La incorporación del tema energético al TLCAN podría también ser utilizada por otros grupos de interés para negociar la supervivencia del acuerdo
La tesis que guía este trabajo es, que la administración del presidente Donald Trump modifica el status quo de Estados Unidos y del mundo a partir de la ruptura de paradigmas geopolíticos preestablecidos. Su estrategia parte desde EU (la empresa de este CEO) pero se extiende al mundo con consecuencias geopolíticas, de seguridad energética y seguridad ambiental de largo plazo. Este cambio de rumbo es visible en el repliegue de los compromisos al Acuerdo de París contra el cambio climático y en la política energética internacional estadounidense, sobre todo hacia Rusia.
Mientras que con el expresidente Barack Obama la lucha contra el cambio climático era una prioridad, el advenimiento de la nueva administración republicana ha modificado dicho orden en favor de las ganancias de corto plazo de las empresas estadounidenses y en detrimento de la seguridad ambiental del planeta. Bajo la perspectiva de negocios del presidente Trump, la regulación es vista como un costo y como una carga, un obstáculo a eliminar, por lo que propone cambios en los diseños de política energética; la considera una restricción, una barrera a la producción de energía, lo que llevará a dar marcha atrás a los compromisos internacionales (el Acuerdo Climático de París) y nacionales en esta materia, ya que EU se había comprometido a reducir entre un 26 y un 28 por ciento sus emisiones para 2015.
Las convicciones de Trump no tienen en este campo una base estrictamente científica. Más aún en su plataforma oficial, los republicanos argumentan que no se ha probado científicamente la existencia del cambio climático. Por ello, durante su contienda presidencial, Trump expresó que el cambio climático era un “engaño” perpetrado por China, para hacer que los Estados Unidos no fuesen competitivos.
En uno de sus discursos, Trump dijo que ahorraría a los contribuyentes estadounidenses cien mil millones de dólares en más de ocho años, recortando los gastos federales invertidos en medidas contra el cambio climático. “Colocaremos a Estados Unidos en el primer lugar”, gritó Trump a la muchedumbre. El cambio climático es parte del objetivo de “hacer a América grande otra vez”.
Esta postura recibe el respaldo del Partido Republicano, que en julio de 2016 prometió anular los límites nacionales de emisión de carbono de las centrales eléctricas aprobados por Obama. Sin embargo, este giro de política ha generado gran preocupación en organizaciones ambientalistas, comunidad científica y en la ciudadanía en general, aunque aún no es claro si EU va a salir completamente o no del Acuerdo de París, en caso de ser así, socavaría toda una década de diplomacia en materia de cambio climático, lo que previsiblemente le significará consecuencias en la agenda internacional, particularmente con China (el otro líder internacional).
Para apoyar su decisión, la administración de Trump está tomando acciones como suprimir la información sobre la evidencia científica del cambio climático en el internet a fin de justificar su retiro. Ha designado como Director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente a Scott Pruitt, un escéptico del cambio climático y un fiel aliado de las petroleras.
Este giro representa dar marcha atrás a las órdenes ejecutivas de la administración de Obama en favor de regular las emisiones provenientes de plantas eléctricas. En junio de 2013, Obama liberó el Plan de Acción del Clima y dirigió estándares para las emisiones de bióxido de carbono para las plantas eléctricas existentes. En junio 2014, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) propuso estándares y la legislación conocida como Clean Power Plan que estableció objetivos individuales para las emisiones promedio de las plantas eléctricas. También en materia de electricidad, Obama aprobó la Ley de Seguridad Física de la Red Eléctrica. Con la nueva administración son previsibles nuevos precios y modelos regulatorios para acomodar la energía distribuida y las emisiones.
También se verán afectados los estándares CAFE (Corporate Average Fuel Economy), cuyo objetivo es mejorar el promedio de la economía de combustibles de autos y camiones ligeros; así como las regulaciones relacionadas por EPA y el reglamento de las Aguas debido a su orientación a proteger el aire y el agua. Estas dos últimas acciones contrastan con el ímpetu de Trump en favor del mercado energético, por lo que es previsible su liquidación.
Pese al poder del actual presidente, alcaldes y gobernadores en Estados Unidos han dicho que van a continuar con las medidas contra el cambio climático.
Política petrolera internacional
La política internacional de la actual administración es resultado de la “revolución energética”, que constituye el factor de impulso para el mantenimiento del poder y su vocación competitiva frente a potencias rivales. En este contexto, destacan los reacomodos geopolíticos de EU que constituyen un giro de 180 grados respecto a su política exterior y no sólo al de la administración de Obama, incluso desde la guerra fría. Una ruptura del paradigma anterior lo constituye el acercamiento a Rusia, enemigo histórico de EU y sus aliados, con el que ahora se vislumbra la posibilidad de cooperación económica. Por lo anterior, encuentra a cada paso numerosos obstáculos resultantes de las propias inercias y creencias enquistadas en el establecimiento en Estados Unidos.
La nueva geoestrategia surgiría del reconocimiento de que Washington ya no puede imponer su hegemonía en todo el mundo, ya no es el poder imperial global; aunque sigue siendo una potencia política, económica y militar. La unipolaridad prevaleciente después de la caída de la ex Unión Soviética, estaría llegando a su fin ante el surgimiento de China y de Rusia como potencias, que ocurre a la par de una debilitada Europa. Lo que estaría haciendo la administración republicana sería reconocer una multipolaridad de facto como la nueva realidad del sistema internacional.
En este contexto, EU define claras preferencias a formar un G2 con Rusia. Este movimiento también refleja el reconocimiento de China como su verdadero rival. Por ello, al extender la mano a Rusia buscaría fracturar la alianza que ésta tiene con China, que representa un serio desafío en términos de poder para los Estados Unidos. Esta coalición tuvo su concreción en un acuerdo de cooperación para la venta de gas ruso a China con importancia geopolítica y económica (además, la transacción será en yuanes y no en dólares).
Otro antecedente preocupante para Washington es el Acuerdo de Shanghái del que forman parte India, Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán y, por supuesto, China y Rusia en donde la energía tiene un papel relevante.
El acercamiento a Rusia tendría también otros dos objetivos para EU: 1) una alianza para la lucha conjunta contra el Yihaidismo (ISIS) y; 2) posibles alianzas en materia energética para realizar proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en Siberia, el Ártico, en colaboración con la empresa Rostneft. Esta cooperación bilateral también podría localizarse en el propio territorio estadounidense en la parte del Golfo de México y en Oklahoma, el premio que se ofrece a Rusia por esta alianza, sería parte del mercado europeo para seguir colocando su gas natural. El tema energético tiene así un papel fundamental por el interés anglo-estadounidense para acceder a recursos y actividades corriente arriba en Rusia.
En contraste, la confrontación abierta entre China y Estados Unidos, incluyendo la energía, tienden a profundizarse. Existe, desde hace algunos años, un diferendo entre EU y China relacionado con la propiedad de unas islas artificiales denominadas Spratley, construidas por China y próximas a su territorio. EU ha enviado buques de guerra para que China no se acerque y esto ha subido el nivel de tensión en la región.
Tras el aumento de las tensiones entre ambos países en la zona de disputa, un diario chino advirtió: “No es un lugar para que Estados Unidos se comporte de manera imprudente”, ya que a principios de febrero del 2017 la Marina estadounidense desplegó el grupo de ataque del portaviones USS Carl Vinson y el destructor de misiles guiados USS Wayne E. Meyer para realizar “operaciones de rutina” en el mar de la China Meridional. La Cancillería china calificó de “amenazante y dañino para la soberanía y seguridad de los países litorales bajo la bandera de la libertad de navegación y sobrevuelo” el despliegue de EU. La disputa tiene como fondo la existencia de importantes reservas petroleras en esta localización.
Otro cambio paradigmático en la geoestrategia internacional de Washington tiene que ver con México. Hasta la administración de Obama, el país era considerado como socio en la integración económica, amigo y proveedor confiable de energía. En razón del proyecto electoral del presidente Trump, México adquiere un carácter dual para EU. Por un lado, se le ve como el causante de todos los males que aquejan a ese país (migración ilegal, fuga de empleos, déficit comercial), visión derivada de un análisis superficial, oportunista y racista diseñado para avanzar los intereses de EU, aprovechando su posición de poder en la relación bilateral. Por otro, México sigue siendo parte importante en el proyecto de integración de América del Norte, particularmente en materia energética, ya que le permite acceder a los recursos mexicanos, a sus mercados, terrenos y a su territorio para que sus corporativos se extiendan también a Centroamérica. El proyecto energético constituye un pilar para mantenerse como una potencia (Powerhouse). La continuidad de la agenda energética bajo la actual administración se hace posible, pues el tema tiene una agenda bipartidista (la apoyan demócratas y republicanos) y la abanderan los mismos grupos económicos que trabajan en torno a la propuesta de América del Norte. Pese a la retórica antimexicana, los centros de pensamiento en Washington continúan delineando la integración energética como si nada pasara y con el propósito de fortalecer la seguridad energética continental y la cooperación en asuntos energéticos internacionales.
Lo anterior, a partir del fortalecimiento de la infraestructura energética de una agenda común en los temas medioambientales y de un acuerdo para desarrollar todas las fuentes de energía e industrias energéticas a lo largo del continente. Se contempla, incluso, una defensa común para proteger las conexiones-redes en América del Norte para la producción y comercio.
El desdén de la administración de Trump hacia México no ha alterado la prioridad para las élites de ninguno de los dos países, con el fin de continuar el proyecto de integración profunda en materia de energía en América del Norte. Pese a la buena voluntad mostrada por el gobierno mexicano para dialogar con su contraparte estadounidense, las discrepancias lo han rebasado y uno de los temas de conflicto es el relativo al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Esto se debe a que mientras la administración republicana deja ver sus reticencias y busca renegociarlo a su favor, México está por “modernizarlo”. Uno de los temas eje en esta renegociación es el energético.
Si bien hay quienes consideran que la reserva con que quedó sellado el capítulo VI (energía y petroquímica básica) en el TLCAN (1994), prácticamente fue removida con la reforma energética (2013) a partir de los cambios constitucionales a los Artículos 25, 27 y 28, para otros, esta reserva permanece y limita la aplicación de algunas secciones del acuerdo. Las corporaciones por su parte, consideran que existen a nivel internacional mecanismos como el registro a través de empresas subsidiarias en otros países para proteger sus inversiones o el uso de redes de varios tratados de inversiones (Treaty shopping), para este objetivo, estiman que en algunos casos el TLCAN sí proporciona el marco legal para garantizar sus inversiones, como ocurre con el comercio transfronterizo y los capitales invertidos en México.
Es claro que preocupa la renegociación del TLCAN a las trasnacionales que han entrado a las actividades petroleras e incluso de comercialización y distribución de combustibles en México, por el régimen de protección que significa el capítulo XI del TLCAN para las inversiones. En particular, hay dos preocupaciones: 1) las interpretaciones confusas del TLCAN en relación al capítulo XI tienen que ver con que para algunos, la reserva al capítulo VI persiste y limita la aplicación de la protección de las inversiones en algunas secciones del Tratado y; 2) de considerarse que el capítulo XI aplica en todo el TLCAN, los extranjeros consideran que dicho acuerdo no incluye la “cláusula de sobrevivencia”, que es una provisión que se incluye en los tratados de libre comercio para proteger a los inversionistas, incluso después de que el convenio se haya terminado unilateralmente.
La incorporación de la energía al TLCAN podría también ser utilizada por otros grupos de interés para negociar la supervivencia del Tratado, ante un gobierno reticente como el de Trump, a continuarlo. Las presiones para extenderlo podrían definir su sobrevivencia a la luz del peso de estos jugadores internacionales.
No menos importante, es la hostilidad de la administración de Trump hacia México como un factor que hace crecer los riesgos de la seguridad energética mexicana ante la posibilidad de embargos o represalias mediante el uso del comercio de energía. Experiencias internacionales dan cuenta de que los riesgos no ocurren necesariamente por daños a la infraestructura de ductos, sino por desacuerdos económicos, conflictos diplomáticos y de política exterior entre países. Incluso, más que por causa de embargos o bloqueos en estrechos peligrosos (choke points). Es necesario colocar la cuestión energética en el contexto más amplio de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
