Para organizaciones ambientalistas y comunidades de la Huasteca Potosina, Totonacapan y de la Sierra Norte de Puebla, aledañas a la cuenca Tampico-Misantla, es necesario que se “prohíba por escrito o decreto” la realización de fracking por los riesgos que implica a la población, ante las presiones de la industria petrolera privada en explotar petróleo y gas.
Recordaron que hace tres meses el Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional recomendó a las autoridades federales que en esta cuenca no se podría explorar los yacimientos por la cercanía de los poblados y su alto impacto ambiental, social y a la salud en una región con una enorme riqueza natural y cultural.
“Han pasado más de tres meses y no se ha publicado el decreto de prohibición que dé mayor certidumbre a las comunidades de que en su territorio no se realizará fracking”, lamentaron.
El Observatorio del Extractivismo en México señaló que en el caso de la cuenca de Sabinas-Burro Picachos, al noreste del país, Petróleos Mexicanos (Pemex) ya comenzó a abrir pozos para explorar la disponibilidad de agua salobre que pudiese utilizarse para realizar fracturación hidráulica.
Indicó que las comunidades indígenas y campesinas han documentado ampliamente las afectaciones a la salud que ha provocado la industria petrolera y la contaminación de los cuerpos de agua y sus parcelas.
Además de externar su desconfianza hacia Pemex, pues “ha demostrado ser sumamente ineficiente y, muchas veces omisa, en la atención y remediación de derrames de hidrocarburos”.
De acuerdo con el Observatorio, la práctica del fracking no le dará al país la soberanía energética que busca. En todo caso, podría reducir marginalmente la dependencia del gas proveniente de Estados Unidos por un periodo corto, pero con impactos prolongados al ambiente.
La producción a través del fracking podría abastecer de gas y petróleo una porción del consumo nacional por un periodo de entre cinco y siete años, pero ello implica el uso excesivo de agua, el desplazamiento de las comunidades, la pérdida de sus medios de vida y la contaminación de vastos territorios, advirtió.
Aseguró que para reducir la dependencia energética se requiere de una estrategia sólida de inversiones para la generación de energía de fuentes renovables, con la participación de las comunidades, y de medidas para hacer mucho más eficiente el consumo energético de las industrias, que emplean más de 80 por ciento de la energía que se produce a partir del gas importado de Estados Unidos.
Alexia Villaseñor y Jared Laureles
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