Iberdrola comenzó el proceso de arbitraje en marzo del año pasado y la CFE ha respondido al proceso con la exigencia de un pago.
La estatal CFE reclama un pago de 190.2 millones de dólares a la española Iberdrola dentro de un proceso de arbitraje internacional que abrió la compañía privada el año pasado.
El proceso, que data de marzo pasado, tiene como centro de la disputa a Topolobampo III, una central de ciclo combinado adjudicada a Iberdrola en 2017 para proveer de electricidad a la empresa nacional.
La construcción de la central ya ha sido concluida, pero no ha entrado en operaciones porque la compañía española no ha recibido los documentos necesarios para las pruebas de operación comercial, explicaron hace unos meses fuentes a Expansión. En el informe de Iberdrola no se menciona si el pago a la CFE podría implicar la entrada en marcha de la planta de gas natural.
La CFE condicionó la entrada en operación de la central ubicada en Sinaloa al pago de una multa de 16 millones de dólares. Iberdrola, que decidió escalar el proceso judicial, pide que la compañía estatal reconozca que la planta eléctrica no ha entrado en funcionamiento por «causas de fuerza mayor» y que la estatal declare como incorrecta la sanción que decidió interponer.
Pero ahora, la estatal ha contestado a la demanda de arbitraje y ha planteado una reconvención -que podría explicarse como un proceso de contrademanda– y ha pedido a la compañía española un pago de 185.5 millones de dólares por reclamo de daños y 4.7 millones de dólares por no haber alcanzado el porcentaje de integración nacional, de acuerdo con un informe de Iberdrola.
“La CFE se ha opuesto a las pretensiones de Iberdrola y ha planteado en el arbitraje una reconvención”, dice el texto. El documento no da más explicaciones sobre las demandas de la estatal. La integración nacional que reclama la CFE puede entenderse como la exigencia de que un porcentaje de la mano de obra y de los componentes de los activos sean de origen nacional.
En el proceso, Iberdrola también ha pedido que se le devuelvan 2 millones de dólares que pagó como sanciones y un pago de 10 millones por los gastos que ha incurrido y por indemnización de daños.
La estatal e Iberdrola fueron consultadas, pero se negaron a hacer comentarios.
Los arbitrajes se plantean dentro de los contratos firmados por este tipo de compañías, como parte de los procesos de resolución de controversias del T-MEC y hasta ahora es el único que se ha hecho público entre las dos compañías que mantienen una tensa relación desde el inicio del sexenio.
La española, el generador de electricidad privada dominante en el país, se ha convertido en el principal blanco de los ataques presidenciales en contra de la industria eléctrica.
@Diann_Nava
