Los políticos estadounidenses no se preocupan por los efectos del cambio climático y ahora los canadienses se han distanciado de las obligaciones del Protocolo de Kyoto
Poca importancia brinda Estados Unidos al grave problema del cambio climático, aseveró el doctor Donald Zillman, profesor de la Universidad de Maine, durante su participación en la Conferencia Internacional Los alcances de la reforma energética: Modelos internacionales de regulación energética.
Al dictar la ponencia La regulación del sector energético en los sistemas jurídicos del common law: el caso de Estados Unidos, en la Unidad Azcapotzalco, el especialista en derecho energético y militar remarcó que una porción importante de los miembros del congreso y líderes políticos son escépticos respecto al tema.
Ellos desechan las evidencias científicas que determinan que aproximadamente 60 por ciento del cambio climático es producto del consumo de combustibles fósiles.
Por ello, poder alcanzar un consenso sobre una solución al tema es difícil, el proceso político está severamente fraccionado, entre los partidos, las propias atribuciones del presidente y las del congreso.
El especialista expuso que tanto el gobierno federal, los estatales y los condados juegan un papel determinante en materia energética respecto a la toma de decisiones regulatorias sobre la explotación de los recursos.
A diferencia de la mayoría de las naciones en el mundo, los Estados Unidos reconoce la propiedad individual privada sobre cualquier recurso natural: petróleo, gas, uranio y carbón, entre otros.
Los recursos energéticos y mineros son propiedad de un individuo por el simple hecho de estar localizados en su terreno, no son públicos, no son del gobierno; por lo tanto, la mayoría de las atribuciones contenidas en la Ley de Propiedad es para los estados que definen los tipos de contratos y responsabilidades.
Por su parte el gobierno federal, a través de su congreso, ejerce derechos sobre las actividades del comercio interestatal, los gastos de recursos, control de la tierra propiedad de la nación; define los derechos de propiedad y los hace cumplir, dispone reglamentos y leyes de protección ambiental; impone medidas de seguridad y salud de la industria como el control de los precios.
El gobierno federal destaca como un importante activista al facilitar ayuda financiera a los individuos propietarios para que desarrollen las actividades energéticas con subsidios y beneficios fiscales, entre otros.
El doctor Alastair Lucas, investigador de la Universidad de Calgary, coincidió con el doctor Zillma en que si bien los políticos estadounidenses no se preocupan por los efectos del cambio climático, ahora los canadienses se han distanciado de las obligaciones del Protocolo de Kyoto.
Canadá es una nación con un sistema federal flexible, el gobierno federal y las provincias comparten los aspectos regulatorios de la industria petroquímica, pero estas últimas son las propietarias de los recursos naturales: tierras, gas y petróleo.
La provincia de Alberta produce 80 por ciento de los recursos petroleros y gran parte de gas, además contiene la tercera reserva más grande del mundo.
El gobierno federal regula el comercio, la inversión extranjera y define los lineamientos de protección ambiental para el control de las emisiones de efecto invernadero.
El integrante del Grupo Académico de la Barra Internacional de Abogados Sección de Derecho Energético de Canadá dijo que la explotación petrolera la realiza el sector privado con autorización de las provincias que las hace responsables de los riesgos.
Para evitar daños ecológicos y preservar los mantos freáticos, la industria es regulada, las compañías entregan sus evaluaciones de riesgos, especialmente de los pozos de extracción mediante fracturación hidráulica, estudios que conjuntamente son analizados con las autoridades responsables.
El doctor Lucas ofreció la ponencia: El régimen legal de los métodos convencionales de la explotación de hidrocarburos en Canadá.
