La reciente reforma constitucional promulgada por el gobierno mexicano “revierte en gran medida la liberalización del sector energético de 2013”, afirma un un informe del Departamento de Estado, aunque no precisan si consideran que estos cambios violan el T-MEC.
El trato más favorable otorgado por el gobierno de México a Pemex y a la CFE pone en desventaja a empresas de Estados Unidos, afirmó el Departamento de Estado (DOS) en su informe “Declaración sobre el clima de inversión en México 2025”.
En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto constitucional que redefine a las empresas energéticas estatales CFE y Pemex como “empresas públicas” para otorgarles un trato más favorable en los mercados energéticos mexicanos.
“Esta reforma constitucional se promulgó junto con un paquete de 10 proyectos de ley sobre energía el 18 de marzo de 2025 y reestructura el sector energético mexicano para beneficiar a las empresas estatales, a la vez que restringe la participación del sector privado, incluida la de las empresas estadounidenses”, dijo el Departamento de Estado.
Agregó que estos cambios revierten en gran medida la liberalización del sector energético de 2013, que, según Sheinbaum, promovió una privatización perjudicial y debilitó el sector energético.
Las representaciones diplomáticas y consulares de Estados Unidos en el extranjero trabajan para detectar las barreras a la inversión estadounidense señaladas en las Declaraciones sobre el Clima de Inversión. Según el Departamento de Estado, abordar estas barreras puede generar oportunidades para las empresas estadounidenses e impulsar su crecimiento y expansión en Estados Unidos y en los países socios.
Sin embargo, el informe no precisa si, desde la perspectiva de la Administración del presidente Donald Trump, estos cambios violan el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se revisará en julio de 2026, de conformidad con las reglas del propio acuerdo.
Como resultado de la reforma energética constitucional y la legislación que la implementó posteriormente, Pemex ahora tiene el derecho de preferencia en la exploración y extracción de nuevos bloques de petróleo y gas. El nuevo marco legal permite a Pemex asociarse con empresas privadas en caso de limitaciones técnicas o financieras, como proyectos en aguas profundas o de crudo pesado, pero Pemex debe mantener al menos 40% de la propiedad en cualquier nuevo desarrollo.
La administración de Sheinbaum ha identificado el aumento de la producción de petróleo, gas natural y combustibles refinados de Pemex como una prioridad para el sector de hidrocarburos de México, pero también ha desarrollado planes para expandirse a nuevas áreas de trabajo, incluyendo la producción de energía limpia mediante la instalación de turbinas eólicas y paneles solares en plataformas petroleras y la producción de litio de pozos abandonados.
Entre los cambios más significativos en la reforma energética constitucional de 2024 y las leyes de implementación se encontraba el requisito de que al menos 54% de la electricidad despachada a la red en el transcurso de un año provenga de activos estatales de la CFE, dejando como máximo 46% del mercado para el sector privado.
Seguimiento gubernamental
Hacia adelante, la Secretaría de Energía (Sener) publicará anualmente un plan energético vinculante para garantizar el dominio de la CFE en el mercado eléctrico y asegurar que el sector privado no proporcione más de 46% de la electricidad de México despachada a la red.
En la edición de 2024 del mismo informe, el Departamento de Estado indicó que México restringió drásticamente la emisión de permisos de importación de productos refinados con el fin de reducir la competencia por la gasolina, el diésel y otros productos de la marca Pemex.
Además, en ese documento refirió que el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador buscó limitar la participación del sector privado en la generación de energía, utilizando procedimientos regulatorios para frenar o cancelar proyectos privados.
Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2024 aclaró que las decisiones de despacho de electricidad del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) deben basarse en el mérito y no en favorecer a la CFE, como López Obrador pretendía en su propuesta de marzo de 2021 para modificar la Ley de la Industria Eléctrica de México.
Encuentre la nota en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/eu-ve-desventaja-empresas-trato-favorable-pemex-cfe-20251021-782743.html
