En 2023, cerca de 200 países reconocieron por primera vez en una cumbre climática de la ONU la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. El compromiso, alcanzado en la COP28 de Dubái, marcó un cambio político importante, pero dejó sin resolver la pregunta más difícil: ¿cómo hacerlo?
La respuesta sigue pendiente. Mientras las energías renovables y la electrificación avanzan, los gobiernos mantienen posiciones divididas sobre cómo reducir el petróleo, el gas y el carbón, quién debe asumir los costos y, especialmente, si la transición debe incluir objetivos explícitos para disminuir su producción. Brasil intenta cerrar esta brecha con una hoja de ruta global que se presentará en la COP31, pero las diferencias muestran que el desafío ya no es reconocer el problema, sino convertir el consenso climático en decisiones económicas.
El compromiso climático existe, pero falta el plan para ejecutarlo
La COP28 incluyó por primera vez en su texto final un llamado a abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos. Sin embargo, el acuerdo no estableció mecanismos de implementación, plazos ni responsabilidades diferenciadas.
Los datos muestran la magnitud de esta brecha pues, de los 146 planes nacionales de acción climática actualizados presentados ante la ONU hasta agosto, 101 mencionan el abandono de los combustibles fósiles, pero solo 12 explican cómo hacerlo, según un análisis de la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA).
Para los líderes ESG, esta diferencia es especialmente relevante: una meta climática pierde capacidad transformadora cuando no está acompañada de una ruta de ejecución, indicadores y responsables.
El problema tampoco puede resolverse únicamente aumentando la capacidad renovable. Un país puede instalar más energía solar y eólica, electrificar sectores de su economía y, simultáneamente, mantener inversiones en petróleo y gas. Más energía limpia no significa automáticamente menos combustibles fósiles.
Producción de combustibles fósiles: el punto que divide a los países
La principal dificultad de la futura hoja de ruta está precisamente aquí. Los gobiernos coinciden mucho más fácilmente en promover energías limpias que en acordar cómo y cuándo reducir la producción de combustibles fósiles.
Brasil intentó incorporar la hoja de ruta a las negociaciones oficiales durante la COP30, pero las diferencias impidieron alcanzar un acuerdo. En su lugar, propuso elaborar durante 2026 un documento voluntario que será presentado en la COP31.
La propuesta busca abordar tanto la demanda como la producción de combustibles fósiles y concentrarse en cuatro áreas:
- reforma de la arquitectura financiera internacional
- desarrollo de capacidades
- cooperación entre países
- transición justa
El problema es que los países llegan a esta conversación desde posiciones económicas muy distintas. Rusia, por ejemplo, considera al gas un combustible de transición, mientras Noruega ha defendido que su producción de gas genera relativamente pocas emisiones. En el otro extremo, las Islas Marshall pidieron que se reconociera explícitamente la necesidad de reducir la producción de petróleo, gas y carbón, y Vanuatu reclamó un tratado vinculante para una eliminación gradual y equitativa.
La discusión revela una tensión fundamental: no todos los gobiernos entienden “alejarse de los combustibles fósiles” de la misma manera.
¿Qué debería contener una hoja de ruta útil para las empresas y los gobiernos?
Brasil plantea que el documento funcione como un marco para mostrar experiencias existentes, más que como una instrucción obligatoria. Esa decisión puede facilitar que más países participen, pero también abre una pregunta sobre su capacidad para generar cambios concretos.
Para que tenga valor práctico, la hoja de ruta necesitaría conectar tres niveles:
- Metas nacionales. Los compromisos globales deben traducirse en planes sectoriales con fechas, indicadores y responsabilidades.
- Transformación económica. Los países dependientes de los hidrocarburos necesitan recursos para diversificar sus economías y reducir los riesgos asociados con una transición acelerada.
- Implementación y seguimiento. Los compromisos deben poder medirse para distinguir entre una declaración política y una transformación efectiva.
Alejandra López, responsable de diplomacia climática de Transforma, ha advertido precisamente sobre este riesgo: la hoja de ruta no debería convertirse en un documento aislado, sino integrarse en los planes climáticos nacionales. Este punto también resulta relevante para las empresas:
En el ámbito ESG, una estrategia climática creíble ya no depende solamente de establecer una meta de emisiones. Requiere identificar qué decisiones operativas, inversiones, proveedores, tecnologías y fuentes de energía tendrán que cambiar para alcanzarla.
Los países productores enfrentan un problema que no se resuelve con una fecha
La reducción de la producción de combustibles fósiles tiene una dimensión económica que no puede ignorarse.
Kazajstán, Chad y Trinidad y Tobago, por ejemplo, dependen considerablemente de los hidrocarburos para sus ingresos por exportaciones. Para ellos, una transición energética implica también construir nuevas fuentes de ingresos y empleo.
Por eso, el financiamiento y la transición justa no son elementos secundarios de la agenda climática. Son condiciones para que los países tengan capacidad de ejecutar sus compromisos.
También existe una discusión sobre responsabilidades. Shady Khalil, estratega de políticas globales de Oil Change International, sostiene que los países del Norte Global deben demostrar liderazgo en la transición.
La cuestión de fondo es quién debe avanzar primero y con qué recursos. Sin resolverla, existe el riesgo de que los países productores argumenten que reducir su producción comprometería su desarrollo, mientras las economías más ricas continúan demandando los mismos combustibles.
¿Puede esta hoja de ruta acelerar la lucha contra el cambio climático?
La iniciativa brasileña puede ser útil si consigue convertir el compromiso político de la COP28 en una arquitectura para la implementación. Pero no será suficiente que describa lo que los países ya están haciendo.
Su verdadero valor estaría en ayudar a responder preguntas que hasta ahora siguen abiertas: qué debe reducir cada país, en qué plazo, cómo financiará el cambio y cómo se medirá el avance.
Algunos gobiernos ya están avanzando. Alemania se comprometió a eliminar gradualmente carbón, petróleo y gas natural para 2045; los Países Bajos planean casi cuadruplicar su capacidad renovable para 2040, aunque sin establecer una fecha límite vinculante para el uso o la producción de combustibles fósiles; y México está integrando su transición energética a su estructura climática existente.
Son aproximaciones diferentes a un mismo problema: pasar de incorporar nuevas fuentes de energía a transformar el sistema energético completo.
Para los líderes ESG, esta diferencia es fundamental. La transición no debería evaluarse únicamente por el crecimiento de las energías renovables, sino por si ese crecimiento desplaza progresivamente a los combustibles fósiles y modifica las decisiones de inversión, infraestructura y producción.
La COP28 consiguió que abandonar los combustibles fósiles entrara formalmente en la conversación climática global. La COP31 tendrá que mostrar si esa conversación puede convertirse en una ruta de implementación.
Porque el siguiente gran desafío climático ya no es convencer al mundo de que necesita energías limpias. Es acordar qué se hará con las energías que todavía sostienen gran parte de la economía mundial y quién asumirá el costo de dejarlas atrás.
Encuentre la nota en: https://www.expoknews.com/energias-limpias-si-menos-combustibles-fosiles-no-el-desacuerdo/
