Pemex registró 14,890 tomas clandestinas en el 2023, el dato más alto de la actual administración.
Contrario a lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al inicio de su gobierno buscó acabar con el llamado huachicoleo, en los últimos años el número de tomas clandestinas se ha incrementado, llegando incluso a cifras de 2018, año con el máximo histórico.
De acuerdo con las estadísticas que obran en la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Petróleos Mexicanos (Pemex), al cierre de 2023 se registraron 14,890 tomas clandestinas en el país; es decir, al día se detectaron más de 40 casos de huachicol.
Estas cifras representan un incremento de 7.6% de tomas clandestinas, en comparación con 2022, cuando se detectaron 13,832 robos a ductos de Pemex, así como un 36.2% más con relación a 2021, año con 10,929 ordeñas a ductos.
Asimismo, 2023 cerró con sólo cuatro tomas clandestinas menos que lo registrado en 2018; año que rompió récord en casos de huachicoleo, al sumar 14,894 ordeñas a ductos de Pemex.
En tanto, las cifras históricas dan cuenta que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contabiliza el mayor número de tomas clandestinas desde que se tienen registros, pues del 1 de diciembre de 2018 a diciembre de 2023, se ha detectado unas 64,928 tomas clandestinas en todo el país, lo que representa un incremento de 49% en comparación con todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, período en el que se contabilizaron 43,620 casos en total.
Focos rojos
Por otro lado, los datos muestran que al igual que hace seis años, el robo de combustible se centra en cinco estados: Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Puebla. Tan sólo en 2023 en estas entidades se detectó 70% de las tomas clandestinas del país.
Es así que Hidalgo se colocó el año pasado como el estado donde más roban combustible, con 3,676 casos de huachicol, de igual forma es la entidad con más municipios donde se registran tomas clandestinas, con 23 localidades.
Mientras que, en los últimos tres años, es el municipio de Cuautepec de Hinojosa, en Hidalgo, donde más combustible se ordeña. En 2023, en esta localidad fueron detectadas 481 tomas clandestinas; un año antes el registro fue de 1,190 y en 2021 se contabilizaron 938 casos.
En tanto, le sigue Jalisco, con 2,482 tomas clandestinas registradas en 2023 y donde el municipio de Tototlán, con 431 casos, se colocó como la segunda localidad con más huachicoleo.
Por otro lado, el Estado de México también contabilizó 1,475 tomas clandestinas; seguido de Veracruz con 1,454 y Puebla con 1,273 ordeñas.
Estrategia federal
Hace más de seis años, a pocos días de que iniciara su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció Plan contra Robo de Hidrocarburos de Pemex, el cual se trataba de un plan estratégico “necesario, urgente” para tener cero tolerancia al llamado huachicol, que tiempo más tarde fue catalogado como delito grave.
Dicha estrategia constó con la participación de 15 dependencias del Gobierno de México, entre las que destacaban la Secretaría de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Función Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria, y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Y es que parte de la justificación del mandatario federal para poner en marcha este plan fue que tan sólo en 2017 el robo de combustible significó una pérdida para Pemex de 60,000 millones de pesos, año en el que supuestamente se robaron diariamente más de 600 pipas de 15,000 litros cada una.
Cabe destacar que, según datos de Pemex, hasta el tercer trimestre de 2023, el volumen robado de combustible promedio fue de 4,700 barriles diarios, que equivale a 2,100 millones de pesos en pérdidas. Mientras que en 2022 se reportó el robo de un promedio de 5,900, lo que significaron pérdidas por cerca de 5,600 millones de pesos.
A largo plazo, este plan incluyó el resguardo militar de seis refinerías, el cierre de ductos o la disminución del flujo de combustible, que provocó desabasto en gasolineras de todo el país.
En el mismo sentido, el gobierno federal invirtió millones de pesos para adquirir de manera urgente más de 600 pipas y así cambiar la dinámica de transportación de los hidrocarburos.
Además de que fueron despedidos e investigados funcionarios de alto nivel de Pemex, a quienes el gobierno señalaba de ser cómplices del crimen organizado dedicado al robo de combustible. Asimismo, se reforzó la vigilancia de puntos estratégicos.
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