Un estudio realizado por Cartocrítica y publicado por el Conahcyt subraya que los mayores impactos del fracking ocurren a nivel local, donde los volúmenes de agua requeridos pueden ser equivalentes a años de consumo humano.
La explotación de hidrocarburos no convencionales conlleva un alto riesgo hídrico y una elevada demanda de agua, especialmente en regiones del norte del país, indicó el estudio “Estimación del consumo requerido de agua para la explotación de recursos petroleros no convencionales mediante fracturación hidráulica en México”, realizado por Cartocrítica.
Según el informe, la explotación de solo el 1% de los recursos prospectivos de hidrocarburos en México requeriría entre 749 y 1,455 pozos, consumiendo de 5,466 a 47,097 millones de litros de agua. Si la recuperación llegara al 10%, se necesitarían hasta 14,549 pozos, con un consumo estimado de entre 54,656 y 470,973 millones de litros.
El estudio resaltó que las regiones del norte, como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, enfrentan un riesgo hídrico crítico debido a la escasez de agua en cuencas y acuíferos. Por ejemplo:
Coahuila, donde toda el agua requerida para fracking en la entidad se clasifica como de riesgo crítico; Nuevo León, en donde el 87% del agua destinada al fracking está en la misma categoría, y Tamaulipas, que a pesar de que tiene zonas de riesgo moderado, enfrenta un alto estrés hídrico en varias regiones.
En contraste, algunas entidades del sur, como Oaxaca y San Luis Potosí, presentan un riesgo bajo, pero esto no exime al fracking de otros impactos negativos, como la contaminación del agua y la emisión de gases de efecto invernadero.
Por otro lado, el trabajo, publicado por el Conacyt, subrayó que los mayores impactos del fracking ocurren a nivel local, donde los volúmenes de agua requeridos pueden ser equivalentes a años de consumo humano en esas comunidades.
Durante la presentación del trabajo, Manuel Llano, representante de Cartocrítica, indicó que se identificó que más del 37% de la demanda de agua en estas actividades corresponde a áreas clasificadas como de riesgo hídrico crítico o alto.
Además, detalló que el estudio también identificó 37 distritos federales con potencial para actividades de fracking, de los cuales el 97% está representado por legisladores de Morena, el Partido Verde y el PT.
Un ejemplo, dijo, es el Distrito 1 de Veracruz, liderado por la diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM), donde se requerirían más de 87,000 millones de litros de agua para perforar casi 3,000 pozos, lo que equivale a casi 9 millones de pipas de agua.
“La decisión está en manos de los 500 diputados, pero estos 37 representantes tienen un deber especial con las comunidades que sufrirían las mayores consecuencias”, afirmó.
Beatriz Adriana Olivera Villa, directora ejecutiva de la organización Engenera, expresó que, aunque se presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia ambiental que busca, entre otros objetivos, prohibir el uso del fracking en México, la cual ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, existe una preocupación debido a una excepción incluida en la redacción: permitir el fracking en casos determinados por el Ejecutivo Federal.
Para Olivera, esta cláusula representa «una ventana abierta a la discrecionalidad», que contradice el objetivo principal de la reforma.
También explicó que, además de la reforma constitucional, existe la necesidad de que la Ley General de Aguas incluya una prohibición explícita del uso de agua para actividades de fracking en todo el territorio nacional.
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