Greenpeace denunció que la CFE ha incumplido una suspensión judicial para no avanzar con la ejecución de seis centrales de ciclo combinado.
Un juzgado federal ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) abstenerse de hacer contrataciones para sus seis proyectos estratégicos de centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural, hasta que se resuelva el juicio de amparo interpuesto por Greenpeace México contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) publicadas en marzo pasado.
La ONG asegura que la CFE, dirigida por Manuel Bartlett, ha incumplido la suspensión que le fue ordenada y para no caer en desacato deberá abstenerse de concluir tales procedimientos de contratación.
“El juzgado de distrito le ha concedido un plazo de 24 horas, a partir de que sea notificada, para rectificar, subsanar y ajustar su actuar a esta determinación adoptada el pasado viernes 26 de noviembre”, señaló Greenpeace en comunicado.
Explicó que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, concedió a Greenpeace México una suspensión en el amparo 135/2021.
Lo anterior con el objetivo de paralizar todos los efectos y consecuencias derivadas de la LIE, así como del apartado 7.8 del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2020-2034.
Pero tras el otorgamiento de la suspensión, la CFE ha realizado actos de ejecución del apartado 7.8 del Prodesen, relativos a las obras de interconexión y de refuerzo asociadas a centrales eléctricas, esto al haber iniciado los procedimientos de contratación para realizar los proyectos de sus Centrales de Ciclo Combinado: Baja California Sur, San Luis Río Colorado, Tuxpan, Valladolid, Mérida y González Ortega.
“Celebramos la resolución del juzgado al tiempo que lamentamos que la CFE continúe con sus planes que nos atan a la dependencia de los combustibles fósiles, principalmente al gas fósil que, al ser en su mayoría importado de Estados Unidos, pone en riesgo la seguridad y soberanía energética nacional”, denunció Greenpeace.
