“Si el nivel del calentamiento global aumenta, en términos concretos implicará que las principales ciudades estarán bajo el agua, habrá olas de calor sin precedentes, tormentas atemorizantes, escasez de agua generalizada y un millón de especies de plantas y animales se extinguirán”. Palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que resumen los graves problemas que enfrenta el planeta como consecuencia de la quema de energías fósiles, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera no puede procesar. Sin embargo, 95 por ciento de las muertes por efectos climáticos se produjeron en los países del Sur global, subdesarrollados, responsables de 10 por ciento de las emisiones. En cambio, los países del Norte global, desarrollados, presentaron efectos marginales, pero fueron responsables de 90 por ciento de las emisiones. La población del Norte global consume 86 por ciento de los recursos, y las poblaciones del Sur global, 14 por ciento.
Recordar que a partir del libro Los límites del crecimiento del Grupo de Roma, en 1972, se despertó conciencia sobre el modelo de crecimiento y la crisis ambiental. En la década de los 90 se realizó el primer acuerdo internacional Convenio Marco sobre Cambio Climático (COP) de la Organización de Naciones Unidas, cuya COP30 se realizó hace unas pocas semanas en Belén, Brasil. A partir de entonces, se han hecho diversas propuestas tratando de alcanzar acuerdos para reducir la explotación excesiva de las energías fósiles.
Una fue la “sustentabilidad”, que plantea la necesidad de transformar el modelo de desarrollo porque la naturaleza requiere protección y uso racional. La crítica a esta proposición es que las corporaciones se apropiaron del modelo y se siguieron infringiendo los límites ambientales. Otra ha sido el “decrecimiento”, que plantea limitar producción y consumo, sin duda un desafío cultural, y sostiene que hay que pensar el bienestar más allá del crecimiento económico. La crítica es que ante un mundo tan desigual, no se puede pedir a países que no han alcanzado ni siquiera los mínimos de bienestar que “reduzcan lo que no generan”.
Finalmente, se plantea el modelo “descarbonizar”. Se trata de remplazar tecnologías intensivas en carbono por alternativas limpias y así transitar hacia las energías renovables.
Las energías renovables dependen de la extracción de minerales básicos y metales de tierras raras, cobalto, litio, cobre, níquel, y son los países del Sur global que, en un 70 por ciento, poseen esos recursos. Sin embargo, quienes acaparan la transición a las energías renovables son individuos, empresas y países ricos del Norte global, los que para obtener los recursos estratégicos, reproducen los patrones coloniales. Es decir, el Programa Verde supone un flujo ilimitado de recursos estratégicos baratos del Sur global, que queda relegado al extractivismo depredador, de despojo y saqueo, sin consentimiento de las comunidades ni respetando propiedad ni derechos. Es decir, repitiendo las asimetrías y la dependencia sur/norte capitalista.
Por ejemplo, África en 2023 exportó 150 mil millones de dólares en materias primas, pero 75 por ciento de esa riqueza se facturó fuera del continente; América Latina posee 70 por ciento del litio, cobre, hierro, bauxita, petróleo, oro y cereales, pero no controla el precio ni la cadena productiva (M. Herrera Kahn), y explica fenómenos tan patéticos como que en Níger los niños estudian a oscuras mientras que su uranio ilumina París, o que en la República Democrática del Congo las minas de cobalto y coltán se incrementan, así como la explotación infantil.
México es uno de los principales productores de 22 minerales, incluidos nueve que son críticos para la transición energética (Camimex), lo que explica el interés de diversas entidades por el país. Por un lado, el gobierno ha señalado a las inversiones extranjeras directas (IED) que justamente piensan dirigirse a las energías, sin embargo, debe considerarse que esas IED implican violencia, trabajo forzoso, daño medioambiental, además de que se niegan a transferencias tecnológicas o de conocimientos. Tenemos, por otro lado, las presiones de funcionarios del Servicio Geológico Mexicano (SGM) y de la Camimex para que la iniciativa privada regrese a la explotación minera, lo que debe también ponerse en cuestión porque para ellos “la minería es esencial para las cadenas de valor del T-MEC”, es decir, Estados Unidos, los intereses privados, pero no para México, que se encuentra en el peldaño más bajo de la cadena, reforzando su papel dependiente y asimétrico. En realidad, se requiere dar prioridad al sector público con objetivos climáticos y de desarrollo y no utilizar el dinero público para garantizar beneficios privados (Oxfam).
Las estrategias para enfrentar la crisis climática fracasan porque el sistema capitalista no produce para satisfacer necesidades, ni busca superar la desigualdad, ni la pobreza, sino su permanencia al costo que sea.
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