La Comisión Reguladora de Energía (CRE) acaba de dar luz verde a las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) para impulsar la movilidad sostenible en el país, poniendo el foco en la competencia y la compatibilidad como pilares para el crecimiento del sector.
En términos de competencia económica, cuando dos o más bienes que presentan efectos de red compiten entre sí, es necesario considerar la compatibilidad de las redes para comprender el tipo de competencia que puede darse entre los agentes económicos y sus efectos en el mercado.
Es así que Walter Julián Ángel Jiménez, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), revela que la decisión no solo responde a la creciente demanda de vehículos eléctricos en México, sino que también tiene como objetivo asegurar que esta expansión ocurra de manera coordinada y eficiente.
“Se identificó la necesidad de contar con una red de infraestructura de carga robusta y segura que permita a los conductores de vehículos eléctricos tener disponibilidad de puntos de carga para garantizar la autonomía de los viajes”, afirma.
La CRE aprobó por unanimidad el acuerdo que establece las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG), un paso más hacia la integración de infraestructura de carga de vehículos cero emisiones al Sistema Eléctrico Nacional, todo bajo el marco de una red eléctrica inteligente.
Esta iniciativa fue presentada a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para su análisis y consulta pública el pasado 14 de febrero, recibiendo múltiples recomendaciones que moldearon la versión final de las disposiciones.
En particular, Conamer y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) jugaron un rol clave.
Desde la Cofece se subrayó la importancia de la compatibilidad de los conectores para evitar la fragmentación de las redes.
En este marco, Jiménez explica: “Cuando los bienes son incompatibles, cada empresa forma su propia red. En ese caso, habrá redes fragmentadas, en las cuales cada estación de carga atenderá a distintos consumidores conforme el tipo de conector y nivel de carga que ofrezca”.
Una situación que no solo limita las opciones para los usuarios, sino que también podría frenar el crecimiento del mercado de infraestructura de carga.
Las recomendaciones de Cofece llevaron a la CRE a modificar su propuesta inicial. Ahora, las electrolineras deben contar con infraestructura compatible con al menos dos tipos de conectores comercializados en el territorio nacional.
Esta medida busca evitar las redes fragmentadas y fomentar una competencia que beneficie tanto a los consumidores como a las empresas.
“La compatibilidad puede resultar en un mayor beneficio para el consumidor porque se reducen los costos de búsqueda de una estación de carga con un tipo de conector y nivel de carga disponibles, y en menores costos de la infraestructura”, detalla el funcionario.
La implementación de estas disposiciones promete una infraestructura de carga segura y eficiente, con beneficios técnicos, económicos, ambientales y de salud pública.
Por ello, se espera que la adopción de vehículos electrificados crezca en el próximo tiempo.
La consulta pública también influyó en otros aspectos, como la seguridad de las redes de distribución eléctrica y la calidad del servicio.
La Conamer destacó la importancia de proteger las redes ante el aumento de puntos de carga, tanto privados como públicos.
En respuesta, la CRE incorporó medidas para asegurar que cada nuevo punto de carga cumpla con requisitos específicos y opere de manera segura.
De esta manera, el comisionado advierte: “Las disposiciones de electromovilidad señalan el marco regulatorio vigente que se debe cumplir para recibir el servicio de suministro eléctrico y conectar un centro de carga al Sistema Eléctrico Nacional”.
Además, se establecerá una plataforma de electromovilidad que proporcionará información accesible y transparente sobre las estaciones de carga.
Esto incluirá detalles como tipos de conectores, precios, modos de pago y la geolocalización de las estaciones.
La revisión periódica de la regulación es otro eje fundamental. “Derivado del comentario de la COFECE se incluyó en el proyecto que las disposiciones serán revisadas al término de tres años para adaptarse a nuevos modelos y tecnologías”, asegura Jiménez.
La plataforma de electromovilidad, junto con reportes semestrales del crecimiento de la infraestructura de carga, permitirán a la CRE evaluar la evolución de la infraestructura y hacer ajustes según sea necesario.
En esta línea, determina: “La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones se realizará a través de visitas de verificación a los centros de carga para corroborar que cumplen con el Código de Red y especificaciones técnicas aplicables”.
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