CDHCM festejó la decisión del Tribunal Federal que protege el medio ambiente y la salud de próximas generaciones
Para evaluar los riesgos del fracking en Veracruz, con base en la protección del derecho humano a un medio ambiente sano, que incluye la protección de la naturaleza frente a daños irreversibles, en días pasados un Tribunal Colegiado ordenó la presentación de un peritaje especializado.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dijo que el Tribunal ordenó el fallo con el propósito de procurar el equilibrio entre el desarrollo humano y la sostenibilidad del planeta.
La orden judicial es parte de un largo litigio iniciado por comunidades totonacas y permitirá evidenciar el impacto del fracking utilizado en al menos el 56.8% de los pozos del municipio de Papantla, Veracruz, de acuerdo con información de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA).
Para la CDHCM resulta ineludible la adopción de medidas que protejan a las generaciones presentes y futuras de los daños a la salud y medio ambiente ocasionados por la actividad extractiva, así como el respeto de la autodeterminación de los pueblos como sujetos de derecho público para la sostenibilidad de sus territorios.
El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en la inyección de millones de litros de agua, químicos y arena a miles de metros bajo el suelo, con la finalidad de fracturar vetas de roca y liberar el gas que pueda aprovecharse.
Esa actividad está motivada por el aumento en la demanda de combustibles ante la disminución de esos recursos no renovables necesarios en la industria, lo que provoca que se busquen a mayor profundidad y se utilicen técnicas como la descrita.
Esa forma de extracción de hidrocarburos está prohibida parcial o totalmente al menos en 13 países del mundo.
A pesar de la reciente publicación de las leyes secundarias en materia energética que incluyeron la publicación de la Ley del Sector Hidrocarburos, su regulación o prohibición en México sigue pendiente pues tan solo establece que las actividades de extracción –que incluye la inyección de agua- deben sujetarse a criterios que fomenten la protección, la restauración y la conservación de los ecosistemas y el cumplimiento de la normativa.
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