Al 31 de diciembre de este año, las estaciones de servicio de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo (LP) deberán cumplir con lo establecido en los anexos 30 y 31 de la Miscelánea Fiscal para 2020. Es decir, las “Especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos”.
De acuerdo con las disposiciones legales actuales, es necesario actualizar los equipos y softwares con los que se mide la entrada y salida de hidrocarburos o petrolíferos, esto con la finalidad de brindar certeza al usuario, respecto a la cantidad de producto que obtiene.
El pasado 8 de octubre, entró en vigor la NOM-005-SCFI-2017 sobre instrumentos de medición, sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. Con esta regulación, los empresarios del sector gasolinero solicitaron prórrogas para dar cumplimiento de forma adecuada, pues debido a la pandemia por covid-19, los proveedores de equipos certificados se vieron rebasados ante la demanda creciente.
En esta ocasión, los empresarios gaseros enfrentan problemas similares. En entrevista con la ingeniera Beatriz Marcelino Estrada, directora de la consultora especializada en el sector energético, Grupo Ciita; informó que las dificultades que han enfrentado, se deben a la falta de entidades que puedan certificar dichos equipos.
“La Miscelánea Fiscal y sus anexos mencionan que deben estar cubiertos por equipos certificados, […] y no hay como tal una empresa que esté certificada con los equipos, solo dos, pero no se están dando abasto para surtir a todas las plantas de distribución de gas y estaciones de carburación”.
Asimismo, la ingeniera Beatriz explicó que, además de adquirir los equipos certificados, una unidad de verificación debe revisarlos, y otra debe certificar la correcta instalación y funcionamiento de los mismos. A pesar de que en noviembre del año pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una convocatoria de registro para realizar los trámites mencionados, a la fecha no cuentan con suficientes expertos en la materia.
Antecedentes
“Muchas plantas de distribución de gas usaban controles volumétricos másicos, por medio de básculas pesaban el combustible cuando entra a descargar. Hacen la cuenta por medio de una tara, una resta, de lo que pesa el tanque vacío y lo que pesa lleno, y esos son los kilogramos que nos están vendiendo”. De igual forma, Beatriz Marcelino afirmó que otro método de pesaje era a través de un medidor de flujo que indica el porcentaje de contenido de gas en un tanque de almacenamiento.
A partir de dichas prácticas, el SAT y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ahora exigen controles volumétricos en materia de gas LP, con equipos nuevos y tecnología como softwares, para medir el combustible. Por otra parte, la inversión necesaria va de 500 mil a un millón de pesos para estaciones de carburación, y de 2 a 3 millones de pesos para una planta de distribución de gas con dos tanques de 250 mil litros.
Tomar acciones
Según el anexo 30 de la Miscelánea Fiscal 2020, ante un incumplimiento, el empresario gasero podría hacerse acreedor a una multa millonaria, e incluso al cierre de su estación; ya que es supervisada y auditada por el SAT.
Así como sucedió con una gran cantidad de gasolineras, las estaciones de gas buscan cumplir con las regulaciones actuales y facilidades para hacerlo. Por ello, diferentes asociaciones de gas LP y consultoras especializadas trabajan para obtener una prórroga y evitar sanciones que podrían perjudicar al sector.
Actualmente, la directora de Grupo Ciita comentó que se encuentran “en fila con las dos empresas certificadoras” y que tienen “un programa de cumplimiento a agosto de 2021”; sin embargo, han sufrido retrasos por la emergencia sanitaria en la que se encuentra nuestro país.
“En el Estado de México represento a 400 estaciones de carburación, y sí está complicado por la inversión y por los equipos. Estamos viendo alianzas con otras empresas para ver la posibilidad de registrarse, sin embargo, por la pandemia no hay juntas de trabajo, no hay reuniones, no hay citas en donde se podrían registrar otras empresas para que cumplan con los requisitos y requerimientos”.
Finalmente, Beatriz Marcelino informó que una posible razón por la que no hay suficientes empresas certificadoras, es el requisito de una fianza de hasta 10 millones de pesos. Aunque hay algunas unidades de verificación acreditadas ante la Agencia de Seguridad en Energía y Ambiente (ASEA) y la CRE, la directora de Grupo Ciita asegura que “una fianza de ese tamaño, ¿en dónde la conseguimos?”
