La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó a través de un comunicado que, pese a la “aguda” crisis económica derivada de la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) adelantó la edad de jubilación de sus trabajadores dando privilegios frente al resto.
“La CFE ha acordado con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana reducir la edad y los años de servicio para la jubilación a los trabajadores sindicalizados, lo que establece un régimen de privilegio para estos trabajadores respecto a otros, públicos y privados”, detalló el organismo.
La Coparmex denunció esta situación, que califica de “pensión desproporcionada”, cuando se da una “profunda reforma de pensiones” anunciada a finales de julio en el que los patrones deberán aportar más recursos para los trabajadores.
“Con esta medida el Gobierno establecería de facto una distinción perversa que dividiría a los trabajadores mexicanos en trabajadores de primera y de segunda categoría”, advirtió.
Con este nuevo convenio, ahora las mujeres podrán jubilarse con 25 años de servicio sin importar la edad, y para los hombres se establece 25 años y 55 años de edad, o bien 30 años de servicio sin importar la edad, según la Coparmex.
“Con esta pensión de privilegio, el Gobierno intenta congraciarse con los trabajadores eléctricos en una clara acción política con fines electorales, sin importarle garantizar justicia pensionaria a los miles de mexicanos de a pie que se jubilan al llegar a sus 65 años”, opinó el organismo.
La patronal mexicana remarcó que, según sus cifras, un pensionado de la CFE recibe en promedio 803 mil pesos al año, frente a la pensión universal para adultos mayores establecida en unos 15 mil pesos.
“Esta reforma pensionaria en el sindicato de la CFE obliga al Gobierno a adquirir deuda pública, a lo que tanto se ha negado”, subrayó.
La CFE reportó una caída del 4 por ciento anual de sus ingresos en el segundo trimestre del año, el equivalente a 11 mil 598 millones de pesos.
El Gobierno mexicano busca “rescatar” las compañías estatales de energía de México, CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex), esta última severamente endeudada. Para tal fin, ha llevado a cabo una serie de modificaciones regulatorias en los últimos meses, muy criticadas por parte de la iniciativa privada.
