México tiene reservas enormes de gas shale pero importa casi todo el que consume. La fracturación hidráulica podría cambiar eso, aunque a un costo que el país quizás no puede permitirse.
México es el sexto país del mundo con mayores reservas de gas shale, y aun así importa el 75% del gas natural que consume, casi todo desde un solo proveedor: Estados Unidos. La magnitud del problema se vuelve patente cuando se considera que, en 2024, el 60% de la energía del país se generó en centrales de ciclo combinado que funcionan con ese mismo combustible. Esa dependencia, que en tiempos normales podría tolerarse, se ha vuelto políticamente insostenible en un contexto de tensiones con el vecino del norte, y el gobierno de Claudia Sheinbaum busca resolverla explorando la fracturación hidráulica (fracking). El 15 de abril, la presidenta presentó al grupo de académicos que en dos meses emitirá sus recomendaciones sobre la viabilidad de la técnica.
Con todo, dentro de la paradoja a veces hay ocasión de ventaja. En regiones como la cuenca Pérmica (Permian Basin), en Texas, la sobreproducción de gas derivada del fracking ha sido tal que, en ciertos momentos, los precios han caído a niveles negativos, lo que implica que los productores pagan por deshacerse del gas. Es ese gas, el más barato del mundo, el que cruza la frontera hacia México.
La fracturación hidráulica (o fracking) es una técnica de extracción de gas natural y petróleo que consiste en ejercer alta presión en formaciones rocosas profundas para liberar los hidrocarburos atrapados en ellas. Ha sido un método utilizado desde 1950. Sin embargo, en las décadas de 1990 y 2000 surgió el boom del shale debido a avances tecnológicos que permitieron que, al menos en Estados Unidos, la producción de gas natural creciera del 7% al 70% de 2007 a 2018, consolidándolo como el primer productor de gas natural a nivel mundial.
Desde entonces, ha prevalecido la controversia en torno a los impactos ambientales y sociales del fracking frente a sus beneficios económicos y geopolíticos. Para México, esta no es la excepción. En 2014, a raíz de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, se impulsó la explotación y exploración del gas e hidrocarburos, lo que derivó en la apertura de más de 33,000 pozos. De ellos, más de 8,000 pozos han sido sometidos a procesos de fracking en el país, principalmente en Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León (de acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos).
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y la misma presidenta Claudia Sheinbaum expresaron su oposición al fracking en distintos momentos, en 2026 la discusión resurge en un contexto de tensiones geopolíticas con Estados Unidos. La dependencia de México del gas importado ha reactivado el debate sobre si el país debería apostar por el fracking como vía hacia la soberanía energética.
¿Qué es el fracking?
Debajo de la superficie terrestre se encuentran enormes reservas de gas natural que durante décadas fueron inaccesibles. Hoy, una tecnología conocida como fracturación hidráulica permite extraerlas. Un pozo de fracking puede instalarse prácticamente en cualquier lugar donde exista gas natural. Todo comienza con la perforación de un conducto vertical (el pozo) que atraviesa distintas capas de sedimento. Al alcanzar profundidades de entre 2,500 y 3,000 metros, el pozo llega a su punto de desvío: ahí comienza la perforación horizontal. En ese punto, la trayectoria gira 90 grados y se extiende hasta 1.5 kilómetros a lo largo de una capa densa y compacta conocida como roca de lutita (shale). Después, se introduce una herramienta de perforación que dispara cargas explosivas controladas, creando pequeñas perforaciones que atraviesan el revestimiento del pozo y penetran la roca.
Meses después de la perforación inicial, el pozo está listo para la fase clave: el fracking. En esta etapa, se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y compuestos químicos. La presión es suficiente para fracturar la roca, generando grietas por las que el gas y el petróleo atrapados pueden liberarse. El fluido utilizado es, en más de un 90%, agua. El resto consiste en aditivos químicos que varían según las condiciones del yacimiento, pero que suelen cumplir tres funciones principales: ácidos que disuelven minerales y limpian el conducto, compuestos que reducen la fricción para facilitar el flujo (conocidos como slickwater), y biocidas que evitan el crecimiento bacteriano. A esta mezcla se le añade arena o arcilla, cuya función es mantener abiertas las fracturas incluso después de que la presión disminuye, permitiendo que los hidrocarburos sigan fluyendo.
Según un reporte de 2011 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), México cuenta con 545 billones de pies cúbicos de recursos de gas shale recuperables, posicionándolo como el sexto país a nivel mundial con mayores reservas. De estas reservas, las cinco regiones con mayor condensación de lutita están en las cuencas de Chihuahua, Sabinas-Burro-Picachos (desde Ciudad Juárez hasta Coahuila), Burgos (Nuevo Laredo hasta la mitad de Nuevo León), Tampico-Misantla (sur de Tamaulipas hasta Xilitla) y Veracruz. Pero hay un detalle importante: gran parte de estas cuencas se ubican en el norte del país, una de las regiones con mayor estrés hídrico en México. Por cada pozo, se puede requerir entre 2 y 5 millones de galones de agua en cuencas de gas shale estándar, y puede superar los 10 millones en operaciones más intensivas. De acuerdo con el Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua, alrededor del 67% de los municipios en Chihuahua presentan algún grado de sequía, 56% en Tamaulipas y 25% en Nuevo León. Estas cifras reflejan una presión creciente sobre los recursos hídricos en regiones donde se concentra el potencial de gas shale.
Impacto ambiental del fracking
Quizá el impacto más discutido del fracking es su alto consumo de agua y el riesgo de su contaminación. Aunque el ciclo de vida de un pozo puede ser de cinco a 20 años, la mayor parte del gas se extrae en los primeros tres, lo que implica una alta intensidad de recursos en un periodo relativamente corto. Además, durante el proceso, solo una fracción del agua inyectada durante el fracking (estimada entre 10 y 50%, según estudios de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) regresa a la superficie. El resto permanece en el subsuelo, atrapado en la formación geológica. Además, existe la posibilidad de que una de las fracturas en el subsuelo inducidas alcance un acuífero, contaminando el agua local de comunidades. Tal fue el caso de Pensilvania entre 2011 y 2014, donde se documentó la contaminación de acuíferos y pozos de agua potable debido a filtraciones de metano y fallas en la integridad de los pozos.
El gas shale suele estar formado casi en su totalidad por metano. Este es un gas de efecto invernadero 80 veces más contaminante que el CO2, y un acelerador del calentamiento global. Esto quiere decir que cualquier fuga de metano durante la perforación, fracturación y producción es mucho más nociva que los gases que se generan posteriormente durante su combustión. Estudios sobre el gas shale en Estados Unidos han mostrado que la sustitución del carbón por gas natural contribuyó a una reducción en las emisiones de CO2, porque es un combustible que emite menos CO2 por unidad de energía generada. Sin embargo, que el gas natural proveniente del fracking sea menos contaminante que el carbón no implica que sea una solución sostenible, sino, en el mejor de los casos, una alternativa intermedia dentro de un sistema que sigue dependiendo de hidrocarburos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la expansión del fracking en México podría generar entre 1.04 y 1.33 millones de toneladas de CO2 equivalente adicionales al año hacia 2030. Aunque esta cifra representa menos del 0.2% de las emisiones totales del país, equivale a cerca del 2% de las emisiones del sector petróleo y gas. En un contexto donde la prioridad es reducir emisiones, incluso incrementos relativamente pequeños obligan a cuestionar si esta es la dirección correcta.
¿Existe el fracking sustentable?
Existen opiniones mixtas sobre la evolución de los métodos del fracking hacia tecnologías más amigables con el medio ambiente. En los últimos años, la industria ha incorporado mejoras como la reutilización de agua residual en nuevos pozos a través de tratamiento de aguas residuales, el uso experimental de fluidos alternativos (como CO2 espumado en lugar de agua), y la adopción de sistemas de monitoreo en tiempo real que buscan detectar fugas y optimizar el proceso. Sin embargo, la academia y reportes oficiales no son consistentes en los resultados presentados en sus análisis. Por ejemplo, un artículo de Science Advances encontró que, en las principales cuencas shale de Estados Unidos, el uso de agua por pozo subió hasta 770% entre 2011 y 2016, mientras que el agua residual generada en el primer año subió hasta 1,440%. Además, la intensidad hídrica por unidad de energía también aumentó en las cuencas analizadas.
Esto abriría el debate. Habrá quien diga que, si incluso Estados Unidos, con alta capacidad institucional y tecnológica, no ha resuelto el problema del agua en el fracking, la transferencia de este modelo a contextos con menor capacidad regulatoria y mayor vulnerabilidad hídrica (como México) implica riesgos significativamente mayores.
La evidencia disponible no muestra que el fracking haya dejado de implicar riesgos ambientales. Lo que sí muestra es una mejora incremental en prácticas de mitigación. La pregunta, entonces, no es solo si el fracking puede evolucionar a hacerse más sustentable, sino si su desarrollo desvía tiempo, inversión y atención de la transición hacia fuentes de energía verdaderamente limpias.
El dilema de si existe el “fracking sustentable” no es exclusivo de México. Diversos países han optado por prohibir el fracking ante sus riesgos ambientales, sin que ello haya implicado renunciar a su seguridad energética. Francia, por ejemplo, mantiene una de las matrices energéticas más estables de Europa apoyada principalmente en energía nuclear; Alemania y Dinamarca, por su parte, han apostado por una expansión acelerada de energías renovables como la eólica y la solar, combinada con políticas de eficiencia energética.
Aunque cada caso responde a contextos distintos, estos ejemplos muestran que la soberanía energética no necesariamente depende de explotar hidrocarburos no convencionales, sino de la capacidad de construir sistemas energéticos resilientes, diversificados y menos intensivos en carbono. En ese sentido, el debate en México podría ir más allá del fracking y centrarse en cómo aprovechar ventajas como su potencial solar y eólico, entre otras, para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.
A diferencia del gas natural, tecnologías como la solar, la eólica o el almacenamiento energético no dependen de la extracción intensiva ni generan emisiones de CO2 directas. Sin embargo, los retos asociados a la integración, como su carácter intermitente y la necesidad de cubrir la creciente demanda energética del país, han desviado la conversación hacia el uso de fuentes fósiles como respaldo, en lugar de acelerar la transición hacia energías limpias.
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