Al parecer se armó, de la nada, una red de extorsión y tráfico de influencias encabezada por ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, el PRI, funcionarios en activo de la Secretaría de Energía y presuntamente de la Suprema Corte de Justicia que promueven abiertamente la obtención de permisos de importación de petrolíferos como gasolina y diésel.
De acuerdo con las quejas de los empresarios que los han buscado, les cobran poco más de 3.5 millones de pesos por conseguir los permisos y usan documentos de la Sener, del Poder Judicial y del SAT para probar sus dichos. La realidad es que al final del día no consiguen nada, no tienen las conexiones necesarias para hacerlo, y embarcan a los empresarios a meterse en problemas.
La bronca, y vale la pena hacer memoria, es que la Secretaría de Energía recortó el 90% de los permisos de importación que ya había otorgado en materia de hidrocarburos. Este recorte provocó la desesperación de los empresarios del gremio y una oportunidad para ciertos grupos que, aprovechando la desesperación, recurrieron a mentiras y con engaños promueven la obtención de dichos permisos por fuera.
Lo que nos dicen es que este grupo en realidad son estafadores y, hasta ahora, los empresarios han identificado a Jorge López, quien dentro del PRI fue presidente del Consejo Nacional de dirigentes políticos y coordinador nacional de registro partidario. También han asociado a esta red delictiva a Álvaro Lentz, que es el coordinador de la carrera de Energía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ex presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar y con su hermano, al parecer conocido como Federico Jorge, un funcionario en activo de la Sener, obtienen documentos confidenciales de la dependencia para engañar a los empresarios sobre la viabilidad de poder obtener los permisos de importación en cuestión.
Por último, en el esquema de venta de permisos que no existen, pero que venden como si fueran reales meten en el fraude al regiomontano Jorge Isaac Santos, quien fuera abogado de la Procuraduría Fiscal de la Federación en los años 80 y de quien, dicen, va de la mano del prominente e influyente ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek.
Los vendedores de los permisos dicen que Santos aprovecha la relación que en su momento tuvo con el ministro y usando información sensible de esa época envuelve a los empresarios alegando que la obtención de los permisos de importación la harán haciendo valer tesis jurisprudencial directa de la SCJN.
¿Quién debe resolver el enredo? Tristemente, por una parte, será chamba del secretario jurídico y de transparencia del PRI y del Órgano Interno de Control de la Sener quienes deberán investigar estos hechos, sobre todo porque habrá que estar atentos de las denuncias que diversos empresarios han presentado ante la autoridad.
Por cierto, de paso, sería bueno que el ministro se deslinde de este grupo de delincuentes, no vaya a ser la de malas.
Buzos.
1.-La decisión fue que no querían más problemas con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y desde la cúpula del gobierno, dicen que, desde Palacio Nacional, llegó la instrucción a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de Energía: paguen todo, entreguen lo que se les debe a los sindicalizados, cubran las necesidades de los trabajadores y dejen de pelear con ellos. Al final del día, el liderazgo de Ricardo Aldana está demostrado con su base y los sindicalistas que merodeaban a Pemex pues quedaron acotados y muy reducidos. Se acabó el pleito ahí.
