De ser aprobada por el Congreso de la Unión, la contrarreforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría quedarse en “letra muerta”, al terminar entrampada en el Poder Judicial tras una ola de amparos y litigios internacionales bajo la protección del T-MEC, advirtió el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín.
El líder empresarial advirtió que ninguno de los tres socios del tratado comercial de América del Norte tiene permitido cerrar y expropiar sectores donde ya se permite la inversión y competencia, de lo contrario se harán acreedores a aranceles.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que proyectos de inversiones millonarias están en riesgo con el cambio de reglas de operación, que hasta el momento se tiene estimado en 44,000 millones de dólares, sin contar planes proyectados.
En conferencia de prensa y acompañado de los representantes de los 12 organismos que aglutinan al CCE, Salazar sostuvo que la iniciativa de reforma eléctrica entrará en proceso de judicializarse, ya que “no se puede aplicar una ley en retroactivo y los contratos se firmaron en función de una cierta regulación y una cierta normativa, cambiarlos o cancelarlos como propone la iniciativa de cambio constitucional, evidentemente va a acabar siendo una discusión en el Poder Judicial”.
Contrario a lo que cree el presidente López Obrador, el T-MEC en su artículo 14.8 del capítulo de inversión prohíbe la expropiación de inversiones de empresas estadounidenses o canadiense, y de hacerlo, México estaría obligado a compensar con abrir a la inversión privada otros sectores de las mismas dimensiones que el eléctrico.
“Sectores abiertos a la inversión no se pueden cerrar, la única forma es abrir otros o compensar con arancel”, alertó Régulo Salinas, representante de la Comisión de Energéticos del CCE.
En conferencia virtual, los empresarios exhortaron al poder legislativo a tener un enfoque amplio sobre las afectaciones que derivarían con el aval de la reforma, puesto que si se mantiene el 46% de generación privada sin definir las reglas de cómo se va a entregar esa electricidad, los precios y sin un organismo autónomo que regule estas entregas y precios, es ir en contra de los compromisos que se tomaron con las inversiones del pasado.
“Por eso es muy importante que los legisladores tomen en cuenta con una altura de miras, no solamente viendo un compromiso político sino cuales son las consecuencias importantes para la vida de nuestro país”, señaló Salazar.
Al respecto, Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, dijo que el sector productivo sería el primero en recibir los impactos de la reforma, que se traducirán en altos cotos para los consumidores.
“Si se nos obliga a todos los privados a cancelar contratos eléctricos privados y a consumir la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, dado que la industria es la que absorbe 55% de la energía que se consume en el país, nosotros seríamos los que pagaremos sobre precios, perdiendo competitividad, teniendo que repercutir, en alguna medida, en el precio de los productos o servicios, estos incrementos”.
