La reexportación de gas desde Estados Unidos abre oportunidades fiscales e infraestructura, pero también presión sobre precios eléctricos y mayor vulnerabilidad energética.
México comienza a figurar en el mapa global del gas natural licuado no como productor, sino como plataforma logística. En distintos puntos del país se alistan proyectos de reexportación de gas que llegará desde Estados Unidos por gasoductos, se transformará en estado líquido en terminales de licuefacción y se enviará por vía marítima a otros mercados, principalmente Asia.
La lógica de negocio se apoya en la ubicación geográfica, la creciente demanda asiática de GNL y la abundancia de gas estadounidense. Para México, el papel sería el de un eslabón intermedio en la cadena, con inversiones en infraestructura, operación de terminales y servicios asociados.
El interés por este modelo ha ido en aumento, pero también ha abierto un debate sobre su conveniencia económica, social y ambiental. El Natural Resource Governance Institute analizó recientemente estos proyectos en el estudio México como reexportador de gas natural estadounidense’, donde expone beneficios potenciales y riesgos relevantes.
Beneficios económicos y de infraestructura
En el lado positivo, los proyectos de reexportación implicarían inversión privada, ingresos fiscales y desarrollo de infraestructura energética. Las terminales de GNL, los gasoductos y las instalaciones portuarias ampliarían la capacidad del sistema energético nacional y reforzarían la conectividad con los mercados internacionales.
Desde la perspectiva fiscal, el análisis de NRGI señala que “los operadores de terminales de GNL en México pagarían al gobierno federal impuesto sobre la renta (ISR), impuestos sobre nóminas, derechos portuarios y de procesamiento de gas, así como cuotas únicas por permisos y trámites aduaneros. Los gobiernos estatales y municipales podrían cobrar sus propias cuotas, especialmente por permisos e impuestos prediales”.
Sin embargo, la magnitud de esos ingresos es incierta. “No obstante, es difícil predecir montos específicos, ya que el gobierno federal no ha revelado, ni siquiera de forma general, cuánto espera obtener de las reexportaciones”, expone el documento.
Otro beneficio potencial recaería en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La empresa podría obtener ingresos al suministrar el gas natural que hoy importa desde Estados Unidos a las terminales de licuefacción, aunque se trata de flujos todavía no garantizados.
La CFE ha señalado que, de abastecer al proyecto Altamira FLNG 1 mediante su gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, podría lograr ganancias de hasta 500 millones de dólares en un periodo de 15 años, una de las cifras más citadas a favor del esquema.
La generación de empleos aparece como otro incentivo, aunque con un alcance limitado. Las terminales de GNL no requieren grandes plantillas de personal en su etapa operativa, por lo que el impacto laboral se concentraría principalmente durante la construcción.
El desarrollo de infraestructura, particularmente de gasoductos, resulta atractivo para el país al ofrecer mayor flexibilidad y capacidad en el sistema de transporte de gas. No obstante, estos proyectos suelen enfrentar retos ambientales y sociales que complican su ejecución.
El contexto energético de México añade complejidad. El país es deficitario en producción de gas natural y depende de importaciones de entre 60 y 70% del consumo nacional, que proviene mayoritariamente de Estados Unidos.
La caída en la producción de hidrocarburos tras el declive de Cantarell redujo la disponibilidad de gas nacional y limitó la estrategia de llevar la molécula a nuevas regiones para impulsar industria y generación eléctrica.
Riesgos energéticos, ambientales y sociales
Desde esta perspectiva, uno de los principales riesgos de la reexportación es profundizar la dependencia del gas estadounidense. En un entorno donde el consumo interno ya representa un desafío para la seguridad energética, cualquier contingencia que eleve precios o reduzca disponibilidad tendría efectos directos en México.
A ello se suma el impacto potencial en los costos de la electricidad. “Diversos análisis del gobierno estadounidense y también independientes han advertido que expandir las exportaciones de GNL, ya sea desde Estados Unidos o México, elevará los precios del gas y la electricidad a ambos lados de la frontera”, advierte el estudio.
El texto añade que “un conjunto complejo de factores, con fuertes variaciones regionales y temporales, ya está impulsando al alza los precios de la electricidad en Estados Unidos, siendo los costos del gas natural una parte clave de la ecuación”.
Los impactos climáticos constituyen otro frente de oposición. Aunque el gas natural emite menos que otros combustibles fósiles, no deja de ser contaminante, especialmente si se considera la cadena completa de transporte, licuefacción y envío transoceánico.
NRGI también subraya riesgos sociales y ambientales a nivel local. “En México también han alertado sobre los posibles impactos locales de los proyectos de reexportación. Algunos prevén despojo de tierras y un agravamiento de los conflictos sociales alrededor de las nuevas terminales de GNL, incluso en comunidades indígenas y vulnerables”.
El instituto advierte además que “el tráfico de buques de GNL podría dañar a ballenas migratorias y otras especies marinas en peligro de extinción en áreas ecológicamente sensibles como el Golfo de California, así como alterar las industrias del ecoturismo y la pesca comercial, que ya enfrentan dificultades”.
En términos de avance, de los 15 proyectos de reexportación de gas natural contemplados en México, solo uno se encuentra en operación: Altamira FLNG 1, de New Fortress Energy. Energía Costa Azul, de Sempra, está en construcción y se prevé que entre en operación en 2026.
El resto de los proyectos aún no cuenta con decisiones finales de inversión y algunos, como Saguaro, ya enfrentan litigios que buscan frenar su desarrollo. Para NRGI, aunque estas iniciativas podrían revitalizar infraestructura y economías locales, los efectos negativos podrían superar los beneficios, por lo que el país requiere un debate más amplio antes de consolidarse como reexportador de gas natural.
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