En lo que va del sexenio, Pemex habría quemado unos 2,300 millones de dólares de gas natural, desperdiciando por completo 8.93% de su producción total. El cálculo, obtenido a partir de reportes financieros y de sustentabilidad de Pemex, y en su caso en precios de referencia del mercado, implica un porcentaje 4.5 veces superior que lo que permite la regulación.
Esto implica que entre 1,500 y 2,000 millones de los dólares del total incinerado no sólo son desperdiciados, sino que generan una contaminación inaceptable. Pemex mismo reconoce en sus reportes 20-F que la quema de gas (flaring en inglés) “es considerada una de las fuentes más importantes de emisiones ambientales de las instalaciones de gas y petróleo costa afuera”. Y, aunque le tomó mucho tiempo hacerlo, hasta el presidente López Obrador ha admitido, casi textualmente, que esto es una de las cosas más irracionales que podría pasar: México (en gran parte vía la CFE) está importando gas que Pemex está teniendo que quemar, con la contaminación que eso implica.
Que la presión para cambiar esta dinámica haya venido de Estados Unidos, en lugar de las prioridades iniciales de un gobierno mexicano que predica soberanía energética, es bastante irónico. Cada punto porcentual de flaring de Pemex implica cientos de miles de dólares diarios en ingresos para la industria estadounidense de gas. Aunque vaya en contra de su propia balanza comercial, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a sacrificarlos en favor del medio ambiente.
Pero lo que resulta francamente absurdo es que mucho del flaring de Pemex ya no viene de campos viejos, que se hayan diseñado antes de que el gas fuera valioso o que las emisiones de gases de efecto invernadero se consideraran fatales. Al revés. Una parte significativa del gas quemado se registra en sus campos más nuevos, desarrollados casi por completo en esta Administración.
En un reportaje publicado por Reuters la semana pasada, Stefanie Eschenbacher reveló que Ixachi y Quesqui son responsables de flaring equivalente a un total de 342 millones de dólares. Específicamente en Ixachi, esto significa que –justo en un campo donde cortaron listón con bombo y platillo– el flaring ha sido 16 veces más alto que lo que las normas mexicanas permiten. Además, las consideraciones de su plan de desarrollo de plano se ignoraron. El mismo reportaje afirma que 2,900 millones de dólares de inversión que se habían contemplado para el campo de plano jamás se materializaron. Ixachi se tuvo que conformar con sólo 22.4% de la inversión requerida. A estas alturas, es como si Pemex estuviera contaminando a propósito.
La dimensión más difícil de entender, sin embargo, es la extraordinaria dependencia del extranjero que esta administración ha sembrado en medio de tanta retórica de soberanía. Claro que no hay rondas ni nuevos proyectos en los que puedan invertir los privados directamente en exploración y producción. En eso, misión cumplida. Pero, ¿también era parte del rescate que, por su forma atropellada de operar, Pemex llegara al punto en que tiene que recibir apoyo de la Environmental Protection Agency del gobierno de Estados Unidos para operar sus dos campos insignia, entre otros? Todo esto ya se anunció oficialmente. Y algunos, por cierto, sospechan que el gobierno de Estados Unidos ofrecerá ayuda financiera a Pemex para poder cumplir sus objetivos mínimos de sustentabilidad, además de todo el respaldo técnico.
A pesar de todo, no parece que el Pemex del slogan del rescate de la soberanía haya tocado fondo aún.
@pzarater
