La obstinada participación del Gobierno mexicano en Petróleos Mexicanos (Pemex) descarrila su recuperación sin que pueda aprovechar los actuales altos precios del petróleo, advierte la calificadora Fitch Ratings en un reporte.
En el análisis “¿Qué se necesita para cambiar la calificación?”, elaborado por Saverio Minervini y Carlos Morales, se sostiene que Pemex no ha logrado aprovechar los elevados precios del petróleo para fortalecerse y evolucionar hacia “una empresa de energía sostenible y confiable”.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, el costo del subsidio a las gasolinas durante 2022 ascenderá a 430,000 millones de pesos (21.500 millones de dólares), presupuesto que evita la entrada de mayores recursos fiscales y merma las ganancias generadas por los altos costos de la mezcla mexicana de exportación.
Los analistas previeron que si el precio cae hasta los 68.7 dólares por barril, como estima el Gobierno mexicano para 2023, esto permitiría “continuar con la eliminación gradual del estímulo fiscal a través de la reducción del impuesto al consumo de gasolina (IEPS), restaurando los ingresos de esta fuente”.
Los expertos de la agencia internacional también afirmaron que la empresa petrolera mexicana debe de mejorar su propio perfil crediticio hasta un “b”, desde “ccc-” para cambiar su nota crediticia.
La calificación general de Pemex es de “BB-”, lo cual está tres escalones por debajo de la calificación soberana de México de “BBB-” con perspectiva “Estable”.
Según los analistas, esta calificación de la empresa productiva mexicana se debe “al débil apoyo del Gobierno, que hasta la fecha ha sido insuficiente e incierto”.
En el reporte se indica que el cambio de nota “solo podría lograrse a través de una combinación de pago masivo de la deuda o una reducción significativa en la toma del Gobierno de la empresa a través de impuestos, regalías y otras medidas, incluido el apoyo constante del Gobierno”.
Además, el estudio menciona que el Gobierno de México ha apoyado financieramente a Pemex con reducciones de su tasa impositiva efectiva, conocida como Derecho de Utilidad Compartida (DUC), así como con inyecciones de capital a la empresa y mayores transferencias para la inversión pública de la petrolera mexicana y sus proyectos relacionados con la generación de energía.
“Sin embargo, el apoyo ha sido insuficiente y no ha mejorado el perfil crediticio de la empresa”, afirman los analistas.
Durante la Administración de López Obrador, el Gobierno mexicano disminuyó su carga impositiva con una reducción del DUC del 65 %, en 2019, al 40 %, en 2022.
De acuerdo con datos oficiales, esto permitió a la empresa estatal mexicana aumentar el gasto en inversión física en 25,9 %, en términos reales entre 2018 y 2022 (con datos de enero a julio de cada año).
Asimismo, restituir entre 2020 y 2022 las reservas probadas de barriles de petróleo por encima del 100 %, y reducir el saldo de la deuda bruta en 445.900 millones de pesos (unos 22.295 millones de dólares), es decir un 18,6 %, entre diciembre de 2018 y julio de 2022.
Por su parte, para 2023, el Gobierno mexicano solicitó 1,6 % más recursos que en 2022 para Pemex en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, presentado el pasado 8 de septiembre ante el Congreso mexicano, con un estimado total de 678.407 millones de pesos (33.920 millones de dólares).
De acuerdo con los analistas de Fitch, esta “continua necesidad de recursos fiscales” para Pemex ha llevado a un ajuste de nivel negativo para la evaluación de la calificación soberana dada en mayo pasado, pues afirman “que es probable que el apoyo afecte negativamente las finanzas públicas”.
Sin embargo, la calificadora descartó un mayor deterioro de la calificación soberana del país latinoamericano en el corto plazo debido a la posición financiera de Pemex.
“Asimismo, los ingresos petroleros se han estabilizado junto con la plataforma de producción de petróleo, la cual, desde 2020, revirtió su tendencia negativa y registró caídas”, concluyen los analistas de Fitch.
