La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó una controversia constitucional contra la reforma eléctrica, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Cofece consideró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el 9 de marzo, debido a que viola la libre competencia al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de operadores privados, extranjeros y generadores renovables.
(Las medidas) “eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general”, argumentó la Cofece.
La reforma eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Orador, elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
También ordena revisar, de forma retroactiva, los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
La controversia de la Cofece se suma a la acción de inconstitucionalidad que presentaron los senadores de oposición en la Suprema Corte, el 8 de abril.
Además, los dos juzgados federales especializados en competencia económica suspendieron, de forma indefinida, la reforma el mes pasado, en lo que el Poder Judicial se pronuncia sobre su constitucionalidad.
En particular, el organismo antimonopolios consideró que la reforma es contraria a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad.
«Quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y transmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores», sostuvo la Comisión.
El Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso, calculó que están en riesgo más de 451 mil millones de pesos invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías renovables. Además, añadió, 28 empresas con un conjunto de 8 mil 904 millones de dólares en inversiones están en posición de exigir indemnizaciones.
Ahora, la Suprema Corte tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma, mientras el presidente López Obrador ha acusado a algunos jueces de estar «al servicio» de intereses «particulares y extranjeros».
