México tiene un gran potencial para atraer inversiones y convertirse en un gran centro manufacturero. La coyuntura geopolítica internacional nos ha dado la oportunidad histórica del nearshoring, consistente en relocalizar fábricas y centros de producción a nuestro país desde otros puntos más lejanos, como Asia.
La localización estratégica de México otorga acceso directo al mercado estadounidense – el más grande del mundo – pero también al resto de Latinoamérica. Aunado a nuestros tratados de libre comercio, nuestro bono demográfico y los bajos costos en mano de obra, México ofrece condiciones inigualables a los inversionistas.
Sin embargo, dentro de los principales retos se encuentra el tratamiento del país al sector eléctrico que ha provocado la reticencia de los inversionistas en arriesgarse por México: la insuficiencia de suministro eléctrico limpio y asequible, en cumplimiento con los compromisos ambientales del país y de las exigencias corporativas de los inversionistas; diversos obstáculos impuestos por las autoridades del sector a varios proyectos energéticos; la falta de certidumbre jurídica, y la intervención excesiva del Estado para beneficiar a la CFE.
Por ello, es necesario desmitificar las tergiversaciones conceptuales e históricas cuando se habla de soberanía eléctrica. Dentro de la propaganda de la actual Administración, se ha repetido hasta el cansancio un discurso apócrifo e inexistente en donde el presidente Adolfo López Mateos acusa que, en el futuro, malos mexicanos entregarían el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Sin embargo, no existe en ninguna hemeroteca registro de tal discurso. Es un invento del novelista Emilio Arellano en el libro Adolfo López Mateos, publicado en 2013, que no está a la venta ni ha sido reeditado.
En donde sí hay constancia del proceso de mexicanización de la industria eléctrica es en libro El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época, publicado por Antonio Ortiz Mena. El autor de este libro subraya que dicho proceso tuvo particular relevancia por dos factores: 1) permitió comenzar a ordenar el abasto de electricidad a la industria mexicana, y 2) la forma en que se realizó, mostró a los gobiernos y a los inversionistas internacionales que las políticas de mexicanización aplicadas por el gobierno atendían a razones técnico-económicas que buscaban fortalecer la economía mediante el desarrollo de la industria y no derivaban de una orientación de tipo socialista o nacionalista.
El autor describe que el sector eléctrico se encontraba bajo el control mayoritario de empresas extranjeras y que era necesario aumentar la capacidad de generación y ampliar las redes de transmisión y distribución para hacer llegar la electricidad a numerosas regiones, principalmente rurales, lo que llevó al presidente a tomar la decisión de centralizar los esfuerzos a través de la CFE y nacionalizar de manera negociada y ordenada la industria eléctrica del país.
Se desechó la vía de la expropiación, pues esta hubiera sido interpretada -en medio de la Guerra Fría- como una medida comunista que hubiera creado una situación política y económica delicada para el país, representando una reducción de inversiones extranjeras, así como fugas de capitales.
Para evitar la confrontación, se optó por comprar a las empresas eléctricas. En 1959 se logró la compra de la Impulsora de Empresas Eléctricas, subsidiaria de la estadounidense American Foreign Power (AFP). La compraventa se dio a crédito, con un precio adecuado y los recursos obtenidos por dicha venta se reinvirtieron en el país. Con la venta a crédito, se dio una señal de arreglo amigable entre las partes y con la reinversión de los recursos se mostró que la compañía mantenía su interés y su confianza en México. En el acuerdo con AFP, se estableció un procedimiento arbitral en caso de controversias.
Para el caso de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz (CLMF), de capital europeo y canadiense, la gran mayoría de las acciones estaba colocada entre el gran público inversionista y en 1960 se llevó a cabo un take-over mediante la adquisición de acciones en el mercado sin que se supiera que el adquiriente era el gobierno mexicano. La aseguradora estadounidense Prudential otorgó el financiamiento para la operación y se contó con el apoyo de múltiples bancos extranjeros para comprar las acciones del público. El gobierno mexicano también compró el resto de las empresas privadas eléctricas de menor tamaño.
Después de este proceso, el sector eléctrico contaba con 40 empresas, las cuales fueron organizadas bajo el control de la CFE. Además, en 1962, México obtuvo un crédito por parte del Banco Mundial para apoyar a la CFE y en 1963 se realizó una exitosa emisión de bonos cuyos recursos se destinaron para desarrollar el sector eléctrico. Estos éxitos refrendaron la confianza de la banca internacional y los inversionistas en nuestro país, que vieron con buenos ojos el proceso.
La mexicanización de la industria eléctrica fue un proceso técnico-económico, serio, ordenado, amigable y no confrontativo. No se satanizó al capital privado ni se esgrimieron sentimentalismos nacionalistas, como el concepto ambiguo de “soberanía eléctrica”, utilizados por la actual Administración.
Habiendo ya electrificado al país, la mexicanización de la industria eléctrica perdió su razón de ser. Sin embargo, la necesidad de fortalecer la economía, generar empleo, atraer inversiones y fortalecer la planta productiva del país es una obligación vigente del Estado. Ante la incapacidad técnica y financiera del Estado mexicano y de la CFE para desarrollar nuestra industria eléctrica por sí solas, resulta necesario contar con la participación de entidades financieras e inversionistas internacionales como eje cardinal para concretar las enormes oportunidades que ofrece el nearshoring.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, México podría atraer inversiones de hasta 35,300 millones de dólares. Será clave que se destraben los obstáculos regulatorios y burocráticos para que los privados puedan generar y vender energía limpia y barata y que la CFE desarrolle las redes de transmisión y distribución para, como sucedió durante el desarrollo estabilizador, crear un sistema eléctrico confiable que: 1) garantice el suministro a las empresas que tengan a México como casa, y 2) nos permita lograr un progreso productivo con bienestar.
*Abogado asociado senior de Santamarina y Steta especialista en temas de energía y sustentabilidad.
