La suspensión definitiva otorgada dentro de un juicio de amparo impide, en tanto no exista una resolución de fondo, que el proyecto avance en su construcción.
El desarrollo de la terminal de licuefacción Amigo GNL, proyectada en la costa de Guaymas, Sonora, permanece suspendido por una resolución judicial que, de prolongarse hasta por un año, también impediría el inicio de cualquier etapa de construcción durante ese periodo.
La suspensión definitiva fue otorgada dentro de un juicio de amparo promovido por colectivos ambientalistas, quienes buscan frenar tanto Amigo GNL como el proyecto Saguaro al considerar que ambos podrían generar afectaciones a la fauna, la flora y las comunidades del Golfo de California.
La terminal de licuefacción es desarrollada por LNG Alliance Pte en coordinación con la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Guaymas, dependiente de la Secretaría de Marina.
El proyecto contempla una inversión estimada de 6,800 millones de dólares y, de acuerdo con el cronograma publicado por la empresa, mantiene como objetivo iniciar operaciones durante el segundo trimestre de 2028, cuando prevé realizar el primer embarque de gas natural licuado con destino a Asia.
La situación jurídica del proyecto contrasta con la postura que han expresado los gobiernos federal y estatal. Durante una gira por Sonora en febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el impulso a Amigo GNL y al gasoducto Naco-Guaymas, infraestructura que abastecerá de gas natural a la terminal para exportar el combustible hacia Asia.
En esa visita, la mandataria aseguró que el proyecto ya cuenta con autorización ambiental.
Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó el pasado 9 de junio que la planta dispone de todos los permisos necesarios para su desarrollo.
“Se han hecho estudios importantes sobre el potencial del puerto de Guaymas, con estudios costosos que ha cubierto la Unión Europea”, declaró el mandatario.
Sin embargo, esa versión es rechazada por las organizaciones que promovieron el juicio de amparo.
Ambientalistas sostienen que el proceso permanece detenido
“Ahorita el proyecto Amigo GNL no tiene autorizaciones en materia de impacto ambiental. Están pendientes y deben seguir pendientes hasta que no se resuelva un juicio de amparo que presentamos y del que nos concedieron la suspensión definitiva; de manera que hasta que el juicio no se resuelve no puede emitirse esa autorización de impacto ambiental”, afirmó Nora Cabrera, directora y fundadora de la organización Nuestro Futuro.
La activista explicó que la empresa presentó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), autoridad competente para evaluar el proyecto. Sin embargo, sostuvo que el procedimiento quedó suspendido por la resolución judicial obtenida por los colectivos ambientalistas.
Según Cabrera, el recurso legal argumenta que la información pública de la MIA no cumple con los estándares de acceso a la información ambiental ni garantiza una adecuada participación pública.
Explicó que el expediente disponible contiene diversos apartados testados y hace referencia a más de 15 anexos que nunca fueron puestos a disposición del público, pese a que en ellos deberían incluirse las medidas de mitigación relacionadas con grandes cetáceos, otros impactos ambientales y los riesgos para las poblaciones cercanas.
Permisos energéticos avanzan mientras sigue el litigio
Mientras la autorización ambiental permanece detenida, el proyecto sí ha avanzado en el ámbito regulatorio energético.
El pasado 29 de mayo, la Comisión Nacional de Energía (CNE) otorgó a Amigo LNG un permiso para realizar actividades de almacenamiento de gas natural con una vigencia de 30 años.
“La actividad de almacenamiento permisionada consiste en recibir gas natural licuado propiedad de terceras personas en los puntos de recepción de su sistema, realizar la medición, conservar la calidad y cantidad, conservarlos en depósito, resguardarlos y devolverlos a la persona usuaria o a quien ésta designe, en los puntos de entrega determinados en su sistema”, señala el título del permiso.
Ese mismo día, el regulador también autorizó un permiso para la actividad de licuefacción de gas natural, cuya vigencia será de 15 años.
Para Cabrera, ambos permisos no debieron otorgarse antes de que existiera certeza sobre la viabilidad ambiental del proyecto.
“Debería estar vinculado tener primero los permisos ambientales, que sepan que es viable el proyecto, antes de tenerlos en términos energéticos o económicos”, sostuvo.
El caso de Amigo GNL no es aislado. En los últimos meses, diversos proyectos de inversión en México han enfrentado una creciente oposición de comunidades locales y organizaciones ambientalistas, que han recurrido a recursos legales para frenar o modificar su desarrollo. Uno de los ejemplos más recientes es el muelle que busca construir Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, cuya ejecución también ha encontrado resistencia por los posibles impactos sobre el ecosistema arrecifal y las actividades económicas de la comunidad.
La judicialización de este tipo de proyectos refleja el mayor peso que han adquirido las comunidades y los colectivos ambientales en la definición del futuro de obras de infraestructura, energía y turismo.
Aunque empresas y gobiernos suelen destacar las inversiones, la generación de empleo y el impacto económico de estas iniciativas, los grupos opositores han encontrado en los procesos de consulta y en los recursos legales mecanismos para influir en su viabilidad, al grado de retrasar durante meses o incluso años la ejecución de proyectos multimillonarios mientras los tribunales resuelven los litigios.
En el caso de Amigo GNL, Cabrera sostuvo que las declaraciones del gobierno estatal y de la empresa sobre la existencia de todos los permisos no corresponden con la situación jurídica actual del proyecto.
“Aunque en la narrativa tanto el gobernador Durazo como la empresa han pronunciado que tienen todos los permisos, eso es falso”, afirmó.
La activista estimó que la resolución del juicio de amparo podría extenderse hasta por un año, lapso durante el cual, dijo, no debería avanzar ninguna etapa del desarrollo de la terminal. De mantenerse ese escenario, el calendario de la empresa, que prevé iniciar operaciones durante el segundo trimestre de 2028, dependerá de que el litigio concluya y de que posteriormente pueda obtener la autorización ambiental pendiente.
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