De la manera en que está redactada la reforma constitucional a la energía que se discutirá en el Congreso desde la próxima semana, el 54% de participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía podría aumentar hasta 100% al considerarse un bien estratégico, por lo que expertos pidieron una revisión más detallada de lo que se estaría aprobando, sin dejar fuera la perspectiva de derechos humanos para abordar el acceso a la electricidad en México.
Durante el foro 15 del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica, Miguel Ángel Marmolejo Cervantes, de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, explicó que el Artículo 28 considera a la electricidad como bien estratégico a cargo de la CFE que realizará todas las actividades sin calidad de monopolio, por lo que el 54% quedará como letra muerta si es necesario ampliar su generación que será un bien estratégico que está por encima de los demás.
“Esto quiere decir que no le será aplicable a la CFE la obligación de competencia, en ningún sentido, dejando un órgano con más funciones de las que puede y debe realizar”, aseveró.
Además, detalló que de los 21 transitorios con que se buscó aterrizar la reforma del 2013, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución reducen sin orden la implementación en nueve transitorios, derogando no sólo los anteriores, sino todo el andamiaje de normas y disposiciones existentes, con lo que se aprecia falta de transición ordenada y crea incertidumbre, por lo que se le pide al legislativo que haga un ejercicio de coherencia.
En tanto, Nancy Jiménez Camacho, jefa de Oficina el Jurídico de CFE Intermediación de Contratos Legados, explicó que la electricidad debe tener una perspectiva de derechos humanos como bien jurídico y derecho humano tutelado por el Estado, como se expone en la Carta de Naciones Unidas, en el derecho internacional básico a la vivienda equipada e incluso en el Artículo 1 de la Constitución que otorgan derechos irrestringibles e incancelables para todas las personas en México.
“Por eso conviene tener una empresa pública sólida que ponga los derechos en primer término, con responsabilidad de no transgredir las necesidades del pueblo, conviviendo con privados”, aseguró.
A su vez, Alejandro Faya, comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, dijo que la competencia no es un fin en sí mismo ni el único objetivo sobre la mesa, y que las mejores economías del mundo combinan elementos de mercado con la rectoría del Estado.
“Nada justifica volver a un modelo que ha sido abandonado en todo el mundo por el avance tecnológico, por sistemas más sofisticados de gobernanza y división de poderes, ni las tarifas, ni la participación de la CFE y esta iniciativa es lo que busca”, aseveró.
A favor de la propuesta, Mario Eduardo Díaz Ocheita, coordinador de Estudios Económicos de la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica de la CFE, explicó que el mercado de potencia fue diseñado para señalar dónde hay déficits para la inversión y no refleja los costos reales de la energía que el año pasado cerraron en cero, con lo que prácticamente no hubo retribución de los privados para la CFE, que apoyó como respaldo a la generación intermitente pero con sus costos variables por uso de combustibles no se tomó en cuenta su verdadero precio.
Por su parte, Enoch Castellanos, presiente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) dijo que hoy en día la energía que se genera mediante las subastas de largo plazo y la de los productores independientes de energía (PIE) es a cuenta y cargo de la CFE, y así puede continuar, porque ya de por sí existe preponderancia de la empresa nacional y rectoría del Estado en las leyes, y por tanto, hay otros temas que considera que tienen mayor relevancia en la discusión.
Por ejemplo, hoy en día se habla de que el país cuenta con una reserva de entre 15% y 20% de energía, que resulta bajo y por tanto hay que revisar estos márgenes porque lo que está en juego es que se quede sin energía la planta productiva nacional.
Además, otros temas como el desarrollo de micro redes, generación distribuida, red inteligente, captura de carbono almacenamiento y cogeneración se quedaron fuera de la propuesta, afirmó.
Mario Morales Vielmas, director general de CFE Intermediación de Contratos Legados, reiteró que se han otorgado 4,250 amparos por cámaras empresariales, asociaciones de energía, empresas y la propia Cofece.
“Hoy no hay nada que se pueda hacer si no se cambia la Constitución para garantizar la rectoría del Estado en la electricidad para el futuro”, aseveró.
