría no ser suficiente para las necesidades energéticas crecientes de México. Aunado a la inversión de la CFE, el gobierno estima que el sector privado contribuirá con entre 6,000 y 9,000 millones de dólares, una cifra considerada “tímida” por algunos especialistas en relación con el crecimiento de la demanda eléctrica en el país.
Jorge Cano, analista de México Evalúa, destaca que esta inversión de la CFE, equivalente a 468,000 millones de pesos a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, representaría el mayor monto ejercido en los últimos cuatro sexenios.
“Este sería el mayor monto ejercido en los últimos cuatro sexenios”, asegura Cano, quien explica que el gobierno de Sheinbaum necesitaría ejecutar en promedio 78,000 millones de pesos anuales, un incremento significativo respecto a los 49,000 millones de pesos promedio anuales ejercidos durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Los subejercicios y la fuente de financiamiento
Sin embargo, Cano advierte sobre el riesgo de subejercicios, una constante en los últimos sexenios. “Hay que tener cuidado”, señala el analista, “porque de forma recurrente en los últimos sexenios tanto en el de Peña Nieto como en el de AMLO han caído en subejercicios”.
Durante el sexenio de Peña Nieto, aproximadamente el 14% de lo destinado a inversión no fue ejercido, mientras que el gobierno de López Obrador, a 2023, dejó sin ejercer el 22% del presupuesto aprobado para la CFE.
Por su parte, Oscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera que la inversión de la CFE es importante, pero insuficiente.
“Sí falta ir más allá, porque la demanda eléctrica crece a un ritmo muy acelerado”, afirma Ocampo, enfatizando que México necesita inversiones adicionales y más ambiciosas para acompañar el crecimiento de la demanda energética y cumplir con los retos de sostenibilidad y autosuficiencia en el mediano plazo.
La principal interrogante, apuntan los analistas, es la fuente de financiamiento para este plan. Aunque Sheinbaum ha mostrado confianza en los recursos disponibles, los expertos advierten que asegurar estos fondos será clave para el éxito del programa energético.
Tanto los analistas de México Evalúa como del IMCO coinciden en que el gobierno tendrá muy poco margen de maniobra para aumentar el presupuesto de la CFE en 2025, ya que se requiere reducir el déficit fiscal, lo que limita los recursos que podrían provenir del gobierno. Para 2030, al final del sexenio de Sheinbaum, se estima que la demanda eléctrica alcanzará los 64,979 megavatios (MW), frente a los aproximadamente 51,000 MW actuales.
Este aumento responderá al crecimiento de la economía, de la población, de los Polos de Desarrollo del Bienestar y de industrias intensivas en energía. Aunque Sheinbaum se ha enfocado en promover las energías limpias, considera necesario contar con fuentes menos amigables con el ambiente para respaldar la intermitencia de la energía eólica y solar.
El mes pasado, la presidenta de México declaró que se aspira a alcanzar un 45% de energías limpias para 2030, mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mencionó una meta de 20,000 MW para ese año. Sin embargo, el experto del IMCO advierte que, para llegar a ese 45%, será necesario duplicar la meta fijada por el gobierno mexicano.
Mayor participación privada
Una opción viable sería permitir una mayor participación del sector privado. Sin embargo, la inversión proyectada de los privados es baja, por lo que se requeriría más flexibilidad para ajustar los montos conforme se avance, según explica Ocampo. Otra debilidad en el plan de inversión de la CFE, encabezada por Emilia Calleja Alor, es la distribución de los 23,400 millones de dólares destinados al sector: más de la mitad (12,300 millones) se asignará a generación, mientras que la transmisión y distribución siguen siendo áreas desatendidas.
José Bunganza, CEO de la consultora energética Enegence, estima que el sector en general necesita inversiones cercanas a los 100,000 millones de dólares, una cifra próxima a los 129,000 millones proyectados por Coparmex para los próximos seis años, considerando también el potencial del nearshoring. “Para alcanzar un mix de generación de 54-46, se requiere una recomposición que implicaría una mayor inversión por parte de la empresa estatal y aún no se define cómo se logrará”, comentó Bunganza.
Sheinbaum mencionó que los detalles sobre cómo se logrará este objetivo quedarán establecidos en las leyes secundarias de la reforma que convierte a CFE y Pemex en empresas públicas, aprobada a finales de octubre.
“Esta propuesta se planteó durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador; incluso se presentó como la Ley de la Industria Eléctrica, pero fue revertida por la Corte. Con la reforma constitucional actual, será posible volver a presentar estas leyes secundarias en los primeros meses del próximo año. La reforma da un plazo de 180 días”, explicó la presidenta.
César Humberto Cadena Cadena, presidente del Consejo de Administración de Grupo Energéticos, expresó que, mientras estas leyes no se implementen, las inversiones privadas en el sector seguirán en pausa. “No se puede poner en pausa las necesidades de energía eléctrica, especialmente con un gobierno austero que tiene poco margen de maniobra”, concluyó.
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