El primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum pone en contradicción el fomento de una política petrolera expansiva mientras busca liderazgo ambiental regional
En pocos campos la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum cabalga en tantas contradicciones como en el combate al cambio climático. Ella, con formación de científica medioambiental que le llevó a participar en un premio Nobel, defiende un plan de soberanía energética que tiene en los hidrocarburos su carta mayor. Mientras da alas a su secretaria de Medio Ambiente para que se posicione como líder regional, destina nueve de cada diez pesos del presupuesto pensado para mitigar el cambio climático a rubros como el Tren Maya o a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Lo cierto es que el Gobierno de Claudia Sheinbaum partía de un suelo muy bajo. Su mentor y antecesor, Andrés Manuel López Obrador, nunca vio la crisis climática como una prioridad, cancelando proyectos de energía renovable a favor de los hidrocarburos. Además, su relación con las organizaciones ambientales fue hostil, a raíz de la oposición de estas a megaproyectos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec o la Refinería Olmeca de Dos Bocas. Todo en un país como México, que por su geografía y condiciones es considerado como altamente vulnerable al cambio climático.
“Todos recibimos a esta nueva Administración con esperanza y confianza, sobre todo por la gran experiencia de la presidenta en materia ambiental; y los primeros meses vimos con muy buenos ojos políticas públicas como el programa de restauración y los pactos con la industria en el tema de concesiones de agua”, alaba Anaid Velasco Ramírez, gerente de Política Pública e Investigación en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
El Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2023 fue presentado en junio de 2025. Identifica 78 sitios prioritarios para iniciar procesos de restauración ambientales en 2025 y 2026, con metas ambiciosas para 2030 como restaurar el 30% de la superficie degradada de los ecosistemas costeros, recuperar 100.000 hectáreas de bosque, limpiar las cuencas prioritarias de Tula, Lerma-Santiago, Atoyac y Río Sonora, y las presas Endhó y El Zapotillo.
“Pero luego llegaron algunos anuncios y políticas del sector energético, como el plan de Pemex que contempla el uso de fracking, que pueden poner en riesgo todo lo demás”, critica ahora Velasco Ramírez. En agosto, el Gobierno de México presentó su Plan Estratégico 2025-2035 para rescatar, otra vez, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y propone como una de sus medidas principales “reactivar la evaluación de yacimientos de geología compleja” para aumentar las exiguas reservas petroleras del país, pero la única forma es usar el fracturamiento hidráulico o fracking, una técnica criticada por ambientalistas. Otro ejemplo es el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que enlista 35 nuevas plantas de generación de energía, en el que la mayoría son para proyectos que usan hidrocarburos como el gas natural.
“Además, todas estas políticas públicas necesitan presupuesto que las lleven a la realidad y, desafortunadamente, en el presupuesto público vemos que, una vez más, el sector ambiental es castigado”, lamenta Velasco Ramírez. En política, como dice la máxima, el amor se demuestra con dinero en los presupuestos.
De acuerdo al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, México dedicará 220.000 millones de pesos para “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático”. Pero, como es costumbre desde hace un sexenio, la parte del león es para proyectos que no combaten el cambio climático, como son Infraestructura Ferroviaria para Transporte de Carga y de Pasajeros, o la Articulación de la Política de Hidrocarburos. Una muestra: La Secretaría de la Defensa se lleva el 40%, la Secretaría de Medio Ambiente menos del 4%.
“Comparado con López Obrador, que no creía en el cambio climático, estamos mucho mejor”, concede Luis Zambrano, investigador especializado en restauración ecológica de la Universidad Nacional Autónoma de México, “pero Sheinbaum le sigue apostando mucho a estas visiones muy antiguas de darle dinero a Pemex, ligándola con la identidad nacional”.
“Lo más positivo para mí es el equipo que está en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), empezando por su titular, Alicia Bárcenas, que entiende muy bien el tema ambiental, tanto en términos técnicos como en los políticos”, argumenta Zambrano. Durante el sexenio de López Obrador, la Semarnat tuvo tres titulares: Josefa González-Blanco, ecóloga más recordada por su forma de pronunciar en inglés septiembre que por su paso en la institución; Víctor Manuel Toledo, un prestigioso académico que no pudo ni supo operar políticamente; y María Luis Albores González, con un perfil mucho más social que medioambiental.
Para Zambrano, Bárcenas es la mejor secretaria que ha tenido México desde Julia Carabias, que prácticamente creó la institución en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000). “Tiene formación científica y su carrera es muy política, Sheinbaum supo escoger a una persona que entiende y que sabe bien su trabajo”. Pone como ejemplo el proyecto de un cuarto muelle para cruceros en el puerto de Cozumel, en Quintana Roo, que, aunque fue aprobado por la Semarnat, está en proceso de reevaluación tras presión popular.
Es justo Bárcenas quien está tratando de posicionar a México como un líder ambiental. Lo hizo en la Semana del Clima de Nueva York 2025, donde llamó a abandonar los modelos extractivistas; o cuando encabezó en Ciudad de México una reunión de 22 países de América Latina y el Caribe que culminó con una declaración conjunta para “llevar a cabo una transición que deje atrás los combustibles fósiles”. Pero, a la vez, Pemex y el sector energético mexicano siguen con sus planes de quemar hidrocarburos. El Gobierno de Claudia Sheinbaum trata de conjugar dos políticas contradictorias, haciendo equilibrismo entre ambas posturas. Aunque, a la hora del amor presupuestal, una reciba mucho más cariño que otra.
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