Apoyadas por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, las empresas privadas eléctricas, en su mayoría extranjeras, “han provocado apagones y perturbaciones» al sistema, para causar inestabilidad en la red y afectar así a la Comisión Federal de Electricidad, apoyados en la reforma energética de Enrique Peña Nieto de 2013
Walter Julián Ángel Jiménez, director general de Energías Limpias de la Secretaría de Energía (Sener), dijo lo anterior este domingo durante el foro sobre la Reforma al Sector Eléctrico, realizado en esta ciudad por el Frente Popular de Lucha de Zacatecas.
Agregó que la reforma que promovió y aprobó Peña Nieto “se obtuvo al amparo de la corrupción”, de los tres poderes de la unión, y lamentó que aún ahora “no veo a ningún juez”, a favor de recuperar el control de este sector estratégico.
Empresas y funcionarios judiciales han creado con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), oprobios legales, como el “derecho humano a la competencia económica capitalista”, señaló.
“No veo a la SCJN, a ningún tribunal, a ningún juez de competencia económica, a ningún juez de distrito, haciendo algún tipo de investigación porque esta reforma se obtuvo al amparo de la corrupción del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial”, destacó.
El funcionario de la Sener planteó que por increíble que parezca, actualmente en el país siguen aplicándose las normas de carácter privatizador del sector eléctrico, instauradas hace nueve años, “por mandato del poder judicial”.
“Así que esos apagones, inestabilidades en la red, el aumento desmesurado en los precios del combustible, que tanto le quieren achacar a este gobierno, a la Sener y a la CFE, no es por decisión del actual gobierno, es una responsabilidad del Poder Judicial, para obligar a este gobierno a aplicar una política energética, a lo cual se opuso la gente, y eso representó un cambio”, mencionó.
Salvo en algunas excepciones, como el hecho de controlar los precios para que no suban por encima de la inflación, “sacrificando a la propia CFE, es que se han mantenido y estabilizado los precios, pero el gobierno federal no ha podido implementar ninguna política distinta”, explicó Ángel Jiménez.
Porque ante cualquier intento de regulación del gobierno de López Obrador en el sector eléctrico, las empresas privadas han presentado más de mil 300 amparos en contra de las modificaciones a lineamientos, políticas, programas, entre ellos contra el Programa Sectorial de Energía y la política de Contabilidad para el Suministro Eléctrico de la Red Federal de Transmisión y Distribución, así como los acuerdos que modificaban las tarifas de porteo a las empresas privadas. “Sólo estas disposiciones sufrieron mil 300 amparos, y el conjunto de la política energética, cerca de cuatro mil 250 amparos”.
Ante este escenario, explicó, hoy la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, los dueños de las empresas, sus personeros y representantes de los medios de comunicación, “dicen que no hay que cambiar la constitución, porque podemos trabajar a través de las leyes secundarias”.
“Ellos están mintiendo, porque son los mismos que nos metieron los amparos cuando tratamos de modificar las leyes secundarias, el año pasado por estas fechas estábamos modificando la ley de la industria eléctrica, contra la que ellos de inmediato se ampararon. Por eso como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Constitución tiene que cambiarse, no hay más”, destacó el funcionario.
Para proteger a los capitales privados extranjeros que han invertido en el sector eléctrico de México, se han creado normas absurdas, fuera de toda lógica, añadió el funcionario de la Sener.
“Por ahí la segunda sala de la SCJN, se inventó un derecho humano, le hizo de legislador –ironizó Walter Julián-: le llamaron el Derecho Humano a la Competencia Económica Capitalista, y este derecho humano tiene prelación sobre el derecho humanos a la vida digna, sobre el derecho humano al ambiente sano, a la salud y al trabajo”, agregó.
Y con este precepto legal absurdo, actualmente en México “como la competencia económica es un derecho humano, todo lo que contribuya a luchar contra la libre competencia de las empresas capitalistas, es nulo de todo derecho, y por ello lo echan para atrás”.
Asimismo, Walter Julián retomó lo ocurrido el año pasado, el 28 de diciembre, durante el invierno, cuando se produjo una perturbación eléctrica, en la zona de Tamaulipas, que llevó a una desconexión de los sistemas de generación, “y coincidió con que una empresa española, de nombre Acciona, estaba haciendo manipulaciones en la red eléctrica, ¿y por qué lo estaba haciendo? Porque el juez de competencia económica le dijo que lo podía hacer”.
Frente a eso, señaló el funcionario de la Sener, ¿Por qué el gobierno del presidente López Obrador dijo que no lo podían hacer? “Porque había muchas personas conectadas a los respiradores, ustedes recordarán que estábamos en un foco rojo en la tercera ola de contagios Covid. Lo mejor que pudo hacer el gobierno federal, a través de la Sener, y el Centro Nacional de control de energía: emitimos un acuerdo para evitar que las empresas que estaban haciendo pruebas en las redes, hicieran pruebas. Como la mayor parte de esas empresas eran eólicas y fotovoltaicas, nos acusaron de que estábamos en contra de las energías limpias”.
“Ellos emitiendo códigos incorrectos en la red, podían provocar desconexiones, por eso el gobierno federal intervino. Y a las empresas les importó un reverendo rábano, apoyados por el Poder Judicial de la Federación, y se generó una perturbación y se apagó la tercera parte del país. Luego la ola invernal de febrero del año pasado, provocó que los precios del gas aumentaran, ¿Y saben qué hicieron las empresas privadas? -las cuales tienen una gran participación en la generación-, pues ellos se desconectaron del sistema ¡Porque les salía caro generar! ¿Y quién se quedó ahí? La CFE, asumiendo los costos de generación en una condición de emergencia, y nosotros sin poder obligar a las empresas privadas a generar electricidad. Y de hecho ni siquiera sufrieron algún castigo, por haberse desconectado”.
Coparmex y Concanaco defienden a empresas extranjeras
Miguel Santiago Reyes Hernández de CFE – Energía y CFE – Internacional, señaló que la reforma del 2013 “fue un mecanismo creado para destruir a la CFE y sustituirla por empresas extranjeras”, dijo “y que curioso, que por otro lado los organismos patronales nacionales, como la Concanaco, las defienden”.
Respaldar la reforma constitucional para proteger a la industria eléctrica nacional, señaló, “será prioritario para que el Estado preserve la seguridad y suficiencia energética, contrario a lo que buscan las empresas privadas, cuyo objetivo es generar ganancias”, comentó Reyes Hernández.
