El Gobierno celebró este domingo el aniversario 60 de la nacionalización de la industria eléctrica, con un estatismo recargado del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desea «rescatarla» de la reforma energética «neoliberal» de 2013.
Pese a los retos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), López Obrador ha expresado su deseo de retornar a la política del expresidente Adolfo López Mateos (1958-1964), quien nacionalizó el sector eléctrico en 1960.
Para su Gobierno es «imperante» destacar la nacionalización de los bienes «que pertenecen al país», explicó a EFE la investigadora Jessica Lorena Escobar, doctora en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
«Considera que la nacionalización de la industria eléctrica es un gran hito en la historia nacional, lo que permitió el crecimiento económico de la década de los 60 y 70, sin embargo, es más complejo de lo que parece», advirtió la economista.
Nostalgia nacionalista
López Obrador confirmó la semana pasada que pidió a los órganos autónomos de energía recuperar la política de López Mateos y Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien además de fundar la CFE, nacionalizó el petróleo y creó la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex).
El actual presidente argumentó que tanto la Secretaría de Energía (Sener), Pemex y la CFE «estaban tomadas» y «en manos de particulares» cuando el nuevo Gobierno entró en funciones en diciembre de 2018.
«Lo que queremos es que sean empresas de la nación, del pueblo, en el espíritu de la política que llevó a cabo el general Cárdenas y el presidente Adolfo López Mateos», insistió en su rueda de prensa.
Tras una reunión con organismos energéticos autónomos, trascendió la renuncia de Alfonso Morcos titular del Centro Nacional del Control de Energía (Cenace), que opera el sistema eléctrico nacional.
Consecuencias comerciales
A pesar de la intención del presidente, Escobar remarcó que México está en un periodo distinto al de la presidencia de López Mateos, cuando había sustitución de importaciones, en contraste con los acuerdos comerciales actuales de México.
«Regresar al estado previo a la reforma traería consecuencias legales a nivel internacional que deteriorarían todavía más la ya frágil posición de la empresa productiva del Estado», observó la investigadora.
Además de posibles sanciones, la Concamin lamentó que la industria mexicana «paga el doble de energía» que sus competidores del nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
«La inversión ahí está, los proyectos ahí están, lo que se necesita es confianza, y por último tenemos acuerdos con los países que tenemos tratados, y no podemos violar el Estado de derecho», manifestó Alejandro Malagón, también vicepresidente de la confederación.
