Los gobernadores surgidos de Morena plantearon a la Cámara de Diputados “hacer historia” al aprobar la reforma constitucional en materia de electricidad y recuperar la soberanía energética, y resaltaron que aun si se reduce la intervención de la iniciativa privada en el mercado no se afectarán sus intereses.
El lunes se inició en el palacio legislativo de San Lázaro la serie de foros del parlamento abierto para debatir la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los gobernadores emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) desdeñaron la invitación a participar.
Omar Fayad, de Hidalgo, asistió en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). José Rosas Aispuro, de Durango, se conectó vía remota, pero no intervino, y el de Veracruz, Cuitláhuac García, envió a un representante. Estaba prevista la participación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien no acudió.
Así, las posturas se centraron en la defensa del proyecto por parte de los gobernantes de Morena.
La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a “dejar atrás el vergonzoso capítulo de 2013” y lamentó que, a consecuencia del desorden provocado por su fragmentación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deje de percibir decenas de miles de millones de pesos al año, el sistema eléctrico pierda robustez y una planeación ordenada.
Sostuvo que mientras la CFE tiene plantas generadoras detenidas y se mantiene la desintegración que afecta su organización administrativa y operativa, los productores privados representan ya 62 por ciento del mercado.
Evaluó que los recursos para invertir en la modernización de la empresa “saldrán de los miles de millones que hoy pierde la CFE y de un esquema de financiamiento honrado y sostenible; eso es posible”.
Representante de la Conago
A nombre de la Conago, el gobernador Omar Fayad presentó tres propuestas a los legisladores: incluir a los ejecutivos estatales en el sistema de planeación democrática del sistema eléctrico nacional, al menos con voz; incluir el derecho a la electricidad en la Constitución y que la Comisión de Energía elabore y entregue al Congreso de la Unión propuestas técnicas, sociales y políticas, “e incluso las posturas ideológicas”.
A su vez, Rutilio Escandón, de Chiapas, expuso que la reforma “no tiene el propósito de nacionalizar o estatizar la industria, sino de fortalecer a la CFE, dejando 46 por ciento de generación al sector privado, sí, pero con reglas claras. La reforma nos conviene a todos, sin distinción”.
También, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, evaluó que con la propuesta presidencial comienza un proceso crucial para salvaguardar la soberanía eléctrica y puntualizó que la participación de la iniciativa privada en el sector “se ha caracterizado por el abuso, consecuencia del típico modelo neoliberal del negocio, que concentró el beneficio en los privados perjudicando al interés público”.
Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, indicó que la alternativa es “avalar y solapar la privatización y saqueo o apoyar una reforma que fortalecerá de forma justa, equitativa y sin excesos al país y a los mexicanos”.
Por su parte, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, acusó que la reforma energética de 2013 fue “un atraco de mafiosos” y, en ese tono, expresó que incluso cuando a las compañías se les otorgan subsidios por casi 471 mil millones de pesos y tienen servida la mesa, “no pagan un pinche peso”.
Al dejar de utilizar esos fondos, dijo Sansores, se puede volver a levantar a la CFE. “A las empresas no les importa el pueblo, sólo el money, pero no las vamos a dejar en la calle. Se quedarán con 46 por ciento” del mercado.
