La empresa Construcciones Industriales Tapia (CITapia) es objeto de una nueva investigación que incluye a funcionarios de Pemex por un desistimiento sobre un caso de huachicol registrado en sus instalaciones.
La empresa Construcciones Industriales Tapia (CITapia) es objeto de una nueva investigación que incluye a funcionarios de Pemex. La razón: un desistimiento de la petrolera sobre un caso de huachicol registrado en sus instalaciones.
La empresa, propiedad del magnate hidalguense Juan Carlos Tapia, se ha visto envuelta en diferentes investigaciones en los últimos años, primero por su implicación en el caso Odebrecht, así como en la creación de empresas fachada para obtener contratos en la construcción de la refinería de Dos Bocas, ambas judicializadas y en curso.
Tapia es amigo de las dinastías políticas hidalguenses, de los exgobernadores priistas de Hidalgo, Jesús Murillo Karam, Miguel Osorio Chong y Francisco Olvera, así como del saliente Omar Fayad. Participó en la campaña de José Antonio Meade en 2018 y ha sido patrocinador de campañas priistas tanto en su entidad de origen como en el Estado de México y Veracruz.
Inmerso en el escándalo Odebrecht, pues Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos, fue identificada como la persona que entregó sobornos a legisladores para aprobar la reforma energética, en tiempos en que CITapia estaba asociada con Odebrect.
Hasta hace unas semanas, parecía imposible que CITapia lograra sortear la denuncia por huachicol, delito ampliamente perseguido en los primeros meses de la actual administración federal. Pero de repente, Pemex se desistió.
El asunto judicial que no fue, se remonta a 2017, cuando la hoy Fiscalía General de la República (antes Procuraduría) inició una investigación en contra de CITapia y sus accionistas por robo de combustible del poliducto Tula-Salamanca.
La agente del ministerio público Lizbeth Benítez Pérez, a cargo de integrar la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000397/2017, determinó el no ejercicio de la acción penal contra los socios de CITapia.
Lo anterior constó en la impugnación 1/2018 que se abrió ante el Centro de Justicia, donde el juez Rogelio Alanís resolvió aceptar el carpetazo.
El caso se presentaba sólido. Conforme a la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000397/2017 había pruebas suficientes para acreditar el presunto delito. Por ejemplo, el parte policial de los agentes Víctor Villafaña y David Hernández:
“Al seguir el rastro de la manguera de hule sobre el terreno baldío a 300 metros de la toma clandestina pudimos apreciar que se introduce a la empresa Construcciones Industriales Tapia por debajo de una barda trasera que delimita dicha empresa”.
Fueron los dos federales quienes detectaron la toma clandestina el 10 de marzo de 2017, en las inmediaciones del Parque Industrial Atitalaquia, y el parte fue rendido ante la agente del ministerio público federal, Jannete Sánchez. Otro agente federal, Víctor Hugo Garduño, fue encargado de informar a Seguridad Física de Pemex, según se desprende de las actuaciones a las que tuvo acceso Proceso.
Al día siguiente se llevó a cabo el cateo, encabezado por la fiscal Sánchez, mientras que agentes federales asumieron el resguardo de las instalaciones e infraestructura localizada en la comunidad El Cardonal, propiedad de Juan Carlos Tapia, adquirido en abril de 2012.
La defensa legal de CITapia alegó ante el ministerio público que el predio estaba rentado a una señora identificada como Josefina Cervantes Rosales, para usarlo como estacionamiento nocturno y de día operaba como instalación de CITapia. La Fiscalía y Pemex aceptaron la justificación y el caso se cerró.
Juan Carlos Tapia es actualmente proveedor de estructuras de acero, tanques de almacenamiento, tubería y recubrimientos anticorrosivos para las refinerías, plantas petroquímicas y plataformas marinas. Entre otras, está inmerso en Dos Bocas, una participación en la que también se le sigue una investigación por haber simulado competencia a través de la creación de varias razones sociales durante un proceso de licitación.
Por esto último hay un procedimiento en curso en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en seguimiento a las denuncias por el uso de firmas fachada en licitaciones gubernamentales.
La sospecha de simulación fue en la competencia a la que acudieron Mexicana de Recipientes a Presión, hoy llamada Procesos Especializados y Proyectos (Proesa); también participó Manufactura Especial y Proyectos Industriales (Mepi); Procura y Proyectos Oil & Gas; Grupo Constructor Industrial Oil & Gas (GCI); MAO Corporativo, Ingeniería, Construcción y Logística, y Fabricaciones Industriales MAO, como oportunamente documentó Forbes.
Todas estas empresas están relacionadas, en tanto, el reportero pudo confirmar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda sigue el rastro de un complejo tinglado de operaciones financieras con el objetivo de identificar el destino de importantes flujos de capital.
