El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), realizó una reunión de trabajo con el diputado federal Iván Contreras Millán para revisar la normatividad vigente en la entidad, con la finalidad de que las inversiones de hidrocarburos se encuentren en entornos urbanos óptimos y operen bajo marcos de estricta legalidad, sustentabilidad y seguridad.
Carlos Maza Lara, titular de la Sedui, señaló que el gobierno mexiquense cuenta con la Comisión de Impacto Estatal (Coime), la cual acompaña a los inversionistas a través de una ruta técnica urbana ágil y rigurosa para garantizar la seguridad jurídica en sus proyectos de alto impacto.
El funcionario destacó que la prioridad del gobierno mexiquense es proteger el patrimonio y la integridad de las familias y comunidades, asegurando que el desarrollo económico de las gaseras y gasolineras no comprometa la seguridad del entorno social.
Maza Lara dijo que el acompañamiento que realiza la Coime facilita la gestión de evaluaciones transversales en materias urbana, vial, hídrica, de protección civil y medio ambiente ante diversas secretarías, requisitos indispensables para la obtención de la Evaluación de Impacto Estatal (EVIE).
Como parte de la modernización de los servicios, se presentó el nuevo Sistema de Gestión de Evaluación de Impacto Estatal EVIE 2.0. Esta herramienta digital refuerza la transparencia y permite el seguimiento en tiempo real de los trámites, lo que disminuye significativamente los plazos de gestión y otorga una mayor certidumbre jurídica a los proyectos de alto impacto que buscan establecerse en la entidad.
Por su parte, el Diputado federal Iván Contreras Millán, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Congreso de la Unión, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado de México por mejorar las condiciones urbanas y señaló que promoverá, a través de un exhorto legislativo, que esta labor se fortalezca con la participación de los gobiernos municipales para que todos los órdenes de gobierno y el Poder Legislativo garanticen la seguridad poblacional.
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