Comisionado pide que se contabilice toda la energía limpia producida en el país para el otorgamiento de los instrumentos.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) podría reabrir el debate sobre el otorgamiento de certificados de energía limpia (CEL) a las plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que discutirá los criterios para el 2021 y una fracción del regulador quiere modificaciones que son posibles a nivel de implementación administrativa o legal, si existe tiempo en este sexenio.
“Es importante que comencemos a contabilizar toda la energía limpia que deriva de nuestro sistema energético, como lo marca el artículo 3, fracción 22, de la Ley de la Industria Eléctrica, y hacer que estos instrumentos de Certificados de Energía Limpia dejen de ser instrumentos para la recuperación de inversiones, además de la venta de potencia y energía, y pasar a ser mecanismos que garanticen el asentamiento de inversiones o de nuevas inversiones en nuestro país”, expuso el comisionado Ángel Jiménez en la última sesión extraordinaria que ha llevado a cabo el regulador, donde se aprobó el criterio para la asignación de los CEL disponibles en la cuenta de la CRE, correspondientes al año de obligación 2021.
Un CEL es un título emitido por la CRE que acredita la producción de energía limpia (que no emite gases de efecto invernadero) con el que se capitaliza a una planta construida a partir del 2015 mediante su venta a generadores y consumidores de fósiles. Para el 2021, la obligación de todos los participantes en el sector eléctrico nacional fue que 10.9% de la energía sea generada mediante fuentes limpias y a partir del 2022, de 13.9%, según la Ley de Transición Energética.
Quienes intercambian CEL tienen dos años para llevar a cabo sus transacciones, porque pueden diferirlas en este lapso en porcentajes establecidos en acuerdos de las autoridades, por lo que apenas se discutirá este tema en la CRE para los últimos dos años.
Los CEL han sido objeto de controversia porque en el último ejercicio de otorgamiento, sus precios que oscilaron los 23 dólares por megawatt en cada título (para un mercado de 4 millones de CEL en 2018) se basaron en los precios de las subastas de largo plazo que condujo el gobierno antes de esta administración y que fueron canceladas. Por ello, se trató primero de cambiar su criterio de otorgamiento para permitir que plantas de energía limpia anteriores a la reforma (que son principalmente de la CFE) pudieran beneficiarse vendiendo títulos en este mercado, modificando la Ley de la Industria Eléctrica, que los define, cambio que fue aprobado en el Congreso, pero suspendido por un juzgado que defendió un amparo.
Luego, se intentó que salieran completamente de la ley, en la reforma a los Artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, que no logró la aprobación de la mayoría calificada de los legisladores.
Por tanto, el mercado de CEL sigue vigente y corresponde a la Secretaría de Energía establecer sus condiciones de viabilidad y a la CRE verificar que se lleve a cabo y regularlo.
Así, aunque la Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica no se pudieron modificar, se pueden publicar acuerdos para frenar la implementación de este mercado y para beneficiar a la CFE. También se puede cambiar la Ley de Transición Energética –con mayoría simple en el Congreso– y reducir las obligaciones de los compradores para presionar a que se bajen los precios y desaparezca el mercado.
En 2021, 37.5% de la energía producida por la CFE fue catalogada como limpia y fue principalmente generada mediante sus plantas hidroeléctricas, la nucleoeléctrica de Laguna Verde y sus geotermoelétricas.
