Durante muchos años, la técnica de extracción conocida como fracking ha sido severamente cuestionada por sus nocivos impactos ambientales. En estos días, la presidenta Claudia Sheinbaum –quien ha sido una voz crítica a ese método extractivo– anunció la integración de una comisión científica que analizará la posibilidad de emplear el fracking para extraer gas natural en dos regiones del país. Tiene tres razones fundamentales para esta disposición a considerarlo: la primera es el conjunto de avances tecnológicos que hacen posible minimizar los efectos perniciosos de ese modo de obtención de gas natural; la segunda, el hecho de que, de cualquier forma, buena parte de la generación eléctrica en México depende del gas natural que se importa desde Estados Unidos, que allá ese insumo –que es el combustible para las plantas de ciclo combinado de la Comisión Federal de electricidad– es extraído mediante fracking y las afectaciones al planeta no conocen fronteras; la tercera, estrechamente relacionada con la anterior, es la necesidad de avanzar en la consolidación de la soberanía energética.
No faltarán, desde luego, las voces que de manera perversa o desinformada simplifiquen y caricaturicen este paso presidencial como una disyuntiva entre soberanía y destrucción ambiental, pero el proceso que conllevará la decisión final no está en esa balanza, sino en algo mucho más complejo que no sólo incluye consideraciones técnicas y de protección ecológica, sino también una consulta a la sociedad en las regiones en las que podría autorizarse el fracking.
Pero ya que se ha iniciado el examen del método extractivo con tan mala fama, sería conveniente ampliar el horizonte y revisar las posibilidades técnicas y económicas de avanzar por otras vías en la sustitución de la generación eléctrica con base en hidrocarburos y corregir el déficit tendencial de energía, un fenómeno al que se enfrenta prácticamente la totalidad de los países en el corto, mediano o largo plazo.
Sería sensato que la comisión presidencial no se limitara al asunto del fracking y que analizara, por ejemplo, las posibilidades reales y los plazos para convertir una parte sustancial de la irradiación solar que recibe el territorio mexicano en electricidad; o la perspectiva de convertir en biocombustibles la biomasa generada por el campo; o la viabilidad de obtener hidrógeno verde en grandes cantidades de los amplios litorales del país; o la revisión de los yacimientos geotérmicos que hasta ahora no han sido aprovechados por su pequeña dimensión y que podrían generar en forma distribuida la electricidad requerida en asentamientos próximos a ellos.
No estaría de más, incluso, hacer una revisión científica exhaustiva del estado actual de la tecnología nuclear y ver en qué medida podría ser razonable dejar de lado las objeciones que ésta generaba hasta hace unas décadas.
En suma, la comisión establecida por la presidenta podría ir mucho más allá de estudiar la extracción de crudo y gas natural de yacimientos rocosos mediante la inyección de agua, formular una propuesta seria y fundamentada para la transición energética que el país requiere y diseñar una matriz energética sustentable para las próximas décadas, tomando en cuenta las singularidades y potencialidades de sus regiones.
Además de los aspectos institucionales, ambientales y económicos del abasto energético, tendría que pensarse en las modalidades sociales de generación.
La concentración de esa tarea en dos grandes empresas estatales, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, cimentó durante décadas el desarrollo del país y significó movilidad social y bienestar para la población, pero ese modelo resulta ya insostenible en la realidad actual.
El autoconsumo y la producción de energéticos en pequeña escala –particularmente, en el sector social de la economía, como comunidades, cooperativas y ejidos– deben complementar y delimitar el aporte de ambas entidades a las necesidades nacionales. No se trata únicamente de cubrir necesidades de combustibles y electricidad, sino también de impulsar la reactivación económica, la organización social y la asimilación de modalidades tecnológicas entre sectores para los cuales el abasto energético ha sido una pesada carga que se traduce en gasto de combustibles y recibos de luz, y transformar esa desventaja en desarrollo social.
Un ejemplo: si se impulsa la generación de electricidad en pequeñas localidades, se tendrá la base para una infraestructura que permita la adopción masiva de la electromovilidad en todo el territorio, en la medida en que los habitantes de esos sitios podrán comercializar los excedentes de su producción en estaciones de carga para vehículos eléctricos. En suma, si la comisión eleva la mirada y no se limita a formular una respuesta al dilema de fracking sí o fracking no, sentará los fundamentos para una nueva política de Estado –con propuesta de reforma constitucional incluida– en materia de energía.
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