La posible práctica en México abre el debate sobre los impactos ambientales y sociales, mientras especialistas advierten que la fractura hidráulica implica un alto consumo de agua, contaminación de acuíferos y emisiones de metano
El Gobierno federal anunció en abril pasado que Petróleos Mexicanos (Pemex) evalúa la posibilidad de reactivar actividades de fractura hidráulica, práctica conocida como fracking. Con ello se busca alcanzar la soberanía energética nacional.
El Ejecutivo federal enfatizó que no es una decisión tomada, además de que un grupo de expertos vigila que su realización cumpla estrictos estándares ambientales y responsabilidad social.
Hasta ahora, se trabaja en dos líneas de acción: por un lado, la optimización de los yacimientos convencionales operados por Pemex y, por otro, la evaluación de tecnologías para la extracción de gas no convencional que eviten los riesgos ambientales asociados al fracking tradicional.
La propuesta surge en medio de un giro en la política energética, además de una caída sostenida del 70 por ciento de las reservas y producción de gas natural, por lo que se ha generado una urgencia en invertir en nuevas técnicas.
De acuerdo con el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), para que estos proyectos sean rentables será indispensable la participación de operadores privados con experiencia en este tipo de extracción, así como procurar condiciones de mercado que garanticen su viabilidad financiera.
Sumado a ello, Estados Unidos duplicó su producción de gas natural debido al auge de yacimientos no convencionales, al pasar de 60 a 119 miles de millones de pies cúbicos entre 2008 y 2026. Posicionándose como el mayor productor y el principal exportador de gas a nuestro país.
Este anuncio ha generado debates sobre la viabilidad de introducir la fractura hidráulica, incluso organizaciones civiles han expresado su preocupación de la apertura de nuevo al fracking, ya que señalan que este tipo de prácticas podría poner en graves riesgos a los estados del noroeste de México que enfrenta un recrudecimiento de las condiciones de sequía e intenta recuperarse de un periodo de estrés hídrico.
El Frente del Noroeste sin Fracking advirtió que destinar millones de litros de agua a la industria fósil en una zona con escasez crónica es «condenar a la población» de esta región.
Advirtieron que existen altos riesgos de contaminación, además que implicaría altos costos y niveles técnicos. Por lo que hicieron un llamado a impulsar industrias que no conviertan a comunidades rurales en zonas de sacrificio, pues se priorizará la demanda industrial de gas sobre el consumo humano.
“Hay fugas, hay derrames, hay errores en el proceso que hacen que esta agua pueda acceder a los mantos acuíferos no contaminados. Entonces, siempre en el fracking existe un riesgo de contaminación”, señala en entrevista Andrea Villarreal Rodríguez, integrante del Frente Noreste Sin fracking y parte del movimiento en defensa del río Santa Catarina en Monterrey, sobre la capacidad de Pemex para integrar esta técnica.
Fracking: contaminación de acuíferos y crisis hídrica elevan riesgos en el norte de México
El IMCO define esta técnica de extracción como inyectar agua, arena y compuestos químicos a alta presión en formaciones rocosas de baja permeabilidad para liberar hidrocarburos atrapados en su interior. A diferencia de los métodos convencionales, en los que el petróleo o gas fluye de manera natural hacia el pozo, este procedimiento requiere generar fracturas artificiales en la roca para facilitar la extracción de recursos que, de otro modo, permanecerán inaccesibles. Su principal riesgo está en la contaminación de acuíferos, además del alto consumo de agua y emisiones de metano.
El Frente Noreste sin Fracking ha señalado que a nivel internacional, esta técnica sigue dependiendo en gran medida del agua dulce, mientras que el tratamiento y reúso del agua residual enfrenta altos costos y límites técnicos, por otro lado enfatizan que en México, cada pozo puede requerir entre 8 y 80 millones de litros de agua y que por lo general, menos de la mitad del agua inyectada regresa a la superficie, y lo hace mezclada con sales, metales y compuestos tóxicos. El resto queda atrapado en el subsuelo, y el agua de retorno debe manejarse como un residuo peligroso, con riesgos de contaminación ambiental y del agua subterránea.
Añaden que esta práctica también deja inofensivos a las comunidades, no sólo por la falta de agua, sino también por problemas de salud.
“Es un riesgo no solo para la comunidad, por el riesgo que representa para la contaminación de los acuíferos, la contaminación del aire porque se está fugando gas, inevitablemente, toda la infraestructura de gas está asociada a fugas, pero también para los trabajadores representa un riesgo muy grave, por ejemplo, en Coahuila que ya ha sufrido los estragos de una industria extractivista como la minería”, añade Andrea Villarreal.
Anteriormente, la Alianza contra el Fracking dio a conocer que los pozos de agua potable que abastecen a las poblaciones cercanas de zonas donde se utiliza esta técnica llegan a contener altos niveles de metano y sustancias cancerígenas y neurotoxinas. Además de que crece la probabilidad de padecer cáncer relacionado a la contaminación atmosférica. Por otra parte, debido a los altos niveles de toxicidad y riesgos esta práctica repercute en la salud y vida de los trabajadores de la industria.
Ante este panorama se espera una propuesta que pueda solucionar la caída de la producción de gas, así como alternativas donde el medio ambiente no se ponga en juego y mucho menos a los habitantes de zonas como el norte del país que ya presentan una problemática sostenida de recursos hídricos.
por Ibeth Cardona
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