Si bien no se contempla la expropiación, las petroleras privadas que cuentan con contratos tendrán más presión debido a una estricta supervisión de la Sener, explican desde la consultora Edge.
Especialistas en legislación energética coincidieron que con la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos aprobada por el Congreso y que será promulgada hoy 18 de marzo, se incrementa la incertidumbre para las empresas privadas, que se someterán a las necesidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) y aunque no se contemple la expropiación, tendrán contratos con los que la rentabilidad no puede subir para que el Estado los obligue a asociarse, mientras cuidan que sus procedimientos no incurran en prácticas interpretadas como objeto de recisión de permisos o contratos.
En la nueva legislación ya aprobada por el Congreso y en espera de su promulgación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la 87 conmemoración de la Expropiación Petrolera se incluyen dos transitorios que protegen lo contratos y permisos con que cuentan empresas particulares mientras estén vigentes.
Sin embargo, el Artículo 86 de esta Ley prevé la recisión como procedimiento de la autoridad frente a estos instrumentos celebrados entre el Estado y privados. Será hasta 180 días después de la publicación de la nueva legislación en que se dará a conocer la reglamentación específica en torno a las formas que tendrá la autoridad de poner fin a la participación de algún actor de la industria petrolera.
Así lo explicó Víctor Hugo Juárez, socio de la consultora energética Edge, quien recordó que la prioridad en exploración y extracción petrolera serán los trabajos de Pemex y en orden jerárquico se le darán áreas petroleras mediante asignaciones, que podrá migrar a contratos propios o mixtos eligiendo a su socio y sólo al final se buscará que privados operen solos en el país.
Así, todas las actividades que lleven a cabo los actuales operadores que obtuvieron contratos mediante licitaciones en el último sexenio priísta contarán con una estricta revisión de la Secretaría de Energía, que tiene como obligación una política energética que beneficia a Pemex. A la vez, la Comisión Nacional de Energía (CNE) sustituirá en materia de revisión de actividades de programas mínimos de trabajo al anterior regulador y el Fondo Mexicano del Petróleo, junto con la Unidad de Ingresos de Hacienda, establecerán la imposición y seguimiento de contraprestaciones que se deberán pagar.
“Al final Pemex mismo estará evaluando la actividad de todos los actores del sector, porque su conveniencia e intereses están por encima de todas las demás actividades. Tanta supervisión implica demasiada presión para las empresas que invertirán con cautela, como es lógico”, dijo el experto.
Si bien se adelgaza la burocracia y se espera una reducción de trámites con mayor velocidad, también se verá que serán quienes estén cercanos al gobierno los que recibirán contratos o permisos para las actividades del sector, porque toda gira en torno a los intereses de Pemex.
A su vez, Óscar Moreno, socio del despacho Pérez-Llorca en el área de Proyectos, Energía e Infraestructura, explicó que los contratos y permisos existentes se van a respetar, con lo que puede existir cierta tranquilidad para las empresas.
“Por lo menos las reglas se van aclarando, ya se tiene un panorama más amplio de lo que puede y no hacer la industria y cómo invertir”, dijo, “sólo falta una reglamentación adecuada”.
Por: Karol García
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