Queda explícita la facultad de negar y revocar permisos si no se cumplen los compromisos con las comunidades y establecen montos de inversión social desde el principio.
La Secretaría de Energía publicó las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE) para todas las actividades de hidrocarburos y electricidad en el país. Ahora queda explícita la facultad del gobierno para negar permisos si éstos no cumplen con compromisos de justicia social para la población cercana, además de que definen montos y plazos para la aplicación de los recursos desde el comienzo de las obras.
Estos ordenamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, sustituyen a las Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) que resultaron de la reforma del 2015, aunque retoman la figura de consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas y afromexicanos, pero con resultado vinculante que de resultar mayoritariamente negativo obliga al cese del proyecto.
Las evaluaciones eran un trámite más. Ahora las manifestaciones con montos definidos de inversión social son obligatorias para que se dé el permiso de la actividad correspondiente.
Para nuevos proyectos, antes de pedir los permisos las empresas deben presentar su MISSE en la que elaborarán un detallado Plan de Gestión Social que será el sistema, estrategia o programa que incluirá el conjunto de medidas de ampliación de impactos positivos y de medidas de prevención, mitigación, remediación y compensación de impactos negativos derivados del proyecto.
En este plan se deben describir desde el principio los beneficios sociales compartidos que serán otorgados a las localidades del área de influencia y el monto de inversión social anual propuesto. La falta de estas definiciones o su incumplimiento pueden resultar en la negativa o cese del permiso, según las nuevas DACG.
“Recordemos que uno de los problemas que en muchos casos generaron conflictos en los proyectos fueron los sociales. Definir de mejor manera y poner reglas claras a las contraprestaciones es algo que dará certeza a los proyectos”, dijo a El Economista Víctor Ramírez Cabrera, analista del sector.
Para dar celeridad a la elaboración de estas manifestaciones y a las nuevas Disposiciones establecen que existirá una ventanilla única digital para la realización de la manifestación, que debe ser activada a más tardar en tres meses.
La Secretaría deberá responder en 90 días para todos los proyectos, que tendrán diferentes modalidades de permisos, desde los más pequeños como tanques, sistemas de generación de menor escala o estaciones de expendio de combustibles, principalmente, hasta las plantas generadoras de más de 250 megawatts de energía y extracción de hidrocarburos. El uso, transporte y generación con biocombustibles, la geotermia y el almacenamiento de electricidad ya deberán contar con su respectiva MISSE.
“Hay proyectos que tienen años parados por no poder concluir sus procesos sociales. De facto sucede, pero además ¿es recomendable llevar a cabo proyectos donde la comunidad en su conjunto se opone? Y no me refiero a grupos de interés como algunos que se han creado en el Istmo, me refiero a comunidades que se oponen legítimamente. Creo que obligar a tener la licencia social es básico”, dijo Ramírez.
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