El sector de hidrocarburos en México enfrenta un incremento en el desabasto de combustible en diversas regiones de la República, atribuible en parte a las nuevas regulaciones implementadas por el gobierno federal para mejorar la trazabilidad y el control en el transporte de estos productos.
A través de los últimos años, México ha experimentado recurrentes problemas de desabasto de combustible, vinculados históricamente al robo de hidrocarburos y a ineficiencias en la cadena de suministro dominada por Petróleos Mexicanos (Pemex). Tan solo en el mes de octubre, a lo largo de la república se reportan cierres temporales de estaciones por falta de combustible.
Las nuevas regulaciones, publicadas en septiembre de 2025, establecen la obligación de incorporar un balizado mediante códigos QR de tamaño adecuado, tanto el tractor como en los tanques de almacenamiento, haciéndose obligatorio a partir de octubre. Esto permite a las autoridades verificar la trazabilidad del combustible en tiempo real. Para obtenerlos, las unidades deben contar con un permiso emitido por la CNE, en el cual se entrega la información necesaria, con un plazo de hasta 15 días hábiles para su colocación en algunos casos.
Dentro del citado contexto, cabe destacar que el proceso para solicitar un permiso con CNE por unidad puede demorar, considerando que la autoridad determina la vigencia y los requisitos, el tiempo promedio para obtener un permiso es de 2 meses.
Adicionalmente, las autoridades requieren el envío de archivos de controles volumétricos y el cumplimiento de certificados de correcta operación de programas informáticos, lo que ha derivado en multas para aquellos que no lo poseen, con sanciones que pueden alcanzar hasta 5 millones de pesos.
En un artículo previo, en Kernotek advertíamos sobre el riesgo de desabasto derivado de estas regulaciones, pronóstico que se materializa en el panorama actual. Los números oficiales no capturan la totalidad del transporte nacional de combustible, subestimando la escala real de operaciones
Las implicaciones de estas regulaciones podrían extender el desabasto si no se ajustan a la realidad operativa. El objetivo gubernamental de combatir el robo y mejorar la supervisión es válido y loable, pero la implementación acelerada ha generado descontrol y caos potencial. Una aproximación más colaborativa, donde las autoridades se acerquen al sector privado y a asociaciones especializadas, podría facilitar una planeación adecuada y el éxito de estas medidas.
Bajo este contexto las afectaciones a comercializadores no se han hecho esperar ya que éstos reportan dificultades para obtener unidades de transporte disponibles, mientras que transportistas destacan un aumento en la demanda de servicios que cumplan con las normativas, a pesar de sus costos elevados. Estas medidas, aunque buscan fortalecer la supervisión, han generado descontrol y posibles multas, lo que podría agravar la situación logística en el sector.
Platicando con un comercializador importante, ha expresado dificultades para asegurar transporte, aun teniendo producto disponible, debido a una escasez de unidades que cumplan con las regulaciones.
Por su parte, un transportista que se ha apegado a las normativas reporta que sus costos de flete eran superiores a los de competidores menos regulados, pero ahora recibe solicitudes de clientes, independientemente del precio por kilómetro. Este cambio refleja una preferencia creciente por el cumplimiento normativo ante el riesgo de sanciones.
Al respecto, recientemente diversos especialistas han señalado que el número de unidades registradas en la plataforma gubernamental no refleja la realidad operativa. Por ejemplo, transportistas en la Ciudad de México han reportado tener solo 10 unidades inscritas en el portal, pero utilizan hasta el doble para satisfacer la demanda, un hecho que ha impulsado prácticas como el uso de vehículos no registrados para evitar interrupciones.
En un evento reciente, la licenciada Alicia Zazueta analizó un aspecto clave: aunque las unidades de transporte deben integrar GPS, esta obligación no se extiende a los contenedores o tanques que contienen el hidrocarburo. Esta discrepancia plantea interrogantes sobre la precisión en la localización real del producto, ya que el registro del tractor no garantiza la posición del combustible. En México, prácticas comunes incluyen el hostigamiento a transportistas por parte de autoridades durante investigaciones de cumplimiento, agravado por desinformación. Asociaciones del ramo, como AMPES, ofrecen conocimientos para apoyar al gobierno en esta transición, promoviendo implementaciones que equilibren seguridad y eficiencia logística. Sin intervenciones adicionales, el sector podría enfrentar mayores disrupciones, afectando la distribución nacional.
