Análisis sobre la trascendencia que tienen los energéticos, la gasolina y el gas (entre otros productos) en la inflación. Así como demás factores que repercuten en ella
Los factores determinantes de la inflación 2015-2018 y la presupuestación 2019
Para 2019, el gobierno federal presupuestó una variación acumulada anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 3.4 por ciento; superior en 0.4 puntos porcentuales a la igualmente presupuestada en lo que lleva de recorrido el siglo XXI (3.0 por ciento); salvo en 2009 cuya programación de inflación fue de 3.8 por ciento y en 2010 de 3.3 por ciento, metas que no se cumplieron; con excepción de 2009 (3.6 por ciento) y 2015 (2.13 por ciento). En los años restantes, la cifra fue ampliamente superada por el mercado, alcanzando su mayor diferencia en 2017, cuando el INPC alcanzó 6.77 por ciento, es decir 2.26 veces más que el valor pronosticado. Esta disparidad se explica por el adelanto, de 2018 a 2017, en la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, así como por la persistente elevación de los precios del gas y de la electricidad para uso industrial y residencial, seis meses antes.
Tal como se muestra la gráfica 1, entre el cierre de mayo de 2016 y diciembre de 2017, el renglón de precios que más creció en el INPC fue el de la electricidad, con 159.3 por ciento. El de gasolina de alto octanaje ocupó el segundo sitio, con 152.9 por ciento; seguido por el de gasolina de bajo octanaje, con 151.7 por ciento y después el gas doméstico, con 148.8 por ciento.
En la misma gráfica se compara al rubro de los energéticos y sus componentes, con la evolución del Salario Mínimo General (SMG) y el INPC. Si se considera exclusivamente el año 2018, se observa que el índice que más creció durante la segunda quincena de 2016, fue el de la gasolina de bajo octanaje, posteriormente el gas doméstico natural y luego la gasolina de alto octanaje. En cambio, al analizar el periodo de mayo 2016 a diciembre de 2018, a nivel de rubros, la energía registró un avance porcentual de punta a punta, tres veces mayor que el del INPC y 6.3 por ciento superior al SMG, a pesar de que, durante dicho periodo, el salario mínimo general tuvo incrementos extraordinarios con el fin de propiciar la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, deteriorado en 70 por ciento entre 1977 y 20131.
Adicionalmente, a partir de abril de 2016 se revirtió la tendencia de reducción en el precio del gas natural —del que México tiene una fuerte dependencia— dado su incremento en el mercado spot Henry Hub de Luisiana, cuyo millón de unidades térmicas británicas (BTU por sus siglas en inglés) pasó, en marzo de 2016, de 1.73 dólares en promedio, a 4.12 dólares en diciembre de 2018. Este encarecimiento se agravó porque el tipo de cambio peso/dólar se depreció 14.6 por ciento3. Asimismo, el costo del barril de crudo Brent del Mar del Norte, aumentó, de 30.70 dólares en enero de 2016, a 59.56 dólares en diciembre de 2018, como se aprecia en la gráfica 2.
Lo anterior impactó en el monto de las gasolinas y el diésel que México importa de Estados Unidos y, a partir de octubre de 2018, se perdió la asociación de precios entre el gas y el crudo. El primero siguió subiendo hasta diciembre del mismo año, mientras que el crudo observó un descenso de -26.5 por ciento. Esto sugiere que el gas debería estar llegando a un punto de inflexión, sobre todo si se tienen en cuenta el periodo invernal y las negociaciones para controlar la oferta, entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con Rusia y Canadá, que son productores independientes.
Ahora, la versión oficial del repunte inflacionario, a partir de junio de 2016, refirió que se debía al incremento desproporcionado de los precios, tanto de energéticos como de productos agropecuarios o básicos (commodities), a los que por su alta volatilidad se les clasifica en el subíndice de inflación no subyacente. Al respecto es fácil comprobar que, efectivamente, mientras el subíndice no subyacente aumentó 31.2 por ciento, entre junio de 2016 y diciembre de 2018, el subyacente lo hizo casi tres veces menos: 11.3 por ciento.
Las cifras además muestran que los energéticos —gas, electricidad, gasolinas, diésel, turbosinas y otros carburantes— reportaron un aumento de 50.1 por ciento, el más alto de todos, en el periodo de la segunda quincena de mayo 2016 a diciembre 2018. Mientras que el índice subyacente de productos agropecuarios avanzó menos de la mitad: 21.1 por ciento, como se muestra en la gráfica 3. Esto sugiere que el fenómeno inflacionario durante dicho periodo se explica en una proporción muy arriba, debido al alza en los precios de los energéticos.
Para tener una idea más clara del peso o importancia que tienen los energéticos y otros productos en la inflación, es necesario conocer su valor en la formación del INPC, a través de los ponderadores por objeto de gasto que, a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), obtiene el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) cada dos años.
Por rubro, las familias destinan: 30.29 por ciento de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco; 22.09 por ciento a vivienda, 13.98 por ciento a transporte, 9.17 por ciento a educación y esparcimiento, más 7.96 por ciento a otros servicios. En cuanto a genéricos, los 15 productos o categorías en las que más gastan los hogares (gráfica 4) son: gasolina, 6.06 por ciento. Loncherías, fondas, torterías y taquerías 4.48 por ciento. Restaurantes y similares 2.82 por ciento y gas doméstico 2.38 por ciento. Si sólo se consideran los conceptos relacionados con energía: gasolinas, gas y electricidad, éstos ascienden a 9.95 por ciento.
Al analizar en el corto plazo (primera quincena de 2018) los componentes con mayor incidencia en el INPC (gráfica 5), nuevamente un genérico del grupo de los energéticos encabeza la lista: la gasolina de bajo octanaje, con una incidencia de casi 0.092. Al sumarse a ésta, la gasolina de alto octanaje, se obtiene una incidencia conjunta de 0.102. Si se tiene en cuenta que, en esa quincena, la inflación fue de 0.34 por ciento, es obvio que un tercio de la inflación provino de las gasolinas solamente.
Por lo anterior, cobran relevancia las aseveraciones dadas entre 2007 y 2015, cuando la inflación promedio anual de largo plazo se estableció en cuatro por ciento, impulsada por el deslizamiento mensual de los precios de las gasolinas y el diésel. Al menos un punto porcentual de dicho aumento, es decir 25 por ciento de la variación del INPC, se sustentó en los incrementos a los energéticos7 y, tanto en 2017 como en 2018, tal relación se incrementó.
Perspectivas para 2019
Evidentemente la inflación tiene memoria y varios de los principales agentes formadores de precios tenderán a seguir aumentando durante 2019, particularmente el salario mínimo general, con el fin de que el nivel establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en diciembre de 2018 (102.68 pesos diarios) suba al doble en el corto plazo, para que dos personas por familia, y no sólo una, tengan cubiertos los mínimos de bienestar que establece el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)8.
- Asimismo, la fijación del SMG al doble del que tenía antes de diciembre (80.36 pesos diarios), en la zona fronteriza, deberá ejercer presión sobre el resto de las remuneraciones. Es decir que el “efecto faro” se observará con mayor claridad a partir de 2019, sobre todo porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ha comprometido con un sindicalismo más independiente, en el que los salarios serán un componente esencial del bienestar de los trabajadores.
- Otros factores que incidirán en la inflación son, en primer lugar, la tasa de interés, que lo único que seguirá haciendo es recuperar sus niveles históricos, después de haberse mantenido nacional e internacionalmente cerca, e incluso por abajo, de la evolución de los precios. En segundo lugar, el tipo de cambio continuará estando presionado y, además de mantener una alta volatilidad, se verá afectado por los ajustes de la política económica del nuevo gobierno, así como por la desaceleración de la economía mundial, iniciada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
- En tercer lugar, a pesar de la reducción de los precios del petróleo crudo en el último bimestre de 2018 (gráfica 2), se espera que los acuerdos entre la OPEP y los productores independientes rindan frutos para que por lo menos, después de febrero de 2019, dicho producto inicie su recuperación. Lo mismo deberá suceder con el precio del gas, que incluso en 2016 y 2017 fue más castigado que el petróleo. En este contexto, la dependencia de México en los carburantes y en el gas natural importados, será particularmente lesiva y cualquier medida que se tome para aumentar su oferta en el corto plazo, deberá reducir presiones sobre el INPC y la balanza de pagos.
- Es un error creer que resulta mejor importar gasolinas y diésel que producirlos internamente. Tan sólo al tipo de cambio durante el cierre de 2018, ambos carburantes eran 53 por ciento más caros en la Costa Golfo de Estados Unidos que en México. Asimismo, en esa región, la más barata de Estados Unidos para ambos productos, en el mercado al menudeo se obtienen 102 dólares por cada barril de gasolina regular (159 litros); mientras que México vende el barril de crudo Maya —el único que por el momento queda en el subsuelo, es pesado y con azufre (22 grados API)— a 53 dólares al menudeo. En forma de gasolina Magna, se obtienen dos mil 941 pesos por barril, equivalentes a 147 dólares.
Cabe resaltar que, a partir de mediados de 2016 las variaciones quincenales de precios consignadas en el INPC empezaron a ser más pronunciadas al alza que a la baja; llegando a su extremo en la primera quincena de enero de 2017, cuando debido a la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, su variación fue de 1.51 por ciento, la más alta desde enero de 2013, como lo muestra la línea delgada de la gráfica 6, que se lee en el eje derecho, y los promedios móviles a seis periodos (si se considere la serie desde el inicio del siglo, la variabilidad es también la más alta).
La referida espiral no cedió durante la segunda mitad de 2017, como pronosticó el gobernador anterior del Banco de México y tampoco lo hizo a lo largo de 2018, año en el que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) consolidó la liberalización de precios de los energéticos. Por el contrario, los valores, a partir de la primera quincena de abril, muestran una clara tendencia al alza.
Conclusiones
El único argumento que existe para prever que en 2019 los precios de los energéticos desacelerarán su avance, es el compromiso de la presidencia de la República de mantenerlos en línea con la inflación, algo que fue reiterado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hasta el cierre de 2018. Empero, la misma Secretaría estableció en un comunicado que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) tendría un ajuste de por lo menos cinco por ciento al inicio de 2019 y que se continuaría instrumentando la liberalización de precios de las gasolinas y el diésel9.
Debe recordarse que el IEPS le reporta al gobierno federal ingresos anuales por más de 200 mil millones de pesos10. Aun así, la variación anual del INPC podría situarse 2.1 puntos porcentuales arriba de la cifra estimada en los Criterios Generales de Política Económica 201910. El margen adicional podrá ser similar a la diferencia promedio obtenida, de restar a los niveles presupuestados en los Criterios Generales, de 2016 hasta 201811.
Dado que la inflación presupuestada para 2019 fue de 3.4 por ciento, se podría esperar una cifra al cierre del año de 5.6 por ciento, similar a la registrada en 2018 e inferior en 1.2 puntos porcentuales a la existente en 2017. Si continúa depreciándose el tipo de cambio —lo que evidentemente encarece las importaciones en pesos— y al mismo tiempo siguen aumentando las tasas de interés externa e interna —lo que hace más oneroso el servicio de la alta deuda, tanto del sector público como del privado y del sistema financiero—, el gobierno y la iniciativa privada tendrían argumentos para incorporar a los niveles reales de los precios de los energéticos y otros productos, tanto la evolución del INPC, como las alzas de esas dos variables.
Existen elementos para esperar que, además de lo anterior, se observe una reversión en la caída de los precios del petróleo como la que se dio durante el último trimestre de 2018 y las primeras semanas de 2019. Esto, debido a la voluntad de entendimiento que existe al interior de los países de la OPEP, al igual que entre ellos con los productores independientes, particularmente Rusia y Canadá. Además de que normalmente el invierno ejerce presión al alza sobre la demanda de todo tipo de energéticos. Ello influiría en las cotizaciones de las gasolinas, el diésel, e incluso el gas; en el mercado de Estados Unidos, productos sobre los que México tiene una dependencia estructural. Por ejemplo, en 2017 representaron dos terceras partes del consumo nacional, con tendencia al alza, pues al cierre del año llegaron a más de 70 por ciento12.
Es un hecho que la reforma fiscal del ejecutivo estadounidense, sustentada en una reducción de 35 a 20 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) corporativo, dejó maniatado al actual gobierno mexicano, cuya respuesta inmediata fue declarar un congelamiento generalizado de los impuestos para todo el país, por lo menos para 2019, y una reducción de la tasa máxima del ISR de 36 por ciento a 20 por ciento y del impuesto al valor agregado (IVA) de 16 a 11 por ciento, ambos exclusivamente en la franja fronteriza con Estados Unidos.
Otro factor adicional es el incremento de 16.2 por ciento al SMG, a partir de enero de 2019. Por una parte, desde las alzas de 2015, se ha incrementado el número de trabajadores que perciben hasta un salario mínimo en cerca de 300 mil, siendo más de siete millones13 y por otro lado, está documentado el “efecto faro”, es decir la capacidad que tiene este nivel salarial para influir de manera importante en los tres siguientes niveles14. Esto es particularmente importante para la administración actual debido a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ha comprometido con un sindicalismo independiente, en el que las negociaciones salariales serían un componente esencial de la restitución del poder adquisitivo de los trabajadores.
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