Durante los últimos cuatro años, el sector eléctrico pasó de ser uno de los más dinámicos en términos de inversión, y por lo tanto de crecimiento en generación de electricidad, a uno de los menos activos del país. De 2014 a 2018, la capacidad instalada del sector eléctrico pasó de 64.5 GW a 79.5 GW (creció 23.3% en cuatro años), mientras que la capacidad instalada durante la presente administración pasó de los 79.5 GW en 2019 a 86.2 GW en 2022, un crecimiento de 8.4% en cuatro años (todas las cifras son del PRODESEN).
La inversión que acompaña este crecimiento en la capacidad instalada no es nada despreciable. Si tomamos como regla de dedo que un MW de capacidad instalada representa 1.1 millones de dólares de inversión, podemos decir que durante el período de 2014 a 2018 se invirtieron en el país 16.6 mil millones de dólares en generación. Para los años de 2019 a 2022, la inversión cayó a 7,400 millones de dólares. La diferencia en la inversión es de más de 9,200 millones de dólares.
Este comportamiento no es resultado de la casualidad, sino más bien de una serie de “señales” negativas que, desde la misma Presidencia de la República, pasando por la Secretaría de Energía y los órganos encargados de la operación y regulación del sistema eléctrico se ha enviado al mercado inversionista.
La primera señal que recibieron los mercados fue la cancelación de las subastas eléctricas de largo plazo (SLP), medida a la cual el IMEF manifestó su desacuerdo. Durante el sexenio anterior se llevaron a cabo tres SLPs. La primera subasta tuvo como resultado un precio promedio de venta de energía y CELs de US$45.6/MWh, la segunda de US$33.47/MWh y la tercera de US$20.84/MWh. En comparación, el costo ponderado de generación de la CFE es de US$67.3/MWh de acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Es decir, para la CFE la compra de energía a terceros por medio de las SLPs representaba una oportunidad para fortalecer sus finanzas y sin embargo la administración ha decidido que no continuará con este mecanismo por el momento.
La segunda señal en importancia fue el cambio en los equipos de trabajo que se impuso desde la SENER a todos los órganos de control y regulación del sector eléctrico. Las sustituciones de los profesionistas del sector, incluyendo los comisionados de la CRE y la dirección del CENACE, han representado una verdadera perdida de capital humano especializado en un sector muy técnico.
La tercera señal, ampliamente conocida, es la búsqueda constante de esta administración de reformar el marco legal, regulatorio y de operación del sector eléctrico. Esta intención de modificar las reglas ha pasado de la emisión de “políticas” a la búsqueda de reformas a la constitución en materia de electricidad. Esta reforma a la Carta Magna no contó con los votos suficientes para su aprobación en la Cámara de Diputados y fue desechada. El IMEF manifestó su oposición a las reformas constitucionales en su momento, al mismo tiempo que llamaba al diálogo entre los participantes de mercado.
Es difícil predecir cuando la caída en la inversión en el sector eléctrico tendrá mayor impacto en la economía. El hecho de que no se invierta en el sector por tanto tiempo tendrá consecuencias sobre la disponibilidad en suficiencia, calidad y costo en la electricidad y, consecuentemente, en la competitividad del país en un mundo cada vez más globalizado.
Es cuestión de tiempo, en los siguientes años conoceremos las secuelas de la política eléctrica de la presente administración. Por lo pronto, es claro que estas señales hacia el sector eléctrico han tenido un efecto negativo en otras industrias. No por algo el IMEF estima una tasa de crecimiento del PIB para 2022 de 1.8%, lo cual no contribuye a alcanzar el nivel previo a la pandemia.
